Actas 31 a 40 / Ir a Lista de Actas y Documentos relacionados

Presentación de la Edición Digital 2005

Es indudable el enorme valor interpretativo que ofrecen las actas de la Asamblea Nacional Constituyente que, entre el 15 de enero y el 7 de noviembre de 1949, elaboró la Constitución Política que nos rige en la actualidad. Las hilvanadas intervenciones de los representantes populares denotan un grado de cultura y preparación que 56 años después continúan generando admiración y respeto. Igual de admirable fue el trabajo titánico desplegado por las personas que tuvieron a su cargo la trascripción de las actas de esa prolífica Asamblea Constituyente. En el proceso de revisión de las cerca de un millón de palabras que componen estas actas en su versión digital, se corrigieron algunos errores evidentes de trascripción. Se asume la responsabilidad plena de esas correcciones, ya que se consideró que la inmensa mayoría de ellas eran producto de las dificultades y apuros que enfrentaron quienes preparaban las actas, y antes que repetir los errores de la versión impresa y hacerlos perdurar en la versión digital, se optó por asumir que viniendo de personas con el grado de lucidez que caracterizó a esa Constituyente, se les hacía mejor homenaje efectuando esos ajustes y corrigiendo nombres de autores y palabras que fonéticamente pudieron haber confundido a quienes taquigráficamente levantaban las minutas.

El lector podrá distinguir dentro de los símbolos [ ], algunos comentarios y concordancias que se hacen para facilitar el manejo de esta voluminosa información. En particular, cuando se discute un artículo, se indica el número que finalmente tuvo en la Constitución promulgada. Las notas de pie de página son las que contenía la versión oficial impresa, que en algunos casos llevan las siglas N. de la C., que corresponden a la Comisión que tuvo a su cargo la preparación de tres tomos con un total de 2000 páginas que vieron la luz en 1951, luego de una encomiable labor de edición.

Esperamos que esta información, librada ahora digitalmente al dominio público, contribuya a la mejor comprensión de nuestro texto constitucional. Se agradecerá la indicación de cualquier error que se encuentre en estos documentos y cualquier sugerencia para mejorar su presentación.

Rodolfo Saborío Valverde, abril de 2005

ACTA No. 31

Nº 31.- Trigésima primera acta de la sesión ordinaria celebrada por la Asamblea Nacional Constituyente, a las quince horas y media del día ocho de marzo de mil novecientos cuarenta y nueve, bajo la Presidencia del Doctor Rodríguez. Presentes los señores Diputados Vargas Fernández y Ortiz Martín, Secretarios; Dobles Segreda, Sotela, Guido, Fournier, Arias, Bonilla, Volio Sancho, Volio Jiménez, Ruiz, Acosta Piepper, Acosta Jiménez, Trejos, Vargas Castro, Vargas Vargas, Desanti, Zeledón, Jiménez Núñez, Arroyo, Brenes Mata, Leiva, González Flores, González Herrán, González Luján, Madrigal, Valverde, Montealegre, Monge Ramírez, Herrero, Gómez, Guzmán, Baudrit González, Oreamuno, Esquivel, Solórzano, Montiel, Gamboa, Monge Álvarez, y los suplentes Jiménez Quesada, Lobo García, Chacón Jinesta, Morúa, Carrillo y Castaing.

Artículo 1º.- Se leyó y aprobó el acta de la sesión anterior.

El Representante ZELEDON interpela a la Comisión nombrada por la Asamblea cuando fue aprobada su moción para que se investigaran las posibles conexiones entre el asalto a la casa del Doctor Valverde y la actitud asumida por los 27 Diputados el 1º de marzo, que anularon la elección legítima de don Otilio Ulate.

Recordó el señor Zeledón que se había acordado que esos trágicos sucesos se aclararían. Agregó que si insistía en tales esclarecimientos, no era por un deseo de persecución o de venganza, sino porque se hiciera justicia, por un afán de sanción que ha venido ejercitando durante toda su vida. Terminó diciendo que pensaba presentar la segunda parte de su moción, al proponer que se reconociera la viril actitud de aquellos Diputados, que como los señores Volio Guardia y Fonseca Chamier, aunque pertenecientes al Republicano Nacional, hicieron honor a sus firmas y se negaron a votar la nulidad de las elecciones; asimismo, a los valientes Representantes del Unión Nacional, que el primero de marzo se alzaron contra el crimen que se cometía, como el caso del compañero don Fernando Volio Sancho. Sugirió a la Mesa que interpele a la Comisión que se nombró para que informe sobre su actuación.

El Diputado FOURNIER, miembro de esa Comisión encargada de esclarecer los hechos delictuosos del primero de marzo, se refirió a la interpelación del señor Zeledón, manifestándole que se habían reunido en varias ocasiones con el Procurador General de la República, Licenciado Jiménez Zavaleta, quien les informó que no les había sido posible terminar la investigación, ya que durante el mes de febrero el Poder Judicial estaba en vacaciones.

Artículo 2º.- Se continuó en la discusión general sobre las facultades legislativas de la Junta.

Se dió lectura a la moción del Representante TREJOS QUIROS, que dice así:

“La Junta Fundadora de la Segunda República ha tenido facultades bastantes para legislar provisionalmente como Gobierno de facto, desde el día de su instalación, las cuales conservará mientras ejerza el Poder por el término y en las condiciones que esta Asamblea determine al conocer de la solicitud de la prórroga del período de Gobierno de la misma Junta. Esta declaración no implica juicio alguno en particular sobre los actos llevados a cabo o que se ejecuten en el ejercicio de dichas facultades sin la aprobación de la Asamblea Nacional Constituyente, y por los cuales, en consecuencia, la responsabilidad es sólo de la Junta de Gobierno, ni impide que la futura Asamblea Legislativa o Congreso Constitucional ratifique, enmiende o derogue los respectivos Decretos-Leyes”.

El señor Trejos adicionó a su moción la siguiente exposición: “La larga discusión que sobre este punto ha sostenido la Asamblea, es por razón de que su pronunciamiento sentará doctrina. En tal circunstancia no cabe referencia alguna, en la declaración de la Asamblea, sobre un caso particular como es el de un contrato petrolero celebrado el veintiuno de diciembre próximo pasado. Por eso suprimo en la presente redacción, el párrafo referente a ese contrato que contiene la forma de declaración de la Comisión Dictaminadora. Con la modificación que ahora propongo, precisando cuál es el carácter de la legislación de un Gobierno provisional, me parece que quedan excluidos contratos a largo plazo y leyes que modifiquen intensamente la vida de la Nación.

No se debe dejar la posibilidad de que otro Gobierno de facto en el futuro, invoque el presente pronunciamiento de la Asamblea Constituyente para dictar leyes aventuradas y comprometedoras para el país”.

El Diputado FOURNIER se manifestó en desacuerdo con el agregado sugerido por el señor Trejos, pues cree sumamente peligroso que se diga que los actos legislativos de la Junta son provisionales. Dijo que la frase que deseaba el Diputado Trejos intercalar en la moción aprobada podría considerarse desde dos aspectos: primero, que las leyes del Gobierno de facto son provisionales, razón por la cual pueden ser derogadas, reformadas o suspendidas por una Asamblea Legislativa. En este aspecto, el proyecto de declaratoria de la Comisión Dictaminadora así lo estipula; y segundo, podría dar idea de que la legislación de la Junta, por el hecho de ser ésta un Gobierno provisional, no puede tener más vigencia que por el tiempo que aquélla esté en el Poder. Si éste es el fin que persigue el señor Trejos -agregó-, lo considero sumamente peligroso, ya que puede venir a crear conflictos de extrema gravedad a la República, ya que la Junta ha dictado Decretos-Leyes que afectarán al país por espacio de veinte o treinta años. Concluyó diciendo que no le daría su voto a la moción del señor Trejos, por considerarla peligrosa para la vida de la República.

Los Representantes MONGE RAMIREZ y VALVERDE VEGA se manifestaron en desacuerdo con la moción presentada, por las mismas razones expuestas por el Diputado Fournier.

El Diputado ARIAS BONILLA expresó que no le daría su voto a la moción del señor Trejos, por el peligro que puede significar el hecho de que las leyes dictadas por la Junta queden en el aire y para que luego no se interprete o se piense que él desea que esas leyes no surtan efecto. Además, las leyes promulgadas por la Junta son provisionales, si por esta palabra se entiende que podrán ser revisadas, derogadas o suprimidas por el próximo Congreso Constitucional o Asamblea Legislativa, por lo que le parecería innecesaria la moción del señor Trejos.

El Diputado ESQUIVEL dijo que no votaría la moción en debate, pues el carácter de provisional que se le piensa dar a la legislación promulgada por la Junta, pugna con el espíritu del Pacto Ulate-Figueres, que en una de sus cláusulas dice muy claramente que la Junta gobernará dieciocho meses sin Congreso. Agregó que quienes firmaron ese Pacto no lo hicieron con el deseo de que esa legislación fuera provisional; que a él no se le puede considerar como defensor de la Junta ni de sus actuaciones, ya que en varias ocasiones las había censurado públicamente, pero que la moción le parecía evidentemente peligrosa. Por otra parte, la idea de la moción del señor Trejos está implícitamente reconocida en el proyecto de la Comisión Dictaminadora, en el párrafo que dice que los Decretos-Leyes de la Junta podrán ser revisados, modificados o derogados por el próximo Congreso ordinario.

El señor TREJOS retiró su moción.

La Mesa dió lectura a la siguiente moción del Representante ARROYO:

“LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE DE COSTA RICA

Considerando:

1º.- Que la Junta Fundadora de la Segunda República envió a esta Asamblea una excitativa a fin de que se le reconociera su facultad de legislar tanto en el tiempo de Gobierno transcurrido como en el que le falta por gobernar.

2º.- Que en ejercicio de ese derecho, ha dictado una serie de decretos cuya bondad o inconveniencia no le es dado juzgar a esta Cámara, en virtud del mencionado Pacto Ulate-Figueres de primero de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho.

3º.- Que el Pacto suscrito por los señores don José Figueres Ferrer y don Otilio Ulate Blanco, en su condición de Presidente de la Junta Fundadora de la Segunda República y Jefe del Ejército de Liberación Nacional y de Presidente Electo de los costarricenses, respectivamente, acordó un término de dieciocho meses de Gobierno a la Junta, para que lo hiciera sin Congreso, lo que quiere decir, ejerciendo facultades legislativas.

4º.- Que si bien esta Cámara reconoce la validez de ese Pacto, no está en la obligación de ratificar expresamente esos poderes a la Junta de Gobierno.

Por tanto,

Declara:

1º.- Que la Junta Fundadora de la Segunda República ha ejercido el Poder con el asentimiento de la gran mayoría del pueblo costarricense con facultades de Poderes Ejecutivo y Legislativo desde el ocho de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho.

2º.- Que en ejercicio de ese derecho, ha dictado una serie de decretos cuya bondad o inconveniencia no le es dado juzgar a esta Cámara, en virtud del mencionado Pacto Ulate-Figueres de primero de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho.

3º.- Que no es atribución de esta Asamblea convalidar o invalidar la legislación promulgada ni asumir responsabilidades por ella ni por la que en lo sucesivo se dicte a no ser que tal legislación le sea sometida a esta Asamblea para su ratificación.

4º.- La presente declaratoria no implica en forma alguna negativa de esta Cámara sobre tales facultades, limitándose la Asamblea a reconocer los hechos tal y como han sucedido y deben suceder en el futuro al tenor del pacto mencionado en el aparte segundo de esta resolución.- Ramón Arroyo B”.

El Representante ARROYO manifestó que la Asamblea, al aprobar la moción del señor Desanti, prácticamente la suya quedaba fuera de discusión, pero que si la presentaba a conocimiento de la Asamblea, era con el objeto de ser consecuente con sus ideas expresadas en ocasiones anteriores en el seno mismo de la Cámara. Explicó el señor Arroyo los alcances de su moción, volviendo sobre sus puntos de vista dichos en diversas oportunidades, al discutirse el dictamen de la Comisión Dictaminadora.

Sometida a votación la moción del Diputado Arroyo, fue desechada.

La Mesa procedió a dar lectura a la moción suscrita por los señores miembros del Partido Constitucional, que dice así:

La Asamblea reconoce que la Junta Gubernativa ha actuado y emitido Decretos-Leyes desde el día que asumió el Poder con respaldo en facultades de hecho, pero que desde la instalación de esta Asamblea Constituyente ha cesado en esas mismas facultades. Esta declaratoria no implica juicio alguno, ni responsabilidad para la Asamblea, respecto de los actos llevados a cabo por la Junta. Tampoco inhibe a la futura Asamblea Legislativa o Congreso Constitucional para cumplir su obligación de bastantear, ratificar, enmendar o derogar la porción legislativa de tales actos o Decretos-Leyes, que en ninguna forma ha de entenderse aprobados ahora.

La Asamblea Nacional Constituyente, como delegada de la soberanía costarricense, es una entidad de pleno derecho en ejercicio de preferente y específico cometido de colmar, en el tiempo estrictamente indispensable, el vacío institucional a fin de ordenar e imprimirle vida jurídica a las actividades y organismos del Estado, por lo cual carece con evidencia de facultades adecuadas que le permiten comunicar la misma virtud jurídica a actuaciones que, encima de ser anteriores a la instalación de la Asamblea o no consultadas con ella, son ajenas y esencialmente desviadas de su perentoria y jerárquica misión. Por tanto, debe abstenerse de otros pronunciamientos, sin perjuicio de los que a su tiempo lleguen a ser motivo correcto de disposiciones transitorias.- Fabio Baudrit G.- Juan Rafael Arias.- Arturo Volio J.- Celso Gamboa.- Mario Jiménez Q.- Manuel Fco. Jiménez.

El Representante Baudrit González manifestó:

Señores Representantes:

Exprofeso me he mantenido alejado de los amplios debates de consistencia política promovidos en la Cámara, en la convicción de no ser tarea que nos concierne. Ahora que se trata de facultades, es indispensable que ella tenga, de parte de los que suscribimos la moción que entra a debate, una ligera explicación en el terreno técnico, al cual nos hemos acampado. Creemos que sólo venimos aquí para forjar una Constitución Política, tarea única, específica, concreta, que no da sitio a disposiciones o leyes de otro género.

Dos conceptos fundamentales la sostienen. En cuanto a la primera parte, o sea facultades de la Junta de Gobierno, todos a una convienen en que se trata de un gobierno de facto. Por lo mismo, las disposiciones que de ella emanan tienen autoridad de hecho, pero carecen de contenido jurídico: de eso no puede derivarse discusión por consiguiente. Lo cual significa que de los hechos no emanen consecuencias que pueden revestir juridicidad como ocurre en distintas situaciones aun del Derecho Civil. Basta con que las actuaciones sean inspiradas y encaminadas al bien nacional.

