Todo está bien atado y las oficialidades no perderán el control
Rodolfo Saborío Valverde
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Apareció en el diario La Nación, el 6 de setiembre de 1996.
Igual que en el célebre relato, nuestro país ha venido siendo tomado poco a poco, en una forma tan envolvente que, de repente, con dificultad subsisten espacios en la vida nacional en donde las oficialidades hayan dejado algo sin repartirse.
El caso del Banco Anglo no es más que un eslabón en una serie interminable de prebendas y malversaciones, que, a los largo de las últimas décadas, permitieron la consolidación de ciertos personajes políticos, que de la noche a la mañana, aparecieron convertidos en grandes empresarios, desde bananeros a hoteleros, pasando por toda la gama de variantes que el monopolio del crédito y el abuso del poder político permiten.
A vista y paciencia de todos, el supuesto Estado paternalista se convirtió en instrumento de unos pocos. A través de múltiples mecanismos se favorecieron monopolios privados, se controlaron las importaciones en beneficio de grupos específicos, se otorgaron incentivos fiscales cuyo diseño hace dudar que no se conociera de antemano el portillo que se abría a las defraudaciones, en fin, se utilizó el poder público en beneficio de grupos particulares.
La oficialidad bicéfala no tuvo tiempo para planificar y racionalizar la gigantesca inversión que se pudo hacer en salud, educación e infraestructura. Hoy pagamos la improvisación y el resultado es un aparato estatal ineficiente, al borde del colapso, en momentos en donde difícilmente se podrá disponer de los mismos recursos para enfrentar las necesidades actuales y futuras. Estaban nuestros políticos más ocupados pensando en los fondos que se podrían desviar hacia el agujero negro de las empresas públicas, con la distribución de las juntas directivas y el consiguiente control de la adjudicación del crédito y de las contrataciones públicas, con todas las formas de ventaja que otorga el disfrute del poder compartido.
La única diferencia que presenta el caso del Anglo respecto de la práctica continuada de las últimas décadas es el efecto de choque que significa la exposición con nombres y apellidos de los políticos favorecidos por el accso ilegítimo al crédito bancario. Tan ilegítimo como prestar sin garantías resulta tomar el dinero público sin bienes suficientes para responder por lo obtenido. Ho hay mayor muestra de cinismo que afirmar ahora que la falta de garantías es un asunto que le correspondía verificar al Banco.
La alta exposición derivada de este desliz, la salida de control de una conducta asumida como normal, no podía prolongarse y todo parece apuntar a que la decisión de cierre de esa caja de caudales privada, respondió más a un acuerdo para enterrar bajo la lápida del olvido el sinnúmero de malversaciones y tráfico de influencias detectadas, que a una verdadera decisión institucional.
Ya hoy no existe el Banco Anglo, gracias a una ley aprobada en tiempo récord, y para las oficialidades este asunto está concluido, lo que no impide que hagan simulacros de investigaciones para las galerías.
Hoy se alistan los mismos personajes de siempre a gastar cuatro mil millones de colones de los costarricenses para continuar con el espectáculo. Esta suma será el doble si no se materializan las promesas de reducir a la mitad el financiamiento estatal a los partidos políticos, otra forma velada de apropiación de bienes públicos y de perpetuación en el poder de las oficialidades.
Todo está atado y bien atado, como solía decir un autócrata, de modo que las oficialidades no se corren ningún riesgo de perder el control. La actual organización electoral prácticamente veda la aparición y fortalecimiento de una alternativa a las oficialidades y las reformas propuestas no se plantean ni de lejos la modernización de los mecanismos de acceso del ciudadano al poder. Siguen tomando espacio tras espacio y dentro de muy poco no quedará lugar que se escape de su influencia. ¿Esperaremos a que esto ocurra sin hacer nada?