Ahora bien; ese privilegio de dictar disposiciones con carácter de ley, no puede subsistir simultáneamente con la vida de una Asamblea Constituyente. En todos los tonos y hasta con exageración máxima, se ha sostenido aquí mismo que la Asamblea es omnipotente en cuanto a sus atribuciones, en calidad de delegada del único soberano, o sea el pueblo nacional. La lógica nos impone la conclusión de que al mismo tiempo es imposible que subsistan dos potencias, una de contenido jurídico absoluto y otra que, siendo de hecho, logre tener el poder de hacer leyes. Menos ha de lograrlo con eficiencia científica en Derecho Constitucional, si como se está tratando de solucionar el problema a gestión de la Junta de Gobierno, la Asamblea es la que va a otorgarle semejantes facultades. Tampoco es buen camino el de que este Congreso se asocie en calidad de colegislador a las leyes que le envíe la Junta: precisamente por la excesiva fortaleza que reviste el encargo único que tiene la Asamblea; ésta, al dar leyes sueltas les infundiría una vida similar a la de las Constituciones, las cuales si no son eternas, sí son perdurables e intocables por el Poder Legislativo mismo, a no ser con las precauciones de las reformas constitucionales. El remedio, de presentarse la necesidad de tomar disposiciones que exigiera cualquiera situación irregular que se le presentara al Gobierno, ya se vería en su caso; pero lo indicado es que cuanto antes nos dediquemos a elaborar la Ley Suprema como estuvo dispuesto en un principio. También podría remediarse la deficiencia por el camino que adelante indicaré.

De otra manera estaríamos contribuyendo a desquiciar las normas regulares de las instituciones que precisamente debemos aquí fortalecer, y en el furor se daría quizás el caso-no remoto, puesto que lo hemos visto en nuestra historia constitucional-, de que sobrevenga alguna Ley de Nulidades, si no nos mostramos celosos al actuar.

La segunda parte del planteo de nuestra moción, atañe a las facultades de la Asamblea, que son a nuestro parecer inajenables, insustituibles; el poder que se nos ha dado es especialísimo, y por lo mismo no nos es permitido traspasarlo a otros. Mucha confianza merecen los componentes de la Junta, pero lo imposible, imposible es, y nuestra falta sería imperdonable si diéramos sitio, andando el tiempo, a que se nos tache de haber abusado del mandato y dado de ese modo lugar a que fracase o se malogre la obra singularísima que se nos ha confiado por el Soberano. Llegando lo antes posible a la emisión de la Carta Magna, habremos contribuido del modo más eficiente a la tarea de hacer caminar a la República por sus propios pasos y en camino llano y limpio de obstáculos. Por eso está consignado por nosotros que “la Asamblea Nacional Constituyente, como delegada de la soberanía costarricense es una entidad de pleno derecho en ejercicio del preferente y específico cometido de colmar en el tiempo estrictamente indispensable, el vacío institucional, a fin de ordenar e imprimirle vida jurídica a las actividades y organismos del Estado, por lo cual carece con evidencia de facultades adecuadas que le permitan comunicar la misma virtud jurídica a actuaciones ajenas...” Los principios de Derecho no son arbitrarios, no responden a necesidades del momento, ni a planes parciales; obedeciéndolos, ellos mismos conducen a lo mejor para los pueblos: de lo contrario tendríamos que renegar de la sujeción que imprimen, en especial a lo recomendado para restablecer el vigor de las instituciones. Fue una lástima que al mismo tiempo que se discutía el Reglamento de la Cámara, no se abordara el programa [problema] de sus facultades y atribuciones, que entonces serviría ahora de buena norma a estos escollos que retienen nuestro trabajo.

El pensamiento de los firmantes de la moción es que se consigne íntegra en el acta del día, a fin de que cuando llegue la ocasión de discutir la Constitución, si es que va a llegar, nos sirva de guía científica para no salirnos del buen carril, o sea de la doctrina que encarna, y es la mejor en nuestro concepto.

Y para tranquilidad de los que piensan que ha de haber quien dicte las leyes entre tanto no estén sentados aquí mismo los que la Constitución indique, hay que recordar que en uno de los artículos transitorios, tan indispensables como lo es un puente para reunir el campo de los hechos al derrotero jurídico que en la vida de la República no tiene, no puede tener interrupción, cabe atenerse a una de las disposiciones del proyecto sometido (artículo ciento noventa y ocho), donde se prevé la creación de una comisión permanente esencialmente encomendada de darle forma y contenido de derecho a las disposiciones que hayan de emitirse; y “que señale el legislador”. Somos el legislador.

En cuanto a la Asamblea, no tiene que apartarse de una convicción sustancial, o sea que ella no manda sino a través de la Carta Constitucional, cuando la emita, que allí está su energía primordial, que la voluntad que se contenga en ésta, tiene que distribuirse por medio de los Poderes que ella va a crear, y que proceder de otro modo es debilitar e incumplir su cometido. Dar de lo suyo en forma irregular y quizá riesgosa, lo mismo que crear por anticipado Poderes que no han de figurar en la Carta. A prevención, pues, de entrar en materia cuando, como dije, llegue la discusión del Proyecto de Constitución sometido, autorizado por mis compañeros, retiro la moción que está en turno. Es cuanto tengo el honor de deber informar a los señores Representantes.

El Diputado LEIVA QUIROS retiró la moción que había presentado.

La Mesa procedió a la lectura de la siguiente moción suscrita por don JOSE MARIA ZELEDON: “La Junta Fundadora de la Segunda República al asumir todos los poderes del Estado, ha tenido la facultad legislativa, de acuerdo con la copiosa argumentación jurídica en que funda la solicitud de ese reconocimiento, y continuará en posesión de tal facultad bajo su propia y exclusiva responsabilidad durante el tiempo que dure su mandato, siempre que pueda mantener las características esenciales que los autores por ella citados asignan a los Gobiernos de Facto”.

El Diputado ZELEDON expresó que su moción no tendría otro objeto que el de figurar en las actas, en vista de que la Asamblea había aprobado la del señor Desanti, pero que la presentaba como una contribución al tema en debate. Luego pasó a hacer un análisis de su moción, los alcances y propósitos de la misma, volviendo a varios conceptos dichos en ocasiones anteriores.

Puesta a votación la moción del señor Zeledón Brenes, fue desechada.

En consecuencia, la Mesa procedió a la lectura de la siguiente moción del Diputado González Herrán: “Que por lo expuesto, la Junta Fundadora de la Segunda República ha ejercido el poder en conformidad con los principios de los Gobiernos de facto, el cual continuará ejerciendo por el término y en las condiciones que esta Asamblea determine al conocer de la solicitud de la prórroga del período de Gobierno de la misma Junta. Esta declaratoria no implica juicio ni aprobación de los actos llevados a cabo o que ejecuten en ejercicio de ese Poder, sin la aprobación de la Asamblea Nacional Constituyente y por los cuales, en consecuencia, ninguna responsabilidad le cabe, ni estorba a la futura Asamblea Legislativa o Congreso Constitucional ratificar, enmendar o derogar los Decretos-Leyes y tampoco significa aprobación tácita ni expresa, de contratación o concesión administrativa cuya efectividad o vigencia dependan de esta declaratoria”.

El autor de la moción expresa que no había estado de acuerdo con la moción del señor Desanti, porque deja invariable la forma de decreto que se discute, en su primera parte, que es la que él pretende que deba corregirse, razón por la cual había presentado la moción anterior, que recoge el espíritu de las diferentes mociones presentadas a la Asamblea por sus compañeros.

Luego pasó a explicar el alcance de su moción.

Sometida a votación la moción del señor González Herrán, fue desechada.

El Representante MONTEALEGRE presentó una moción para que después de la frase “será sometida a la aprobación de esta Asamblea”, de la fórmula aprobada en la sesión anterior, se diga “con obligación de parte de la Junta de acatar sus disposiciones”. Puesta a votación, fue desechada.

En consecuencia, habiéndose agotado la discusión de todas las mociones presentadas, la Mesa procedió a señalar el día de mañana, nueve de marzo, para la votación definitiva de las facultades legislativas de la Junta de Gobierno.

A las seis de la tarde terminó la sesión.- Marcial Rodríguez C., Presidente.- Fernando Vargas F., Primer Secretario.- Gonzalo Ortiz M., Segundo Secretario.

ACTA No. 32

Nº 32.- Trigésima segunda acta de la sesión ordinaria celebrada por la Asamblea Nacional Constituyente a las quince y media horas del nueve de marzo de mil novecientos cuarenta y nueve, bajo la Presidencia del Dr. Rodríguez. Presentes los señores Diputados Vargas Fernández y Ortiz, Secretarios; González Flores, González Luján, González Herrán, Guido, Sotela, Herrero, Acosta Piepper, Acosta Jiménez, Solórzano, Oreamuno, Brenes Mata, Brenes Gutiérrez, Arias, Gómez, Volio Sancho, Volio Jiménez, Ruiz, Desanti, Guzmán, Baudrit González, Facio, Trejos, Zeledón, Jiménez Núñez, Arroyo, Vargas Castro, Vargas Vargas, Montealegre, Valverde, Esquivel, Fournier, Leiva, Madrigal, Monge Álvarez, Monge Ramírez, Montiel, Gamboa; y los suplentes Castaing, Jiménez Quesada, Morúa, rojas Espinosa y Chacón Jinesta.

Artículo 1º.- Se leyó y aprobó el acta de la sesión anterior.

El Representante GAMBOA RODRIGUEZ presentó la siguiente moción:

“Consolidado el triunfo obtenido en el campo de las armas, el bien de la República exige ya, como una medida impostergable, iniciar y coronar con éxito la batalla por la paz. Esta Asamblea, cuya misión fundamental es la de propiciar el retorno del imperio del Derecho, debe hacer cuanto esté dentro de sus posibilidades en el sentido de lograr que sean derogados Tribunales que, como los llamados Especiales, amén de entrañar la más rotunda negativa del Derecho, son órganos que a la postre han venido a constituir campo propicio para dar rienda suelta a la venganza y ahondar así más la división entre vencidos y vencedores. Demuéstrese a la faz del mundo que en Costa Rica, no obstante la sangrienta guerra civil que acaba de pasar, a quienes resultaron derrotados no se les trata como a vencidos sino como a ciudadanos que son de la República. Así probaremos el espíritu democrático y la fortaleza moral que tanto nos han distinguido en el concierto internacional.

En su Mensaje a esta Asamblea, el señor Presidente de la Junta de Gobierno expresó textualmente: “Esperamos que renazcan pronto la paz completa y la cordura, y que el Poder Público de Costa Rica vuelva a ser uno de los más respetuosos y respetados de la tierra”.

Hagamos nuestro entonces tan noble propósito y aportemos la colaboración necesaria en el sentido de que llegue a convertirse en realidad. La Asamblea debe hacer ver a la Junta de Gobierno la conveniencia de que para lograr el retorno a la paz y de la tranquilidad nacionales, los llamados Tribunales Especiales constituyen un escollo insuperable. Ese gesto, que el país espera y que sabrá agradecerlo en lo mucho que vale y significa, será a no dudarlo el inicio de una ofensiva de paz que al culminar con la unión de vencidos y vencedores, desterrará para siempre de nuestro suelo patrio el odio y la venganza, que tantas tristezas y tantos daños han causado y están causando.

Como quiera que lo que se persigue no es la impunidad del delincuente, bien podría adoptarse un plan, que amén de ser justo pondría en evidencia la buena voluntad de los gobernantes. Ese plan, que según entiendo en principio contaría con la simpatía del señor Figueres y de algunos de sus colaboradores, es el siguiente:

a) Una vez derogados los Tribunales Especiales, dentro del plazo de sesenta días, la Procuraduría General de la República podrá plantear demanda civil o penal contra aquellas personas que estén sujetas a la jurisdicción de dichos Tribunales.

b) Vencido el plazo señalado, se reputarán inocentes, a quienes no hubiesen sido acusados criminalmente o demandados ante la jurisdicción civil.

c) Todas aquellas personas físicas o morales a quienes se les hubiese condenado, gozarán de un plazo de treinta días para recurrir ante el Tribunal de Casación, quien fallará en conciencia.

Apoyado en las razones expuestas formulo moción para que se altere la orden del día y se entre a conocer de la excitativa que promuevo a fin de que esta Asamblea se dirija a la Junta de Gobierno, en el sentido de que conviene a la paz y tranquilidad de la República, la derogatoria de los Tribunales Especiales”.

El Diputado ORTIZ manifestó que no le daría su voto a la moción presentada por una razón de orden puramente práctica, ya que se critica a la Asamblea el hecho de que se haya abocado a discusiones políticas, dejando a un lado su objetivo principal, que es el de promulgar la nueva Constitución Política. Agregó que desde el día en que se instaló la Asamblea-quince de enero-, hasta la fecha, no ha entrado a conocer siquiera de los dos dictámenes. Sostengo que la Asamblea es soberana, pero tiene primordialmente un objetivo: hacer la Constitución.

Dijo que no quería entrar a analizar la conveniencia o inconveniencia de los Tribunales Especiales, pero que por las razones apuntadas le negaba el voto a la moción del señor Gamboa, que cada día un señor Representante traería un asunto trascendente y se caería en legislar, a pesar de que tanto se ha dicho que esa no es facultad de la Constituyente.

El Diputado VOLIO SANCHO expresó, que en su concepto, la moción presentada, no era moción de orden, ya que no reúne ninguno de los requisitos para que pueda considerársela como tal. Asimismo, esta Asamblea carece de atribuciones para conocer la excitativa que en el fondo propone la moción, pues ni el Decreto de Convocatoria ni el Reglamento Interno, estipulan que la Asamblea dirigirá esta clase de excitativas. Agregó que una moción como la presentada iba a posponer la discusión de aquellos asuntos pendientes, como el de las facultades legislativas de la Junta y el de la prórroga, los que la misma Asamblea aprobó que se votarán a la mayor brevedad, según moción suya ya aprobada. El país está esperando que la Asamblea se dedique de lleno a la discusión del asunto constitucional, el que de un modo primordial debe ocupar la atención de los señores Diputados. Concluyó diciendo que la Mesa tenía el derecho suficiente para negar la discusión de una moción como la del señor Gamboa, ya que no es la oportunidad de conocer esa iniciativa, la cual podría discutirse, a lo sumo, después que la Asamblea hubiera votado definitivamente las facultades legislativas de la Junta y la prórroga de su mandato.

El Representante VARGAS FERNANDEZ dijo que le iba a dar su voto a la moción del señor Gamboa, en el caso de que prosperara la alteración de la orden del día. Refiriéndose a las palabras del Diputado Volio Sancho, expresó que la Asamblea sí tenía atribuciones para dirigir excitativas como la propuesta en la moción presentada. Luego se refirió al establecimiento de los Tribunales Especiales, que los considera un gran error del actual Gobierno. El hecho de que los condene enérgicamente-dijo el señor Vargas Fernández-, no significa que estoy defendiendo a los criminales ni a los que saquearon el Tesoro Público, pero creo que estos delincuentes tienen que ir a los tribunales comunes. Contra el establecimiento de los Tribunales Especiales ha reaccionado la humanidad. Desgraciadamente se han revivido en Costa Rica, lo que representa un retroceso a la Edad Media. Me sorprende esta actitud de la Junta, pues la Constitución del setenta y uno y el mismo Proyecto de Constitución Política prohíben expresamente el establecimiento de Tribunales Especiales. Terminó diciendo que no estaba abogando por la impunidad de delincuentes, los que tienen que rendir cuentas ante los Tribunales ordinarios.

El Representantes SOTELA y HERRERO dijeron que le darían su voto a la moción del señor Gamboa, pues estaban contra el establecimiento de Tribunales Especiales.

El Diputado ACOSTA JIMENEZ manifestó que votaría la moción para que se alterara la orden del día y la excitativa a la Junta, ya que sentía aversión por esa clase de Tribunales, por dos razones: 1) Por una razón de carácter jurídico; 2) Por una razón que se podría llamar burocrática. Agregó que los Tribunales Especiales son contrarios a los principios democráticos, contrarios a las normas de Derecho. Además, significan un fuerte desembolso para el Erario Público. Terminó diciendo que le daría el voto a las dos mociones, pero quedando bien claro que la facultad legislativa está en manos de la Junta y que su aversión por los Tribunales Especiales no significaba juicio alguno contra las personas que los integran, cuya honorabilidad reconocía.

El Representante VOLIO SANCHO, refiriéndose al discurso del señor Vargas Fernández, dijo que no se estaba discutiendo si era buena o era mala la institución de los Tribunales Especiales, sino, si cabe o no la alteración de la orden del día. Manifestó que cuando llegara la oportunidad debida, expondría su pensamiento al respecto, aun cuando estaba porque esos Tribunales concluyeran la tarea moralizadora a ellos encomendada. El pueblo de Costa Rica está reclamando sanción contra todos aquellos que llevaron al país al caos y a la ruina. La Junta, como Poder Revolucionario, estaba capacitada para crear esos Tribunales, no con un afán de venganza y persecución, sino para hacer justicia. De haber dejado esta tarea moralizadora que demandaba el país, en manos de los Tribunales ordinarios, no se habría dictado ninguna sentencia contra los malhechores, ya que éstos se dieron maña para ocultar las pruebas de sus crímenes y robos al Tesoro Público. Agregó que a los Diputados del bloque de la antigua Oposición les estaba vedado apoyar una iniciativa de esa naturaleza, ya que mediante la moción del Diputado Gamboa se pretende revisar una parte de la obra legislativa de la Junta. El Pacto Ulate-Figueres los veda para hacer tal examen, ya que en una de sus cláusulas se dice que la Junta legislará irrestrictamente por espacio de dieciocho meses. De acuerdo con esa disposición, dictó la ley que creó los Tribunales Especiales. Por otra parte -dijo-, la Asamblea ayer se definió de un modo claro, categórico, de que la aprobación de las facultades de la Junta no significaba juicio alguno sobre los actos de la misma, y que la Asamblea entraría a analizar solamente los futuros proyectos de ley, dejando intacta la obra legislativa realizada hasta la fecha por la Junta.

El Diputado VARGAS FERNANDEZ insistió en su punto de vista para que luego no se mal interpreten sus palabras. Repitió que no abogaba por la impunidad de aquellos delincuentes que maniobraron en el régimen pasado, ni condenaba el establecimiento de los Tribunales Especiales. Agregó que tenía fe en la entereza de los Tribunales comunes, a los que debe pedírseles sanción contra aquéllos que cometieron hechos delictuosos. Sus palabras de ninguna manera pueden interpretarse como dirigidas contra personas que integran los Tribunales Especiales, ni si éstos han sido duros o benévolos en sus pronunciamientos; si han sido lentos o rápidos; simplemente son una condenatoria de la institución de los Tribunales Especiales. Luego dijo que no comprendía las razones por las cuales una excitativa a la Junta estaba en pugna con el Pacto Ulate Figueres, ya que la moción del señor Gamboa no pretende exigirle a la Junta que proscriba o elimine esos Tribunales. Se trata nada más que de una excitativa, decirle a la Junta que los Representantes del pueblo de Costa Rica no están de acuerdo con los Tribunales Especiales.

Terminó diciendo que él jamás irrespetaría el Pacto Ulate-Figueres, ya que donde está la firma de don Otilio Ulate es como si estuviera la suya propia; que si don Fernando Volio le demostraba que la aprobación de una simple excitativa estaba en pugna con el mencionado Pacto, se retractaría de sus palabras

El Representante ACOSTA JIMENEZ de nuevo hizo uso de la palabra para condenar la institución de Tribunales Especiales, que suponen la violación del Derecho y la distorsión de un canon Constitucional, supuesto en las garantías individuales.

Dijo que una excitativa como la que propone la moción del señor Gamboa no significaba una revisión de la obra legislativa de la Junta, ni el Parto Ulate-Figueres inhibe a los miembros del Partido Unión Nacional para apoyar tal excitativa. Agregó que siempre había estado por el cumplimiento irrestricto del Pacto, pero que en cierta forma la misma Comisión Dictaminadora entró al análisis de la obra legislativa de la Junta, enjuició la política del Gobierno, cuando dijo que la aprobación de las facultades legislativas de la Junta no significaba aprobación de los actos de ésta. Sin embargo, no se le puede decir a la Comisión Dictaminadora que violara el Pacto Ulate-Figueres.

El Diputado ARROYO expresó que no le daría el voto a la alteración de la orden del día, y caso que ésta pasara, también le negaría el voto a la moción de don Celso Gamboa, ya que, en su opinión, después del triunfo de las fuerzas revolucionarias, se hizo necesaria la creación de Tribunales Especiales. Manifestó que la gran mayoría de los criminales del régimen anterior habían destruido las pruebas de sus crímenes, razón por la cual al ir a los Tribunales ordinarios posiblemente saldrían absueltos.

El Representante ZELEDON hizo una amplia exposición de los motivos para los cuales le negaría el voto a la moción del señor Gamboa, ya que en el transcurso de toda su vida, siempre había clamado justicia. Fiel a esa línea de conducta, recién iniciadas las labores de la Asamblea, presentó una moción para que se investigaran las posibles conexiones entre los veintisiete diputados que anularon la elección de don Otilio Ulate el primero de marzo, y el asesinato del Dr. Valverde, con el objeto de que se hiciera justicia. Volvió a leer algunos conceptos del manifiesto que publicara en la prensa del país al ser postulado como candidato del Unión Nacional. En ese manifiesto se pronunció por el castigo de los culpables, de todos aquéllos que habían cometido crímenes contra las instituciones democráticas de la República. De ahí que esté por el establecimiento de los Tribunales Especiales, los cuales han actuado satisfactoria y justicieramente. Agregó que la Junta, al asumir el Poder, obró en la única forma en que era posible proceder en aquella época, para hacer justicia. Sólo mediante la creación de Tribunales Especiales era posible en Costa Rica hacer justicia, crear la reversión de la prueba, ya que los culpables mañosamente habían ocultado todas las pruebas de sus crímenes. Por el procedimiento de los Tribunales comunes, el país no hubiera recuperado un solo centavo de los millones estafados al Fisco por los funcionarios del régimen anterior. Pasó luego a referirse a los juicios fallados por el Tribunal de Probidad desde su instalación. De cuarenta y una personas enjuiciadas, treinta y seis fueron absueltas. No ha habido, pues, persecución ni odios contra nadie. Por el contrario, el público se queja de la lenidad con que proceden estos Tribunales. De setenta y ocho causas falladas por el Tribunal de Sanciones Inmediatas, sólo ha habido treinta y tres sentencias condenatorias, y cincuenta y cuatro han sido desechadas, las cuales han sido pasadas a los Tribunales ordinarios. De cuatrocientas cuarenta y cuatro personas enjuiciadas, sólo hay treinta indiciados presos en las cárceles de la República, la mayoría por delitos comunes. De todo esto se desprende-concluyó el señor Zeledón-, que los Tribunales Especiales no sólo han sido necesarios, sino que han actuado a conciencia, cumpliendo su misión, libres de prejuicios, sin odios ni venganzas para nadie.

El Diputado RUIZ dijo que la orden del día estipulaba claramente que hoy se votaría definitivamente el asunto de las facultades legislativas de la Junta; que durante toda la discusión habida en torno a este asunto, la mayoría de los señores Diputados expresaron que la Junta era la única responsable de sus Decretos-Leyes, motivo por el cual creía que no era del caso pedirle a la Junta la supresión de los Tribunales Especiales, ya que por ese camino la Asamblea podría luego pedir la derogatoria de los diferentes Decretos-Leyes promulgados por la Junta. Terminó diciendo que le iba a negar su voto a la moción presentada.

También el Representante LEIVA QUIROS se manifestó en desacuerdo con la moción presentada, pues de aprobarse, sentaría un precedente fatal. Además, significaría entrar a calificar una disposición legislativa de la Junta.

El Representante MONGE RAMIREZ justificó su voto a la moción presentada, en el sentido de que se dirigiera una excitativa a la Junta para que haga trabajar a los Tribunales Especiales, para que cumplan pronto su cometido.

El Representante JIMENEZ QUESADA defendió la moción del señor Gamboa, diciendo, que siempre había sido un místico de los derechos del hombre, y que los Tribunales Especiales atentaban precisamente contra dos principios reconocidos universalmente, al propiciar la reversión de la prueba y al concederles una jurisdicción excepcional. Agregó que hacía suyas las palabras de don Otón Acosta, pues de ninguna manera se pueden declarar inexistentes los derechos del hombre, por la simple razón de que se haya derogado una Constitución. Aquí el orador recordó la frase de Hamilton el cual dijo cuando se le pidió la incorporación de los derechos del hombre en la Carta Magna de los Estados Unidos, que no debieran escribirse para que luego nadie se atreviera a borrarlos. Se refirió a la época de las cámaras ardientes de Luis XIV, a los hechos de sus Ministros Bouquet y Colbert, diciendo que la humanidad en trescientos años había progresado mucho en ese sentido de los Derechos del Hombre. Invocó el espíritu de Voltaire quien al referirse a los Tribunales Especiales, había dicho que siempre dejaban una sospecha de injusticia, por lo cual deberían proscribirse para siempre.

Terminó diciendo que una excitativa como la propuesta en la moción del señor Gamboa no implicaba violación de ningún pacto, pues los Derechos del Hombre están por encima de cualquier convenio. Que todo vuelva a los Tribunales Ordinarios por los procedimientos regulares, con lo que contribuirá a que no quede flotando en el ambiente una sospecha de injusticia.

DISCURSO completo del Representante Jiménez Quesada:

Señores Diputados:

Tal vez porque soy un místico de los derechos del hombre, no puedo participar de la idea de que estamos perdiendo el tiempo con este debate. Es un gran problema el que discutimos y es inaceptable la crítica de que ocuparnos de él es malgastar la atención de la Asamblea. Este problema de los Tribunales de Probidad, es de una gran tipicidad constitucional, y sería imposible que aunque por una sola vez, no nos ocupásemos de él: yo no soy tampoco de los que piensan que porque el texto escrito de una Constitución se haya derogado, ya por eso hayan dejado de existir enteramente los derechos del hombre y todos los ciudadanos estemos desamparados y los gobernantes en plena libertad para actuar como les venga en gana. No, señores Constituyentes; hoy es imposible desconocer que por encima de un simple texto escrito, priva en todos los pueblos civilizados, eso que se define como una conciencia supra-constitucional, que en el caso concreto de nosotros los costarricenses, se ha forjado a través de 128 años de vida institucional.

No ha sido sino hasta hoy que oyendo ciertas argumentaciones es que he comprendido en su plenitud la preocupación de Hamilton, cuando se oponía a que los derechos del hombre fuesen escritos, como medio de que nunca pudiesen ser borrados.

Yo no soy un Catón reconstruido, pero tanto como el que más, deseo que de Costa Rica desaparezca el defraudador público y el concusionario. En este punto seguramente todos coincidimos con los buenos propósitos de la Junta de Gobierno, pero también todos tenemos que velar porque los medios empleados sean idóneos con los fines, para que la realización no desnaturalice el ideal.

En este caso concreto de los Tribunales de Probidad, hay que admitir que no se ha sido muy feliz en la elección de los medios, y que se han comprometido mucho, tanto el aspecto jurídico como también el aspecto práctico de la cuestión. En lo jurídico se han violado dos de las conquistas más sagradas y definitivas de los procedimientos de la justicia moderna: uno, creando jurisdicciones excepcionales; otro, estableciendo la reversión de la prueba. Si yo me callase frente a estas dos gravísimas equivocaciones, si todos nosotros no apoyásemos la noble y tan discreta excitativa de que es autor el señor Gamboa Rodríguez, muchos sentiríamos cundir en nuestro ánimo la congoja de que como en una pesadilla no hubiesen transcurrido los trescientos años de progreso humano que separan esta Asamblea Constituyente de las Cámaras Ardientes del Rey Luis XIV de Francia, o bien, lo que sería peor, que esos trescientos años de evolución ético-jurídica habrían transcurrido infructuosamente para nosotros y que esta noche inconstitucional de nuestra pequeña humanidad costarricense, ni siquiera la alumbran los genios de Voltaire, de Bentham, de Kant y de Beccaria.

Y si entre los muchos precedentes que existen (y todos odiosos), de jurisdicciones excepcionales, he citado únicamente las Cámaras Ardientes del Rey Sol, es porque ellas ilustran admirablemente el lado poco práctico de estos procedimientos, y también porque estas jurisdicciones especiales fueron creadas precisamente por la acuciosidad de aquel arquetipo humano que se llamó Colbert, y el cual si no me equivoco, y gran cosa por cierto, es el personaje preferido de uno de los más talentosos Ministros de esta Junta de Gobierno.

Retrocedamos casi trescientos años, Luis XIV está celoso e inquieto porque el gran superintendente de las finanzas reales, el famoso Foucquet, le sobrepasa en boato y esplendor. El glorioso Ministro Colbert sabe perfectamente quién paga estos esplendores; él sabe que salen del Tesoro del Rey. Colbert sienta su famoso principio de que: “Es necesario purgar el siglo por una punición de la cual se hable todavía dentro de cien años”, y funda unos tribunales de jurisdicción excepcional, los cuales, libres de las trabas inherentes a los procedimientos regulares de la justicia van en forma sumaria a sentar responsabilidades para escarmiento de pillos ilustres. Creo que fue el amigo de nuestra juventud, D'Artagnan, el que precisamente recibe el encargo de apresar a Foucquet, y se inauguran luego los procedimientos sumarios de la Cámara Ardiente; pero las cosas no marcharon como se pensaba, pues iban por casi tres años y las acusaciones no miraban su fin. Es preciso advertir que no se hizo en este caso la reversión de la prueba, Colbert por todas partes se quejaba de que se pusieren las cosas tan difíciles y que nada menos que el monarca más poderoso de la tierra fuese impotente para acelerar los resultados; y cuando por fin Foucquet fue condenado, pero no en la forma en que lo esperaba y deseaba el severo Colbert, el pueblo de París bailó y bebió a la salud del ilustre pícaro, al cual las inmoralidades y torpezas de la jurisdicción excepcional había vuelto el héroe popular. Y esto era en aquella época del absolutismo, cuando todavía regía la máxima de que “Toda justicia emana del Rey”, pero es, señores, que entonces ya también se intuía en la conciencia de ese mismo pueblo el otro principio de la división de los poderes, que un día iba a ser traído definitivamente a la luz y entregado en forma intangible a la civilización por el genio de Montesquieu.

Colbert tenía razón cuando calculó que muchos años después se hablaría de su iniciativa, pero solamente para aleccionar a los juristas de lo contraproducente que pueden ser ciertos procedimientos. Yo por eso señores, para terminar, me permito invocar el genio de Voltaire, el cual, comentando precisamente estas instituciones dijo una frase que hoy, a través de los siglos, es de una frescura incomparable, porque parece brotada para nosotros hoy. El dijo de estos tribunales especiales: “Sin ser injustas, esta clase de jurisdicciones dejan siempre flotando en el ambiente una sospecha de injusticia”.

Y este es el caso, señores: si es inmoral el espectáculo del defraudador público y del concusionario impune, más inmoral es para el concepto moderno de la justicia que quede flotando en el ambiente una sospecha de injusticia, y por eso todos debemos apoyar la sana intención de ir regulando estas situaciones de manera tal, que interviniendo los tribunales regulares, y con los procedimientos regulares, todos contribuyamos en algo a que en el ambiente de esta época no quede flotando, una sospecha de injusticia.

El Representante FACIO pasó a exponer sus puntos de vista, ya que se había entrado a discutir el fondo del asunto, sin antes votar la alteración de la orden del día. Dijo que a él también le angustiaba la lentitud y las dificultades de los Tribunales Especiales; que entendía que igual cosa le pasaba a la Junta de Gobierno, y que había leído que tenía en estudio tres proyectos de reforma a las leyes, y que él, fuera de la Asamblea, estaba dispuesto a cooperar con cualquier grupo de Diputados para que se hiciesen las rectificaciones del caso; que vacilaba entre esos principios eternos de los que habló el señor Jiménez Quesada y la necesidad de sancionar a los criminales, a que se había referido el señor Zeledón Brenes. Es difícil conciliar ambas cosas. Entre los mismos señores Diputados hay discrepancia de criterios, pues algunos afirman que los Tribunales Especiales son injustos, mientras que otros dicen que más bien han procedido con lenidad, lo que significa que en esta materia hay una extensa gama de opiniones. Justificó la existencia de los Tribunales Especiales, ya que la Junta, al asumir el Poder, lo hizo de acuerdo con el señor Ulate, para desarrollar un gobierno de tipo revolucionario, que llevara a cabo ciertas medidas de sanción y de limpieza que reclamaba el país. Era necesario sancionar actos por los cuales tanto sufrió el pueblo de Costa Rica, y la Junta no tuvo más recurso, dentro de una concepción revolucionaria de gobierno, que crear estos Tribunales, los que son desagradables y penosos, como desagradable y penosa fue la propia revolución que el pueblo tuvo que hacer. Además, los Tribunales Especiales han tenido sus antecedentes, algunos muy próximos, como es el caso de los juicios llevados a cabo en Nuremberg recientemente, para castigar a los grandes criminales de la guerra.

Los Estados Unidos e Inglaterra, a pesar de ser ambas naciones democráticas y de haberse caracterizado por su apego a los Derechos del Hombre y por su culto a la justicia inmortal, se vieron en la necesidad de castigar los crímenes perpetrados por los que llevaron al mundo a la hecatombe, echando mano a leyes, procedimientos y jurisdicción especiales. Y debe recordarse que en ese Tribunal figuró como Presidente Robert Jackson, miembro de la Corte Suprema de Justicia Norteamericana. Hechos anormales duplican [justifican] pasos anormales. Además, de aprobarse la moción del señor Gamboa, la Asamblea asumirá la responsabilidad tácita por todos los actos de la Junta con respecto a los cuales se abstuviera de hacer excitativas o plantear revisiones.

El Representante VOLIO JIMENEZ dijo: voy a referirme al asunto en discusión, en forma realista, prescindiendo de toda consideración de orden personal, ya que no tengo nada contra las personas que integran los Tribunales Especiales, que me merecen el mayor respeto. Sin embargo, se comete una herejía al declararlos absolutos, pues resuelven en una sola instancia, cuando uno de los principios fundamentales de Derecho es la revisión de la sentencia, y nunca el juez instructor es el que falla, como ocurre con esta clase de Tribunales. Tanto el Tribunal de Probidad como el de Sanciones Inmediatas han trabajado bien, correctamente, pero deberían tener el carácter de juzgados auxiliares. Agregó que la moción perseguía tan sólo instar a la Junta para que el enorme trabajo realizado por estos dos Tribunales, los que han acumulado una gran cantidad de expedientes, pasaran a conocimiento de los Tribunales ordinarios, para que jueces de derecho y no de hecho, con larga práctica, dictaran las sentencias del caso, para que luego no se diga que las personas castigadas lo fueron por odio, por venganza y persecución, y no por haber cometido hechos delictuosos. Esto no significa-repito-, que se estuviese menospreciando el trabajo realizado por los Tribunales Especiales, y tampoco significa que se estuviese violando un pacto, al pedir que esos expedientes pasaran, para su tramitación final, a los jueces de derecho de los Tribunales ordinarios.

El Diputado SOTELA volvió a hacer uso de la palabra para condenar la existencia de los Tribunales Especiales, los que cometen grandes injusticias, como el caso concreto de la condena del líder comunista Carlos Luis Fallas, que ya había comentado a través de su estación de radio. Dijo que no consideraba a Fallas un criminal y un simple ladrón de gallinas, por lo que fue condenado; que no lo estaba defendiendo al afirmar tal cosa, pues si se fuera a juzgarlo por sus actuaciones pasadas, posiblemente la condena habría sido más elevada; que se refería a este caso particular para demostrar la injusticia con que en algunos casos procedían los Tribunales Especiales.

El Representante GAMBOA RODRIGUEZ manifestó que él había participado en la organización de esos Tribunales, animado por el deseo sincero de que se hiciera justicia, pero que ya en la práctica había llegado al convencimiento de que se procedía tan sólo animado por odios y venganzas; que los asuntos se resolvían a base de pasión, de intrigas, de mezquinos recursos. Agregó que él no se sentía en capacidad de condenar a un individuo tan sólo por sus convicciones políticas, por lo que decidió renunciar a la Presidencia de uno de esos Tribunales; que reconocía su error, lo que de ninguna manera es desdoro. Desde ese día -concluyó-, prometió luchar contra esos Tribunales, razón por la cual había presentado su moción, tendiente a enmendar o purgar un error cometido al formar parte de uno de los Tribunales Especiales por corto tiempo.

El Representante MONGE ALVAREZ, en uso de la palabra, dijo que nunca había perseguido a nadie, que no había movido un solo dedo para pedir la destitución de funcionarios afectos al anterior régimen, a pesar del clamor del público que demandaba sus destituciones; que su conducta en este sentido lo facultaba para pronunciarse en defensa del establecimiento de los Tribunales. Especiales, que han debido su origen a impulsos de una revolución, de un gran movimiento popular, y no de una simple asonada militar. Dijo que estos Tribunales tenían antecedentes, como los creados en Guatemala, en Venezuela y recientemente en El Salvador. Se han creado, no para perpetrar venganzas contra nadie, sino para sancionara a aquellos individuos que han cometido delitos especiales, contra el pueblo y los intereses generales del país, como es el de robar dineros del pueblo, impunemente. Hay gran diferencia entre un individuo que roba a otro y uno que estafa al Fisco. Los Tribunales comunes se han creado para conocer de hechos comunes, contemplados de previo en el derecho positivo, pero para esta clase de delitos especiales no se han creado los procedimientos adecuados.

Si a los culpables de estos delitos se les envía a los jueces ordinarios, a pesar de la integridad de los mismos, posiblemente saldrán absueltos, ya que las pruebas de su culpabilidad las han ocultado. La dificultad de probar esa clase de delitos -agregó-, lo demuestra el ejemplo traído por don José María Zeledón, pues la mayoría de los inculpados han sido declarados absueltos.

Luego pasó a decir que le negaba autoridad moral al señor Gamboa para venir a debatir este asunto a la Asamblea, ya que él se ofreció espontáneamente al Ministro de justicia para integrar uno de los Tribunales Especiales. (Aquí don Celso Gamboa interrumpe al orador para decirle que él nunca fue a ofrecerse espontáneamente a nadie). Que también el señor Gamboa, en papel con su propio membrete, había redactado la ley en términos mucho más severos que la que dictó la Junta, y hasta poniendo el doble de honorarios a los abogados que intervinieron en sus juicios. Luego dijo que una de las razones por las que se ha pedido la abolición de los Tribunales Especiales, ha sido la de que la unidad de la familia costarricense así lo demanda. Agregó que ese era el deseo primordial del Partido Social Demócrata y de la Junta, pero que no se puede obligar al pueblo de Costa Rica a olvidar delitos cometidos, a perdonar a los grandes delincuentes que provocaron la caída de la República. Estamos por la unidad, pero también exigimos que los calderonistas y los comunistas se dejen de atentados contra el orden público. No condenamos a los que sólo tuvieron el pecado de su partidarismo.

Terminó diciendo que la unidad era necesaria, que por ella estaban, pero no una unidad fundamentada en la inmoralidad, en la impunidad de los grandes criminales, lo que podría considerarse complicidad.

El Representante VOLIO JIMENEZ de nuevo hizo uso de la palabra para pedir moderación a sus compañeros, con el objeto de que el debate no descendiera a los ataques personales. Insistió en varias de sus palabras anteriores, diciendo que la moción sólo perseguía que fueran los Tribunales ordinarios los que dictaran justicia, lo que no significaba que abogaban por la impunidad de los delincuentes; que los Tribunales Especiales, que en varias ocasiones habían cometido excesos, no sentenciaran, sino que se dejara esto en manos de los jueces de derecho. Agregó que el país anhela volver a la normalidad, y que para la Junta sería muy elogioso que mañana se dijera que los Tribunales ordinarios están funcionando regularmente.

El Representante SOLORZANO se pronunció en contra de la moción en debate, ya que los Tribunales Especiales son el producto de revoluciones populares. Tienen sus antecedentes como en el juicio de Nuremberg y los llamados Tribunales Populares en Francia, y recientemente los creados en El Salvador. Agregó que no votaría la moción, ya que si se vertía un pronunciamiento con respecto a los Tribunales Especiales, creados por un Decreto-Ley de la Junta, habría que pronunciarse sobre los otros actos de ésta, pues de otra manera tácitamente se estaban aprobando.

El señor GAMBOA explica su actitud refiriéndose a los cargos que le hizo el señor Monge Álvarez, alegando que el haber puesto en el proyecto el doble de los honorarios como pago a los abogados, se debió a que por poca paga no dejaran de encontrar quién los defendiera.

El Diputado HERRERO expresó que le daría su voto a la moción, por cuanto siempre había condenado a los Tribunales Especiales, los que están proscritos, no sólo por un artículo de la Constitución del setenta y uno, sino por una disposición semejante en el Proyecto de Constitución Política presentado a la Asamblea para su estudio.

El Representante GONZALEZ HERRAN razonó su voto negativo así: “Aun cuando no estoy de acuerdo con las medidas extremas que cercenan los derechos del individuo, como la creación de Tribunales Especiales, no votaré la moción de Gamboa para ser consecuente con el criterio que he venido sustentando, de que la Asamblea debe dedicarse, preferentemente, al estudio de los problemas constitucionales. Además, no me gusta el procedimiento de estar dirigiendo excitativas a la Junta”.

Sometida a votación la moción de orden del Representante Gamboa Rodríguez para alterar el orden del día y entrar a conocer de su moción, fue desechada.

Quedando en uso de la palabra el Diputado Vargas Fernández, a las siete de la noche terminó la sesión.- Marcial Rodríguez Conejo, Presidente.- Fernando Vargas Fernández, Primer Secretario.- Gonzalo Ortiz Martín, Segundo Secretario.

ACTA No. 33

Nº 33.- Trigésima tercera acta de la sesión ordinaria celebrada por la Asamblea Nacional Constituyente, a las quince horas y media del día 10 de marzo de 1949, bajo la Presidencia del Dr. Rodríguez. Presentes los señores Diputados Vargas Fernández y Ortiz, Secretarios; Montealegre, Trejos, Arroyo, Vargas Castro, Vargas Vargas, Montiel, González Flores, González Herrán, González Luján, Zeledón, Acosta Piepper, Pinto, Herrero, Valverde, Gómez, Guzmán, Volio Sancho, Volio Jiménez, Leiva, Ruiz, Desanti, Esquivel, Monge Álvarez, Facio, Fournier, Baudrit Solera, Baudrit González, Sotela, Guido, Solórzano, Oreamuno, Monge Ramírez, Brenes Mata, Jiménez Núñez, Dobles Segreda, Gamboa, y los suplentes: Castaing, Rojas Espinosa, Morúa, Jiménez Quesada y Lobo García.

Artículo 1º.- Se leyó y aprobó el acta de la sesión anterior.

El Diputado SOTELA manifestó que aun cuando sus palabras de ayer están bien consignadas en el acta, fueron mal interpretadas por algunas personas, ya que ha recibido varios anónimos y llamadas telefónicas, en las que se le reprochaba el haberse constituido en defensor del líder comunista Carlos Luis Fallas.

Dijo el señor Sotela, que él no era defensor ni de la Junta, ni del Partido Unión Nacional, o del Constitucional, sino de la justicia; que se refería al caso concreto de la condena de Carlos Luis Fallas por parte de uno de los Tribunales Especiales, para demostrar que éstos, en algunas ocasiones, procedían injustamente, pues no consideraba a Fallas como un vulgar asesino y ladrón, ya que fue el único militar del régimen pasado que expuso su pecho a las balas de los valientes soldados del Ejército de Liberación Nacional. Además, Fallas salvó la vida a don Fernando Ortuño, cuando cayó prisionero en sus manos, y un ladrón nunca procede de esta manera. Agregó que no defendía a Fallas, que por sus actuaciones políticas pasadas bien podía condenársele a veinte años, pero que siempre le había parecido injusto el fallo del Tribunal Especial que lo declaró culpable, condenándolo a cuatro años por el robo de unas gallinas.

El Representante BAUDRIT SOLERA manifestó que de haber asistido a la sesión de ayer, le hubiese negado el voto a la moción del señor Gamboa, por la forma como estaba presentada la misma. Dijo que tenía conocimiento de la moción en referencia, y que le había sugerido a don Celso que la modificara en el sentido de dirigirle una excitativa a la Junta, para que tratara de revisar las leyes que establecieron los Tribunales Especiales, en el sentido de que se aligeren los procedimientos de los mismos y que los acusados tengan la oportunidad de apelar a los Tribunales Superiores de los fallos de aquéllos. Sin embargo -agregó-, el señor Gamboa no modificó su moción en ese sentido, por lo que le hubiera negado mi voto en el caso de haber estado presente durante su discusión.

Artículo 2º.- Se dió lectura a un memorial suscrito por el señor Augusto Alpízar.

Artículo 3º.- Se procedió a la votación definitiva del asunto referente a las facultades legislativas de la Junta.

El Representante VARGAS FERNANDEZ, hizo uso de la palabra para justificar su voto negativo al asunto en votación. Empezó exponiendo algunas dudas sobre la declaratoria en la forma presentada. En primer término, de aprobarse la declaratoria en la forma propuesta, prácticamente, se está autorizando para que la Junta gobierne sin Congreso por espacio de dos años, es decir, hasta el ocho de mayo de mil novecientos cincuenta, y no hasta el ocho de noviembre del presente año, como lo dice el Pacto Ulate-Figueres. Si bien es cierto que la declaratoria dice que la Junta cesará en sus facultades legislativas una vez que se instale el Congreso Constitucional, es materialmente imposible que el mismo esté funcionando antes del ocho de mayo de mil novecientos cincuenta, por una serie de razones de orden práctico que el orador pasó a exponer. De ahí, que al aprobar la declaratoria se está prácticamente facultando a la Junta para que legisle sin Congreso por espacio de dos años, lo que va en contra del sentimiento nacional. Agregó el señor Vargas Fernández que si él ha aceptado que la Junta gobierne sin Congreso por espacio de dieciocho meses, plazo que vence el próximo ocho de noviembre, ha sido en virtud del Pacto Ulate-Figueres, que él respeta profundamente. Si este Pacto no hubiese sido firmado, no habría aceptado que la Junta continuara en su tarea legisladora después del 15 de enero, fecha en que se reunió la Asamblea Nacional Constituyente. Luego pasó a referirse a dos objeciones sobre el régimen de consulta que la Junta ha prometido a la Asamblea. En este sentido, dijo que tenía dos puntos de vista; uno para lo inmediato y otro para lo futuro. La declaratoria dice que la Junta someterá al conocimiento de la Asamblea, los asuntos de importancia, a juicio suyo. En lo que se refiere a estos asuntos de envergadura, los mismos que a los de íntima importancia, no hay problema, pero, ¿qué ocurre con aquellos asuntos intermedios, los que pueden ser de importancia discutible? En esos casos, que serán los más frecuentes, prevalecerá el criterio de la Junta. Además, una vez emitido y publicado un Decreto-Ley, por parte de la Junta, la Asamblea no podrá vetarlo.

La Asamblea tendría que estar al tanto de los proyectos legislativos de la Junta de antemano, por cuanto la facultad que se le otorga a la Asamblea es la de solicitar el envío de proyectos, esto es, de asunto antes de ser publicados en “La Gaceta” y no el derecho de veto; para que esto fuera posible, se hace necesario que una comisión permanente de la Cámara esté en las deliberaciones de la Junta, para solicitar de ésta el envío de todos los proyectos de importancia a la Asamblea. Esto me hace afirmar que el celebrado régimen de consulta no va a tener ningún valor práctico; va a ser inoperante. En el segundo aspecto de mi análisis-continuó el señor Fernando Vargas-, el que se refiere al futuro, encuentro en la declaratoria una parte humillante para la Asamblea, ya que es la Junta la que reconoce a la Asamblea el derecho de intervenir en la legislación de importancia, a manera de una dádiva. Es decir, el Gobierno de facto permite que la Asamblea representativa de la soberanía popular, participe en la legislación, no por derecho propio, sino por una concesión, lo que resulta lesivo para la majestad de este cuerpo. En el futuro, cuando esta declaratoria sea estudiada y comentada, como se ha hecho con los pronunciamientos de las Constituyentes habidas en Costa Rica desde nuestra independencia, se dirá muy posiblemente que la Asamblea Nacional Constituyente de 1949, mansamente se sometió al poder de facto. Luego, expresó que de la declaratoria bien podría suprimirse la frase que se refiere a que los Decretos-Leyes de la Junta podrán ser revisados, modificados o derogados por el próximo Congreso Constitucional, lo que resulta obvio. Nadie puede pensar que los Decretos-Leyes de la Junta son eternos y que no podrán ser modificados, ya que entre las atribuciones de una Asamblea Legislativa, está la de revisar o derogar cualquier ley que estime conveniente para la vida del país. Terminó diciendo, que si no había votado el dictamen, tampoco votaría el asunto en definitiva, máxime que la declaratoria actual adolecía de defectos tan graves y que consideraba menos objetable la primitiva fórmula ofrecida por la Comisión dictaminadora.

El Diputado VOLIO SANCHO hizo una amplia exposición para refutar los puntos de vista del Representante Vargas Fernández, inició sus palabras pidiendo disculpas por intervenir nuevamente en este asunto, que se había prolongado demasiado.

Dijo que las objeciones de fondo-si es que se pueden considerar de fondo-, del compañero Vargas Fernández, no tenían razón de ser. En cuanto a las objeciones de simple forma, bien podrían atenderse a la hora de redactar la forma de decreto. En cuanto a las primeras, si la Asamblea trabaja a conciencia, con buena voluntad, bien podría terminar antes del ocho de noviembre el cometido a ella señalado: la promulgación de la Nueva Carta Magna. Dijo que en esto hablaba en experiencia, pues la Comisión Redactora del Proyecto de Constitución Política, a pesar de las dificultades presentadas, de la novedad de muchos capítulos, había concluido su trabajo en cinco meses. En el caso de que para esa fecha no esté reunido el congreso, ¿quién va a legislar? No sería la Asamblea que no tiene atribuciones. Además, existe una imposibilidad material para que la Asamblea, después del ocho de noviembre se convierta en Congreso, no tendrá el tiempo suficiente para dedicarse simultáneamente a la ardua tarea de legislar y a la de dictar la nueva Constitución. Si para esta fecha no se ha reunido el Congreso, la Junta continuará en sus facultades legislativas, de acuerdo con el régimen de consulta, como se establece en la declaratoria. Luego, pasó a refutar la afirmación del señor Vargas Fernández de que la Junta era la única que podía juzgar la importancia de un proyecto determinado. Esto no es así, ya que en la declaratoria se establece con claridad que la Asamblea, ejerciendo un derecho que le es propio, podrá pedir a la Junta el envío de cualquier proyecto que considere de importancia. También la Asamblea podrá entrar a conocer de un Decreto-Ley ya emitido por la Junta, si lo fue sin consulta. Sin embargo-dijo el señor Volio-, en esto debe procederse a base de un criterio de buena fe y confianza por parte de ambos Poderes. Los hombres que integran la Junta no son unos irresponsables, como parece desprenderse de las palabras del Diputado, Vargas Fernández, sino que proceden con patriotismo y con altura, y no puede existir la menor duda que todos aquellos proyectos de importancia serán enviados a conocimiento de la Asamblea. Luego, dijo que era cierto que en la declaratoria se incluían algunos conceptos obvios, innecesarios, como el de que los Decretos-Leyes de la Junta podrán ser modificados o derogados por el próximo Congreso Constitucional o Asamblea Legislativa. Si así se dijo en la declaratoria, fue a instancias de algunos señores Diputados, ya que el pronunciamiento original de la Comisión Dictaminadora no lo estipulaba, pero para ser amplia y para desvanecer toda clase de dudas y suspicacias, estuvo anuente en recoger todas las observaciones que se le hicieron a su pronunciamiento e incorporarlas al mismo. Terminó diciendo que el pronunciamiento aprobado en principio por la Asamblea, lo consideraba bueno y correcto, pero que esto no impedía que a la hora de redactar la forma de decreto, se le introdujeran cambios de términos que se estimaran más apropiados.

El Diputado ARROYO, usó la palabra, para referirse a una publicación del semanario “El Social Demócrata”, en el que se le hace el cargo de que se olvida a veces de su patriotismo, cuando se trata de asuntos de la Junta de Gobierno, que demandan la unidad de las antiguas fuerzas oposicionistas. Combatió el empleo demagógico del término “unidad de las antiguas fuerzas oposicionistas”, tan traído y llevado por algunos sectores. Esa unidad ya desapareció al dejar de existir la causa que la motivaba: Calderón Guardia. Dijo que ha dado pruebas suficientes de que respeta el criterio de los señores del Social Demócrata y de los del Constitucional, por lo que exigía que se respectara su propio criterio, que su presencia en la Asamblea se debía a dos razones: su patriotismo, que nadie le puede negar, y su inconformidad manifestada contra la Junta, desde que asumió el Poder, dejando a un lado al señor Ulate. Luego pasó a referirse a las observaciones del compañero Vargas Fernández, que le parecieron muy atinadas.

Aunque ya los argumentos sobran, pues los campos están definidos sobre este asunto, es necesario que quede bien clara la posición de los que han defendido la integridad de la Asamblea. Agregó que había estado con la moción original del señor Desanti, pero que no aceptaba la nueva redacción, ya que si en la primera se establecía como un derecho de la Asamblea pedir a la Junta el envío de los asuntos que estimara convenientes, en la segunda ya no es un derecho, sino una concesión de la Junta para la Asamblea. Mi oposición estriba en que la fórmula aprobada descansa en promesas simplemente. Para mí la confianza no es un factor que pueda decidir un asunto de interés público; sobre esto de la confianza quiero dejar manifestado lo siguiente: hay dos hechos innegables de la Junta de Gobierno que se contraponen: las elecciones del ocho de diciembre, y el discurso del señor Figueres al entrar el Ejército de Liberación a San José, en el cual se ignoró completamente el nombre del Presidente Electo.

Frente a estos dos hechos, ni afirmo ni niego, sólo digo como los campesinos al hacer un contrato: “Todos somos de la muerte, y es mejor que haya un papelito”.

En el futuro, se dirá que ésta estuvo supeditada al criterio de la Junta y tendrá razón. Insistió en su punto de vista frente al problema de las facultades legislativas de la Junta. Si había votado afirmativamente el dictamen, lo hizo para que luego no se dijera que él negaba a la Junta facultades legislativas como Gobierno de Facto, lo que podría traer al país grandes perjuicios, pero que su voto lo había condicionado a reserva de votar negativamente el asunto en definitiva, si la declaratoria final no le satisfacía.

El Representante VARGAS FERNANDEZ brevemente se refirió a algunos conceptos del señor Volio Sancho. Insistió en que sólo había pretendido justificar su voto negativo al asunto, que no se había referido a la Junta como integrada por unos irresponsables, pues reconocía la lealtad y el patriotismo con que actúan los miembros de la misma. Volvió a referirse a varios de sus puntos de vista expresados en su intervención anterior, para terminar diciendo que era necesario votar hoy mismo el asunto en definitiva, pues el debate se había prolongado más de la cuenta.

El Diputado SOTELA expresó que el señor Arroyo había dicho que estaba en la Asamblea por su antipatía contra la Junta; que él, en cambio, debía su curul a la simpatía que profesaba a ésta. El Representante Arroyo aclaró que él no había afirmado tal cosa, que simplemente había dicho que su postulación como candidato del Partido Unión Nacional, la atribuía a su patriotismo, del que nadie puede dudar, y a su inconformidad con los procedimientos de la Junta, desde que ésta asumió el Poder, ignorando la elección del ocho de febrero, que justificó la misma revolución.

Antes de procederse a la votación final sobre las facultades legislativas de la Junta, se aprobó una moción del Diputado Volio Sancho, para que la votación fuese nominal. En consecuencia, la Mesa procedió a efectuar la votación.

Dijeron SI, los siguientes señores Diputados: Vargas Castro, Acosta Piepper, Monge Ramírez, Montiel, Jiménez Núñez, Rojas Espinosa, Baudrit Solera, Fournier, Facio, Monge Álvarez, Valverde, Esquivel, Morúa, Brenes Mata, Oreamuno, Sotela, Guido, Solórzano, Dobles Segreda, Castaing, Gómez, Guzmán, Volio Sancho, Leiva, Ruiz, Desanti, Rodríguez Conejo y Ortiz.

Dijeron NO, los siguientes señores Diputados: Vargas Vargas, Arroyo, Zeledón, Gamboa, Volio Jiménez, Baudrit González, Jiménez Quesada, Lobo, González Herrán, González Flores, Madrigal, González Luján, Trejos, Montealegre, Pinto, Herrero y Vargas Fernández.

Total: veintiocho votos afirmativos y diecisiete negativos.

Artículo 4º.- La Mesa procedió a la lectura del dictamen de la Comisión Dictaminadora acerca de la prórroga del mandato de la Junta, con sus respectivos aditamentos:

DICTAMEN sobre solicitud de prórroga del período de Gobierno de la Junta Fundadora de la Segunda República.

Honorable Asamblea Nacional Constituyente:

Los infrascritos, Diputados integrantes de la Comisión designada para informar sobre la solicitud de la Junta Fundadora de la Segunda República para que se amplíe su período de Gobierno hasta las doce horas del día ocho de mayo de mil novecientos cincuenta, lo hacemos en la siguiente forma:

1º.- En el Mensaje de la Junta de Gobierno a la Asamblea Nacional Constituyente, leído por el señor Ministro de Gobernación, don Fernando Valverde, en el recinto de la Asamblea el cuatro de febrero del corriente año, existe el siguiente concepto:

“La Junta de Gobierno, conforme ya lo había anunciado en alguna materia particular, está dispuesta a someter en forma de consulta, a la Honorable Asamblea Constituyente, las materias graves de Gobierno que requieran nuevas disposiciones legislativas, durante el lapso en que ese alto organismo está ocupado en su tarea esencial de dar al país su carta fundamental política. No considera la Junta tal consulta como menoscabo de sus funciones de Gobierno, sino que por el contrario, la considera como parte primordial de su misión de llevar al país en forma gradual pero rápida a la normalidad más completa”.

2º.- Esta Comisión tiene la convicción de que los alcances de la Consulta a la Asamblea a que se refiere el párrafo anterior del Mensaje de la Junta, implica obligación de parte de la Junta de acatar la resolución, afirmativa o negativa, favorable o desfavorable, a que llegue la Asamblea Constituyente en cada caso que le sea sometido a su consideración.

3º.- No obstante esa convicción personal nuestra, en el afán de hacer este dictamen tan claro y definitivo como lo exigen las circunstancias nacionales, consultamos la opinión de la Junta de Gobierno, al través de su más autorizado personero, Presidente don José Figueres, quien explícitamente confirmó nuestro pensamiento, diciéndonos que todo aquel asunto que fuera sometido por la Junta a la consideración de la Asamblea y que no obtuviera la aprobación de ésta, sería desechado por la Junta. Queda naturalmente involucrado en el concepto anterior que cualquier sugerencia de modificación o enmienda en relación con las materias sometidas por la Junta al estudio de la Asamblea, serían favorablemente consideradas por la Junta, según nos lo expresó también el señor Figueres.

Concuerdan en un todo estas manifestaciones verbales del señor Figueres a nosotros, con los conceptos emitidos por él y publicadas en forma de reportajes en los periódicos “La Nación” y “Diario de Costa Rica” de fecha nueve de febrero del corriente y que, en lo pertinente, dice el de “La Nación”:

“Lo que llamamos consulta, no constituirá nunca una burla, como algunos imaginan, sino el convencimiento íntimo de los hombres de Gobierno, de que se debe oír la opinión pública, y que para alcanzar dicho objetivo, lo hemos previsto todo.

Las sugestiones que sobre los asuntos de Estado puedan ofrecer los Constituyentes, habrán de ser ventajosas para la Nación. Es lógico suponer, que si la Asamblea desaprueba o rechaza de plano algún proyecto, la Junta tendrá que someterse a ese fallo; pensar otra cosa es colocarnos en planos muy humillantes”.

4º.- El Mensaje de la Junta de gobierno a la Asamblea Nacional Constituyente contempla de modo nítido e indubitable la instalación del Congreso o Cámara Legislativa que entrará en funciones tan pronto como la Constituyente emita La Constitución; el párrafo del Mensaje de la Junta de Gobierno en relación este asunto, dice así:

“Como un paso más hacia la consolidación de esa normalidad jurídica y como el coronamiento definitivo de lo que la Junta considera su misión histórica, creemos que anda muy acertado el criterio de quienes han confiado en que nosotros, para una mayor tranquilidad del país, y un afianzamiento más sólido de nuestras inmarcesibles victorias, contemos en su plazo lo más corto posible con una Asamblea Legislativa, a través de la cual el país vaya forjando sus estatutos jurídicos definitivos. Tenemos la complacencia de anunciar ante esa Honorable Asamblea y por su digno medio al país, que la Junta de Gobierno dará los pasos necesarios para que, una vez que la Asamblea Constituyente haya terminado las labores esenciales para las cuales fue convocada, exista un Congreso en el cual descargar su labor legislativa”.

Por lo anteriormente expuesto, convencidos los suscritos del espíritu altamente patriótico que anima a los Honorables miembros de la Junta de Gobierno, siendo por eso justa la confianza que el pueblo de Costa Rica les ha brindado, y considerando que con estas medidas, el país, en realidad-para usar expresiones del referido Mensaje a la Asamblea-, “en forma gradual pero rápida, entrará a la normalidad más completa”, nos permitimos, con todo respeto, recomendar favorablemente a la Asamblea Nacional Constituyente, la solicitud de prórroga hecha por la Junta Fundadora de la Segunda República, para que se extienda su período de Gobierno hasta las doce horas del ocho de mayo de mil novecientos cincuenta.- Sala de Comisiones de la Asamblea Nacional Constituyente, San José, 11 de febrero de 1949.- Alberto Oreamuno Flores.- Rafael Sotela Bonilla. Joaquín Monge Ramírez.

DICTAMEN SOBRE LA PRORROGA

Señores Secretarios de la Asamblea Nacional Constituyente

Al leerse y discutirse el dictamen sobre la ratificación de la elección de los señores Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se encontró que estaba incompleto, por faltarle el proyecto de la forma de decreto. Notamos que el nuestro adolece de la misma omisión y para corregirlo, lo adicionamos en la siguiente forma:

“LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE

En vista de que la Junta de Gobierno, a partir del momento en que esta Asamblea resuelva favorablemente la presente instancia de prórroga, ha resuelto someter en consulta a la Asamblea todos los asuntos que requieran nuevas disposiciones legislativas, habiéndose definido el concepto consulta como obligación de la parte de la Junta de acatar las disposiciones de la Asamblea, y teniendo en cuenta, además, que existe la disposición expresa de que tan pronto como quede emitida la Constitución, entrará en funciones el Congreso o Asamblea Legislativa, en estas condiciones:

DECRETA:

Amplíase el período de Gobierno de la Junta Fundadora de la Segunda República hasta las doce horas del ocho de mayo de mil novecientos cincuenta.- Alberto Oreamuno Flores.- Rafael Sotela Bonilla.- Joaquín Monge Ramírez”.

_______

ADICION al dictamen de la Comisión designada para informar sobre la prórroga solicitada por la Junta de Gobierno.

Asamblea Nacional Constituyente:

La Junta de Gobierno ha informado a esta Comisión que nota incongruencia entre el primer considerando del dictamen y su parte concluyente o forma de decreto en donde se dice que serán sometidos en consulta todos los asuntos que requieren nueva legislación.

La Junta considera que la parte concluyente del dictamen debe especificar que serán los asuntos de importancia, por su gravedad y trascendencia nacionales, a juicio de la Junta, los que serán sometidos en consulta a la Asamblea, pues que de otro modo la Asamblea no dispondrá del tiempo necesario para estudiar y emitir la Constitución.

Hemos creído necesario informar a la Asamblea de esta observación de la Junta, para que los señores Diputados la tomen en cuenta a la hora de discutir el dictamen, y al hacer la redacción final del proyecto de decreto.

San José, 25 de febrero de 1949.- Alberto Oreamuno Flores.- Rafael Sotela Bonilla.- Joaquín Monge Ramírez.

Asamblea Nacional Constituyente:

En vista del pronunciamiento de la Asamblea en su sesión del siete del corriente mes, la Comisión Dictaminadora sobre la solicitud de prórroga de la Junta de Gobierno considera necesario que se dé por retirado el aditamento a su dictamen publicado en “La Gaceta” del veintisiete de febrero de este año.

Por la misma razón, considera necesario modificar la parte resolutiva de su dictamen publicado en “La Gaceta” del veinte de febrero de este año para que se lea en la siguiente forma:

“LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE

En vista de que la Junta de Gobierno ha resuelto someter en consulta a la Asamblea todo proyecto de ley y todo proyecto de contrato de importancia trascendente para la vida del país, a juicio de dicha Junta; como la Junta reconoce la intervención que esta Asamblea puede tener en la legislación de importancia trascendente para el país, admitiendo así que la Asamblea puede solicitar a la Junta el envío de cualquier proyecto de dicha importancia, a juicio de la Asamblea; seguros los miembros de esta Comisión del espíritu de cooperación y armonía que anima a la Junta de Gobierno en sus relaciones con la Asamblea, razón por la cual atenderá cualquier solicitud emanada de esta Asamblea; habiéndose definido el concepto consulta como obligación de parte de la Junta de acatar las disposiciones de la Asamblea, y teniendo en cuenta, además, que existe la disposición expresa de que tan pronto como quede emitida la Constitución, entrará en funciones la Asamblea Legislativa, en estas condiciones,

DECRETA:

Amplíase el período de Gobierno de la Junta Fundadora de la Segunda República hasta las doce horas del ocho de mayo de mil novecientos cincuenta.- San José, 8 de marzo de 1949.- Alberto Oreamuno.- Rafael Sotela.- Joaquín Monge Ramírez”.

Quedando en uso de la palabra el Representante Zeledón, a las dieciocho horas terminó la sesión.- Marcial Rodríguez C., Presidente.- Fernando Vargas F., Primer Secretario.- Gonzalo Ortiz M., Segundo Secretario.

ACTA No. 34

Nº 34.- Trigésima cuarta acta de la sesión ordinaria celebrada por la Asamblea Nacional Constituyente, a las quince y media horas del día once de marzo de mil novecientos cuarenta y nueve, bajo la presidencia del Dr. Rodríguez. Presentes los señores Diputados Vargas Fernández y Ortiz, Secretarios; Dobles Segreda, Facio, Montealegre, Acosta Piepper, Volio Sancho, Leiva, Arroyo, Zeledón, Jiménez Núñez, Trejos, Guido, Herrero, Gómez, Solórzano, Oreamuno, Acosta Jiménez, Baudrit González, Baudrit Solera, González Flores, González Luján, González Herrán, Monge Ramírez, Monge Álvarez, Esquivel, Brenes Mata, Pinto, Valverde, Volio Jiménez, Vargas Castro, Vargas Vargas, Madrigal, Ruiz, Sotela, Arias Bonilla, Montiel, Gamboa, Guzmán; y los suplentes Carrillo, Castaing, Lobo, Jiménez Quesada y Rojas Espinosa.

Artículo 1º.- Se leyó y aprobó el acta de la sesión anterior.

Artículo 2º.- La Mesa somete a la consideración de la Asamblea los siguientes gastos que tuvo que erogar para organizar la Secretaría:

Nº 6 EL DIRECTORIO DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, Con base en el pronunciamiento de la Asamblea, sesión del once de marzo, artículo segundo, ACUERDA: Girar de la partida del artículo 4º, Eventuales, la suma de ¢3,415.85 (tres mil cuatrocientos quince colones, con ochenta y cinco céntimos), para atender al pago de las siguientes cuentas que se detallan a continuación: Garaje Alfaro.- Por servicios de carro para las Comisiones, el 16 de enero de 1949.- Orden de Compra Nº 2-1007-1502. ¢140.00 Cerrajería “Julio C. Martínez N.”.- Factura del 8 de febrero de 1949, por arreglo y hacer llaves para 20 cerraduras para los pupitres de los Diputados.- Orden de Compra Nº 2-1008-1503. 150.00 Guillermo Guilá Borrasé.- Factura del 22 de febrero de 1949, por una máquina de escribir tipo pica “Underwood”, Nº 4906803-11. Orden de Compra Nº 2-1009-1504: 900.00 Nieto Hnos.- Factura del 9 de febrero de 1949, por dos máquinas de escribir “Underwood”, Nos. 6458131 y 6450319, tipos pica y élite, de 11.- Orden de Compra Nº 2-1010-1505: 2,000.00 Uribe y Pagés.- Factura Nº 00318M, del 1º de febrero de 1949, por cerraduras, cincha para muebles, cola, tachuelas, tornillos, bisagras, vidrios.- Orden de Compra Nº 2-1012-1507: ¢116.85 Librería Atenea.- Facturas Nos. 19187 y 19245, por varios. Orden de Compra Nº 2-1012-1507: 109.00 TOTAL: ¢3,415.85 Publíquese. Dado en el Salón de Sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente.- San José, a los veinticuatro días del mes de febrero de mil novecientos cuarenta y nueve.- Marcial Rodríguez C., Presidente.- Fernando Vargas F., Primer Secretario.- Gonzalo Ortiz M., Segundo Secretario.

Fueron aprobados los gastos anteriores.

Artículo 3º.- Se dió lectura a un extenso memorial suscrito por el señor César A. Solano, en el que expone sus razones por las que la prórroga al período de la Junta, no debe concederse por parte de la Asamblea. (*)

Artículo 4º.- Se dió lectura a la forma de decreto sobre las facultades legislativas de la Junta:

“Que la Junta Fundadora de la Segunda República ha tenido facultades bastantes para legislar desde el día de su instalación, las cuales conservará mientras ejerza el Poder, por el término que esta Asamblea determine al conocer de la solicitud de prórroga del período de gobierno de la misma Junta.

Sin embargo, a partir de esta fecha, todo proyecto de ley y todo contrato de trascendencia, a juicio de dicha Junta, será sometido a la aprobación de esta Asamblea, y si durante su período de gobierno se instala el Congreso Constitucional, la Junta cesará desde entonces en sus funciones legislativas. En vista de que la Junta de Gobierno ha reconocido la intervención que esta Asamblea puede tener en la legislación de importancia trascendental, la Asamblea podrá solicitar a la Junta el envío de cualquier proyecto importante, a juicio de la Asamblea. Esta declaratoria no implica juicio alguno en particular sobre los actos llevados a cabo o que se ejecuten en ejercicio de dichas facultades, sin la aprobación de la Asamblea Nacional Constituyente y por los cuales, en consecuencia, ninguna responsabilidad le cabe; ni impide que la futura Asamblea Legislativa o Congreso Constitucional ratifique, enmiende o derogue los respectivos Decretos-Leyes, y tampoco significa aprobación, tácita ni expresa, de ninguna contratación o concesión administrativa, cuya efectividad o vigencia dependan expresamente de esta declaratoria”.

El Diputado VOLIO SANCHO dijo que la forma de decreto leída por la Secretaría había introducido algunos cambios en la redacción que afectaban el fondo, y pide que se respete la declaratoria aprobada por la Asamblea, cambiando el término “trascendente “por trascendental”, lo que fue aprobado.

El Diputado ESQUIVEL presentó la siguiente moción: “Para que en vez de “cualquier proyecto” en la forma de decreto leída, se lea “cualquier asunto”. Para evitar que el debate en torno a este asunto, se prolongara, el autor de la moción aceptó retirarla, pero fue acogida por el Representante Vargas Vargas. Puesta a votación, fue aprobada.

Los Diputados LEIVA y ROJAS ESPINOSA presentaron respectivamente las siguientes mociones: “Que la frase “La Asamblea podrá solicitarle a la Junta que le envíe cualquier proyecto de dicha importancia, a juicio de la Asamblea”, se cambie por: “La Asamblea podrá, a juicio suyo, solicitarle a la Junta que le envíe cualquier asunto de dicha importancia”. Para que se sustituya la palabra “ninguno “por “alguno”, después de “implica juicio”. Las dos mociones anteriores fueron aprobadas.

El Diputado FACIO BRENES presentó la siguiente moción: Eliminar “y si durante... legislativas”, agregar al final: “caso de que esta Asamblea concluyere sus labores y declarare su disolución antes de terminar el período de la Junta de Gobierno, ésta cesará desde entonces en sus funciones legisladoras, entrando a ejercerlas el Congreso Constitucional que al efecto ha de convocarse”.

La Mesa consideró que la anterior moción no era de simple forma, sino que afectaba el fondo del asunto. En consecuencia, no le dió paso, acordando que fuese la Asamblea la que decidiera. El autor de la moción, entonces, decidió retirarla, pero que constara en el acta.

La Mesa procedió a votar la forma de decreto, la cual quedó redactada así:

“La Asamblea Nacional Constituyente de Costa Rica acuerda: Que la Junta Fundadora de la Segunda República ha tenido facultades bastantes para legislar, desde el día de su instalación, las cuales conservará mientras ejerza el Poder, por el término que esta Asamblea determine al conocer de la solicitud de la prórroga del período de gobierno de la misma Junta. Sin embargo, a partir de esta fecha, todo proyecto de ley y todo contrato de importancia trascendental para la vida del país, a juicio de dicha Junta, será sometido a la aprobación de esta Asamblea, y si durante su período de gobierno se instala el Congreso Constitucional, la Junta cesará desde entonces en sus funciones legislativas. En vista de que la Junta de Gobierno ha reconocido la intervención que esta Asamblea puede tener en la legislación de importancia trascendental para el país, la Asamblea podrá, a juicio suyo, solicitarle a la Junta que le envíe cualquier asunto de dicha importancia. Esta declaratoria no implica juicio alguno en particular sobre los actos llevados a cabo o que se ejecuten en ejercicio de dichas facultades, sin la aprobación de la Asamblea Nacional Constituyente y por los cuales, en consecuencia, ninguna responsabilidad le cabe; ni impide que la futura Asamblea Legislativa o Congreso Constitucional ratifique, enmiende o derogue los respectivos Decretos-Leyes, y tampoco significa aprobación tácita ni expresa, de ninguna contratación o concesión administrativa cuya efectividad o vigencia dependan expresamente de esta declaratoria”. (*)

Puesta a votación la forma de decreto anterior, fue aprobada.

Artículo 5º.- Se continuó en la discusión del Dictamen sobre la prórroga.

El Representante ZELEDON, aunque se manifestó de acuerdo en que a la Junta se le concediera la prórroga, dijo que el Dictamen presentado adolecía de varios defectos, los que pasó a señalar. En primer término, la Comisión Dictaminadora se basa en el hecho de que la Asamblea se convertirá en un organismo consultivo, caso de que la prórroga sea concedida. Este argumento, lejos de ser una conquista, es peligroso, pues significa que la Asamblea se convertirá en Congreso.

Se amontonarán aquí los asuntos, se prolongarán las discusiones, y como no faltan agitadores públicos, podrán pedir a la Junta la disolución de la Asamblea, en vista de que no ha cumplido su cometido fundamental, que es el de dotar al país de la nueva Carta Magna. Agregó que la Comisión Dictaminadora debió basar su argumentación, no en esa promesa de la Junta, sino en algo más trascendental y efectivo: el Pacto Ulate-Figueres. Si este Pacto no hubiese existido, la Asamblea no tendría por qué discutir el asunto de la prórroga. En la parte considerativa del Dictamen se hizo abstracción del mencionado Pacto, que vino a poner fin a la situación especial surgida a raíz del triunfo de las fuerzas revolucionarias, y si no se especifica esto claramente, en el futuro no se sabrán los motivos por los cuales la Asamblea otorgó la prórroga del mandato de la Junta.

Concluyó diciendo que esta Asamblea debería convertirse en Congreso ordinario después del ocho de noviembre, ya que el país demanda su pronta vuelta a la normalidad constitucional, salir a todo trance del caos en que se encuentra, debido en parte a la desconfianza que impera. Declaró terminantemente que si estaba porque la Asamblea se convirtiera en Congreso, no era porque deseaba eternizarse en su curul; en caso de que tal cosa sucediera, él sería el primero en irse para su hogar. Finalmente presentó a la consideración de la Asamblea una fórmula sobre este asunto de la prórroga, que dice así:

“LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE,

Considerando:

1º.- Que establecido el primer contacto entre las legiones revolucionarias victoriosas y las fuerzas de retaguardia que en la lucha cívica prepararon y mantuvieron erguido el espíritu de la Nación, completando con la resistencia civil la obra heroica de la resistencia armada, se produjo una situación de incertidumbre y de recelos que, de prolongarse, hubiera conducido al país a un estado permanente de aguda turbulencia.

2º.- Que con una acertada visión de la conveniencia pública y un profundo sentido de sus responsabilidades, el Jefe militar victorioso y el caudillo civil ungido por el voto popular en los comicios de febrero de mil novecientos cuarenta y ocho, llegaron a un acuerdo, del cual surgió el compromiso de honor firmado el 1º de mayo del mismo año, según el cual la Junta Revolucionaria tomaría la conducción de los destinos del país por un período de dieciocho meses sin control legislativo de ninguna especie, al cabo del cual entregaría su mandato al Presidente Electo, entendiéndose que ese período podría ser prorrogado por seis meses más si al vencimiento del término estipulado, la Asamblea Nacional Constituyente, reunida a la sazón, lo creyere necesario.

3º.- Que aun cuando la oportunidad para resolver sobre la necesidad o conveniencia de esa prórroga fue señalada para la expiración del plazo original, ambos signatarios del convenio han resuelto modificar la cláusula respectiva, y así lo han comunicado en sendos manifiestos enviados a esta Asamblea Constitutiva, retrotrayendo aquella oportunidad a los presentes días.

4º.- Que esta Asamblea reconoce la intención patriótica del compromiso de honor de primero de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho por las especiales circunstancias que lo impusieron, así como las facultades que, para suscribirlo, esas mismas circunstancias otorgaron a los compromisarios; y

5º.- Que aun cuando no se ha demostrado en forma alguna que exista una situación semejante a la que originó el compromiso, que exija la prolongación del interregno convenido, y antes bien, todo parece demostrar que el país desea retornar cuanto antes a la normalidad constitucional, a la cual no podrá llegarse, ni aproximarse siquiera, bajo un régimen gubernativo unipersonal, bien podría adoptarse una fórmula conciliatoria que contemplara el deseo sinceramente humano de la Junta Gubernativa de ver un poco más avanzado el desarrollo de sus planes de gobierno, con el interés nacional claramente manifestado en las elecciones recién pasadas.

Por tanto,

DECRETA:

Artículo 1º.- Amplíase el período gubernativo de la Junta Fundadora de la Segunda República al ocho de mayo de mil novecientos cincuenta.

Artículo 2º.- Una vez promulgada la nueva Constitución que está en estudio, la Asamblea Nacional Constituyente, depositaria del Mandato soberano de la ciudadanía, se declarará Congreso Legislativo Permanente, mientras una futura elección popular, que deberá efectuarse cuanto antes, no designe a sus nuevos Representantes”.

El Diputado LEIVA QUIROS hizo uso de la palabra para justificar su voto afirmativo al Dictamen. Pasó a señalar algunas razones más prácticas y concretas que las apuntadas por la Comisión Dictaminadora, para que el período de la Junta se prolongue hasta el ocho de mayo de mil novecientos cincuenta. Dijo que se había afirmado que los miembros del Partido Unión Nacional estaban reatados por el Pacto Ulate-Figueres, lo que era cierto, pues nadie podía negarse a cumplir ese compromiso de honor; pero que se hacía necesaria su interpretación para tomar una decisión respecto a la prórroga, y saber cuál fue el criterio de las partes signatarias. El señor Leiva leyó algunos conceptos del Mensaje de don Otilio Ulate enviado a la Asamblea Nacional Constituyente, de los que se desprende que el criterio de aquél, al firmar el Pacto, fue que el período de la Junta se prolongara dos años. Si don Otilio ha dicho que ese fue el criterio, que lo animó al firmar el Pacto, y si la otra parte signataria del mismo solicita a la Asamblea señalar el ocho de mayo de mil novecientos cincuenta como término del período de la Junta, pues la situación está bien clara. Además -agregó-, hay una cuestión práctica. Sostiene don Fernando Vargas, con bien fundamentadas razones, que antes de febrero de mil novecientos cincuenta no podrá reunirse el próximo Congreso Constitucional. Si esa es la situación, no veo cómo la Asamblea puede fijar como límite al gobierno de la Junta, el ocho de noviembre, ya que don Otilio Ulate no podrá hacerse cargo de su mandato presidencial, pues en repetidas ocasiones ha dicho que no gobernará un solo día sin Congreso. (El Diputado VARGAS FERNANDEZ interrumpe al orador para decirle que el señor Volio Sancho, en cambio, sí ha creído posible que el próximo congreso ordinario esté reunido antes del ocho de noviembre). Concluyó el señor Leiva diciendo que la única solución es que la Asamblea conceda la prórroga a la Junta, para que continúe sus tareas gubernativas hasta el ocho de mayo de mil novecientos cincuenta, ya que la Asamblea, caso de que la prórroga no pase, no podrá convertirse en Congreso ordinario.

El Representante ESQUIVEL FERNANDEZ expresó que anhelaba como el que más el retorno lo más pronto posible del país a la legalidad y a la constitucionalidad, pero que esa vuelta, por razones políticas obvias, no puede hacerse en los actuales momentos en una forma súbita, sino gradual, por un proceso lógico.

Primero hay que dotar al país de una Constitución y luego elegir una Asamblea Legislativa, ya que don Otilio Ulate ha dicho que no gobernará un solo día sin Congreso. Para decir tal cosa, le sobran a don Otilio razones suficientes ya que si constitucionalmente fue electo, también deseará gobernar constitucionalmente.

Agregó que un modo de alcanzar esa legalidad en una forma gradual, la constituye el proyecto de decreto aprobado hoy, y el proyecto de resolución sometido por la Comisión Dictaminadora respecto a la prórroga. En ambas resoluciones se limita la potestad legislativa de la Junta, lo que significa que en el futuro ésta no continuará legislando por medio de Decretos-Leyes sorpresivos, inconsultos, que han motivado la desconfianza por la que atraviesa el país. Especialmente el proceder del Ministro de Economía, al congelar súbitamente y sin necesidad alguna los depósitos bancarios, socavó la confianza del pueblo en la Junta. Explicó que sus palabras no podían interpretarse como cargos personales contra ninguno de los integrantes de la Junta, pues reconoce que todos son funcionarios honestos y patrióticos. Luego pasó a referirse a otros conceptos. Se ha dicho que la política es una cuestión de realidades. ¿Qué podrá ocurrir si la Asamblea no aprueba la prórroga? ¿Cuál, entonces, sería la situación? Don Otilio ha dicho que no gobernará un solo día sin Congreso, y que si el Pacto es variado no asumirá la Presidencia de la República en tanto ello signifique violación del mismo. La situación que se le presentará al país será catastrófica. ¿Podrá la Asamblea nombrar un Presidente Provisional? Aunque no está facultada para ello, si así lo hiciese, no habrá cambiado la situación, ya que lo que se ha hecho es cambiar un gobierno de facto por otro similar. ¿Que ventajas tendrá para el país el hecho de que la Asamblea le niegue a la Junta la prórroga? Ninguna.

Esto no significa que sea defensor de la Junta, cuyas actuaciones he criticado acerbamente en varias oportunidades. Es verdad que en la calle hay gentes que le detienen hablándole contra la prórroga, pero no le dan la solución, sino que se conforman con criticar sin construir. Veo las cosas con un criterio realista que sólo aspira al bienestar de Costa Rica. Para resolver la situación política que se nos presenta, la Asamblea tiene que actuar con sensatez, sin apasionamientos de ninguna clase. El pueblo nos ha traído para que resolvamos los problemas que se nos presenten con criterio de hombres sensatos. No podemos hacernos eco de las diatribas contra la Junta y decirles a sus miembros que se vayan para su casa, ya que estaríamos obrando movidos por pasiones, y el país necesita la tranquilidad y el decoro. Si procedemos así, el juicio de la historia nos será favorable, ya que sólo aspiramos a la salud de la República, respetamos la santidad de un Pacto y procedimos con honestidad.

El Diputado MONGE RAMIREZ, como miembro de la Comisión Dictaminadora, explicó al señor Zeledón el motivo por el cual no se hizo mención del Pacto Ulate-Figueres en su Dictamen. Al proceder así, lo hicieron para que no se dijera que trataban de forzar la voluntad de sus compañeros. Además, como miembros del Partido Unión Nacional les pareció innecesario mencionar un Pacto que todos conocen. Lo que hizo-concluyó el señor Monge-, fue acoger una situación nacional, pues muchos se quejaban de las actuaciones sorpresivas de la Junta, acogiendo el ofrecimiento de ésta de someter a la Asamblea todos los asuntos de importancia. Nuestra actitud fue conciliatoria, de acercar pareceres, de limar asperezas, en beneficio del país.

El Representante ARROYO inició una larga exposición para justificar su voto negativo al Dictamen. Se refirió, en primer término, a los argumentos en pro de la prórroga de los que le antecedieron en el uso de la palabra. Dijo que había esperado que le hablaran de la gran labor realizada por la Junta de Gobierno, de la grandiosidad de sus Decretos-Leyes, como los que nacionalizaron la banca particular y crearon el impuesto del diez por ciento al capital, para justificar, de esta manera, la prórroga. Pero nunca se imaginó que justificaran la misma basándose en el Pacto Ulate-Figueres, lo que le ha parecido un sacrilegio, ya que en el mismo no hay una sola cláusula que obligue a la fracción mayoritaria de la Asamblea a conceder la prórroga. Luego el señor Arroyo pasó a referirse a los hechos por los cuales se había apartado de la Junta, después que ésta asumió el Poder. Muchos de los principios por los que el pueblo de Costa Rica fue a la revolución, han sido pisoteados y dejados a un lado por la Junta, con lo que traicionó los ideales de aquélla. La lucha contra Calderón Guardia -explicó-, fue una lucha contra la corrupción y la inmoralidad, contra los vicios del régimen: el nepotismo, las injusticias en las oficinas gubernamentales, la burla del sufragio popular, etc. todos esos vicios fueron formando en el pueblo, esa mística que le hizo llegar a la conclusión de que era preferible la muerte, antes de continuar viviendo bajo un régimen que todo lo había corrompido. Explicó luego la forma en que él y su hermano abandonaron el hogar, después del asesinato del Dr. Valverde, para incorporarse a la revolución en San Marcos de Tarrazú. Partieron del hogar sin armas, sin esperanzas de triunfar, únicamente con el deseo de dejar constancia ante la historia de su más enérgica protesta contra los crímenes del régimen. Estaban casi seguros de que no retornarían al hogar.

Durante varios días y varias noches caminaron desde Alajuela hasta San Marcos de Tarrazú, donde se unieron a las fuerzas revolucionarias. Agregó que durante toda esta jornada, ningún campesino les dijo que estaban luchando por perpetrar un gobierno de facto de dos años, para que a don Otilio Ulate se le obligara a firmar un Pacto al entrar las fuerzas victoriosas a Cartago. Luchaban por devolverle a Costa Rica la dignidad y la libertad, para que se respetara el veredicto popular de las elecciones de febrero. Sin embargo, la Junta, una vez que asumió el Poder, se olvidó de estos principios. Dijo cómo al entrar a Cartago, luego de una marcha tremenda, se enteró por boca de un oficial extranjero, que una Junta Revolucionaria había asumido el Poder. Después, en el primer discurso de don José Figueres, pronunciado en San José, se ignoró el nombre de don Otilio Ulate exprofeso. Los revolucionarios, embriagados de pólvora, se negaron a entregarle a Ulate la presidencia, ya que no había empuñado las armas. Algunos hasta llegaron a decir que don Otilio no podía asumir la presidencia, pues las elecciones que le dieron el triunfo habían sido anuladas por los tristemente célebres “veintisiete” Diputados. Luego se refirió a la forma en que se obligó al señor Ulate a firmar el Pacto con don José Figueres. Si don Otilio pactó fue para evitarle al pueblo más derramamientos de sangre. En virtud de ese Pacto-continuó diciendo el señor Arroyo-, se eligió la Asamblea Nacional Constituyente, en cuyas manos se dejó el asunto de la prórroga. Tenemos que respetar el Pacto, ya que los candidatos del Unión Nacional, al ser postulados, tenían conocimiento del mismo y la obligación de acatarlo en cada una de sus cláusulas. Por otra parte, el pueblo lo ratificó en cierta forma, al votar por don Otilio Ulate en las elecciones pasadas. Pero de ninguna manera se está irrespetando el Pacto si no se concede la prorroga. Manifestó que emplazaba a cualquiera para que le dijera en qué forma estaba irrespetando el mismo, si se negaba a concederle a la Junta la prórroga de su mandato. Luego pasó a referirse a la forma cómo se integró la Junta, primer gran error cometido por ésta. El argumento de que se había luchado para que gobernaran los más aptos y no los más adictos, cayó por su propio peso al integrarse la Junta, ya que muchos de sus Ministros no tenían ninguna capacidad para desempeñar sus cargos. Sin embargo, el orador expresó que ante la capacidad y eficiencia de varios miembros de la Junta, se descubría. Citó concretamente, en este aspecto, los casos de los señores Orlich y Valverde Vega. Se refirió, también, a los motivos por los cuales, pese a su aversión por la Junta, aceptó el nombramiento como Director del Registro Electoral, pues a don Otilio Ulate se le habían ofrecido garantías de que contra su partido no se cometería ningún fraude en las elecciones de Constituyente, dejando en las manos de un partidario suyo la dirección del Registro Electoral. Esa fue la razón por la que aceptó el nombramiento, pero una vez que estuvo seguro que la situación se había normalizado, que la Junta no estaba en capacidad de hacerle una jugada a don Otilio Ulate, abandonó la dirección y se marchó para su casa. Seguidamente, pasó a analizar varias de las actuaciones y desaciertos de la Junta, que demuestran que ésta ha traicionado los principios por los que se luchó contra el régimen anterior.

Hablo sobre los desórdenes provocados por un grupo de militares en San Ramón, sin que fuera destituido ninguno de ellos. En cambio, a un empleado de la Gobernación, por una leve falta, se le despidió de su cargo. Es decir, han existido dos procedimientos distintos en dos casos similares. Se dijo que una vez abolido el nefasto régimen de los Picado-Calderón, la crítica iba a ser un derecho de los costarricenses, pero no ha habido tal. La Junta más bien parece que está con aquella frase somociana de la “la crítica pasa, pero el Poder queda en casa”. Se refiere a la gran cantidad de ex-combatientes que se han quedado sin un puesto, mientras que funcionarios adictos al viejo régimen permanecen en sus elevadas posiciones, como el caso concreto del Asesor Legal del Ministerio de Agricultura, que fue nada menos que Cónsul de Picado en Canadá. Habla sobre la excesiva elevación de los sueldos decretada por la Junta, pero de los sueldos altos, mientras que los funcionarios y empleados de baja categoría, continúan devengando sus sueldos de hambre. Del excesivo aumento de la burocracia, que ha traído como consecuencia el más elevado presupuesto, aún superior a los de la administración anterior, que fue criticada duramente en este aspecto. Aclaró, sin embargo, que de sus palabras no podía desprenderse de ninguna manera que estaba lanzando cargo alguno contra nadie, ni que los dineros de la Nación han sido robados, pues era el primero en reconocer la honorabilidad de los funcionarios del actual régimen. Así como criticaba las cosas malas, reconocía las virtudes de la Junta, que en este sentido de la inversión de los fondos públicos han procedido en la forma más limpia y honesta. Luego se refirió a otro vicio de la Junta, que también fue criticado acerbamente por la Oposición al régimen de Picado: la no publicación de los gastos públicos.

Pasó a analizar la desconfianza surgida en el país en virtud de la promulgación de Decretos-Leyes revolucionarios, sin consulta previa a la opinión pública.

Quedando en el uso de la palabra el Representante Arroyo Blanco, a las diez horas y quince minutos de la noche terminó la sesión.- Marcial Rodríguez C., Presidente.- Fernando Vargas F., Primer Secretario.- Gonzalo Ortiz M., Segundo Secretario.

ANEXO AL ACTA Nº 34

San José, 16 de marzo de 1949.

Señor Presidente de la Junta de Gobierno don José Figueres Ferrer.

Casa Presidencial.

Señor Presidente:

En relación con la solicitud formulada por la Honorable Junta de Gobierno a la Asamblea Nacional Constituyente, en exposición de quince de enero del corriente año, párrafo cuarto, nos permitimos transcribirle la declaración que esta Asamblea acordó y cuyo texto se publica en la “La Gaceta” de hoy:

“LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, Resolviendo sobre la instancia que le fue formulada por la Junta Fundadora de la Segunda República, en mensaje del quince de enero próximo pasado, párrafo cuarto,

DECLARA:

Que la Junta Fundadora de la Segunda República ha tenido facultades bastantes para legislar, desde el día de su instalación, las cuales conservará mientras ejerza el poder, por el término que esta Asamblea determine al conocer de la solicitud de la prórroga del período de gobierno de la misma Junta. Sin embargo, a partir de esta fecha, todo proyecto de ley y todo contrato de importancia trascendental para la vida del país, a juicio de dicha Junta, será sometido a la aprobación de esta Asamblea, y si durante su período de gobierno se instala el Congreso Constitucional, la Junta cesará desde entonces en sus funciones legislativas. En vista de que la Junta de Gobierno ha reconocido la intervención que esta Asamblea puede tener en la legislación de importancia trascendental para el país, la Asamblea podrá, a juicio suyo, solicitarle a la Junta que le envíe cualquier asunto de dicha importancia. Esta declaratoria no implica juicio alguno en particular sobre los actos llevados a cabo o que se ejecuten en ejercicio de dichas facultades, sin la aprobación de la Asamblea Nacional Constituyente y por los cuales, en consecuencia, ninguna responsabilidad le cabe; ni impide que la futura Asamblea Legislativa o Congreso Constitucional ratifique, enmiende o derogue los respectivos Decretos-Leyes, y tampoco significa aprobación, tácita ni expresa, de ninguna contratación, concesión administrativa, cuya efectividad o vigencia dependan expresamente de esta declaratoria.

Dado en el Salón de Sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente.- Palacio Nacional.- San José, a los once días del mes de marzo de mil novecientos cuarenta y nueve.- Marcial Rodríguez C., Presidente.- Fernando Vargas F., Primer Secretario. Gonzalo Ortiz M., Segundo Secretario”.

Del señor Presidente, muy atentos servidores,

(f.) Fernando Vargas F.                   (f.) Gonzalo Ortiz M.

Primer Secretario                            Segundo Secretario

_______

Junta Fundadora de la Segunda República

Presidente

San José, marzo 21 de 1949.

Señores Secretarios:

Tengo el gusto de acusar recibo y de agradecer a ustedes su apreciable comunicación de dieciséis del corriente mes, por la que me trascriben la declaratoria emitida por la Asamblea Nacional Constituyente en relación a la instancia formulada por la Junta Fundadora de la Segunda República en el párrafo cuarto del mensaje del quince de enero del año en curso, y que se contrae a la aprobación de las facultades legislativas de la Junta de Gobierno.

De los señores Secretarios muy atento servidor,

(f.) José Figueres

ACTA No. 35

Nº 35.- Trigésima quinta acta de la sesión celebrada por la Asamblea Nacional Constituyente, a las quince horas y media del día catorce de marzo de mil novecientos cuarenta y nueve, bajo la Presidencia del doctor Rodríguez. Presentes los señores Diputados Vargas Fernández y Ortiz, Secretarios; Herrero, González Flores, González Herrán, González Luján, Volio Sancho, Volio Jiménez, Arias, Sotela, Guido, Madrigal, Leiva, Brenes Mata, Gómez, Arroyo, Valverde, Esquivel, Vargas Vargas, Vargas Castro, Baudrit González, Fournier, Monge Álvarez, Montealegre, Trejos, Bonilla, Dobles Segreda, Zeledón, Acosta Piepper, Acosta Jiménez, Jiménez Núñez, Pinto, Montiel, Baudrit Solera, Monge Ramírez, Guzmán, Gamboa; y los suplentes Jiménez Quesada, Lobo, Castro Sibaja, Chacón Jinesta, Rojas Vargas y Elizondo.

Artículo 1º.- Se leyó y aprobó el acta de la sesión anterior.

Artículo 2º.- El Diputado Zeledón Brenes presentó la siguiente moción de orden: “Habiendo notado en las conversaciones con varios compañeros que existen dudas acerca de si votando el dictamen en la forma escueta e incondicional en que la Comisión lo ha formulado, ya sea afirmativa o negativamente, queda cancelado el debate sobre este negocio y no será posible entonces fijar las condiciones de mi proposición que a algunos de ellos interesa. Muchos quisieran votar la prórroga y no la votarán en forma incondicional. Por lo que considero pertinente que la Mesa o la Cámara, en su caso, se pronuncien previamente sobre cuál será la suerte de mi contra-dictamen, en caso de ser aprobado el dictamen único presentado”.

La Mesa pone en conocimiento de la Asamblea que en su concepto la moción del señor Zeledón podrá ser discutida una vez que se apruebe o impruebe el dictamen presentado, durante la discusión general del mismo, pero que desea recabar la opinión de los Diputados al respecto.

Sometida a votación la moción del Representante Zeledón, fue desechada.

Artículo 3º.- Se continuó en la discusión General del dictamen sobre la prórroga.

El Diputado ARROYO continuó en el uso de la palabra, terminando la exposición iniciada en la sesión anterior. Pasó a referirse, primeramente, al llamado crimen de Codo de Diablo, donde perecieron varias personas durante la pasada emergencia. Dijo que no había votado la moción para que tales sucesos se investigaran, de acuerdo con la solicitud de los comunistas, presentada a la Asamblea en días pasados, ya que eso significaba pérdida de tiempo, desviándose la Cámara de sus funciones primordiales. Criticó duramente la actitud de las autoridades ya que al pueblo costarricense se le prometió luchar por la instauración de la justicia, buena para todos, sin discriminación alguna de raza, nacionalidad o partidarismo político. En cambio, en el asunto de Codo del Diablo se procedió contrariamente a este principio de la revolución, pues a los autores apenas se les trasladó de puesto. Lo justo hubiera sido que se les suspendiera de los mismos, hasta tanto una investigación no viniera a decir verdaderamente qué fue lo que ocurrió, si hubo crimen o no. Aclaró que no deseaba entrar a analizar la conducta de los comprometidos en tales sucesos; que traía el ejemplo a colación, como una prueba de que la justicia no ha sido cumplida en este caso. Si los autores del crimen resultan culpables, pues para eso están los tribunales ordinarios para condenarlos, o absolverlos en caso contrario.

Luego censuró la actitud seguida por los miembros de la Junta, que se dedicaron a la tarea, una vez llegados al Poder, de hacer proyectos y más proyectos, alejados de la realidad nacional. Volvió a referirse a la diferenciación que él ha hecho entre una revolución desde el punto de vista formal y desde el punto de vista histórico. Nuestra revolución fue del primer tipo; el pueblo fue a la revolución, no para instaurar un nuevo orden, para que se transformara la vida del país mediante medidas económicas como la nacionalización de los bancos, sino para restaurar la libertad y la dignidad atropelladas por los hombres del régimen anterior.

Se luchó contra el nepotismo, contra las injusticias, contra las persecuciones de los empleados públicos. Aclaró, al referirse a la nacionalización bancaria, que no entraba a analizar si tal medida era buena o mala, conveniente o inconveniente, sus ventajas y desventajas; que la criticaba por cuanto una resolución de esta magnitud había sido decretada en una mesa de once individuos, sorpresivamente, sin consulta previa a la opinión pública. Si tal medida hubiese venido a una Asamblea Legislativa, estudiada en todos sus aspectos, posiblemente él le hubiese dado su voto afirmativo. Y es que hay una gran diferencia entre las medidas tomadas en un Gobierno dictatorial, sin consulta, y las decretadas bajo un régimen democrático, de respeto a la opinión pública. Agregó que mediante el Pacto Ulate-Figueres, la Junta violó uno de los principios democráticos por los que el pueblo fue a la lucha, ya que se estipuló en el mismo que la Junta gobernaría sin Congreso por espacio de dieciocho meses. Se dijo, al redactarse esa cláusula, que la limpieza del país demandaba que la Junta gobernara sin ningún obstáculo, pero en el fondo había otros intereses. Dijo que reconocía que muchos de los proyectos de la Junta eran del agrado del pueblo, que don José Figueres y su Ministro de Economía son sinceros y patriotas, pero se han equivocado en su forma de gobernar. De nada valen las buenas intenciones, si a la hora de llevarlas a la práctica se equivocan los medios de realizarlas.

Pasó a hacer una diferenciación entre la hacienda privada y la de Estado.

Si en la primera se pueden llevar a cabo todos los proyectos que se quieran; en la segunda hay que obrar con más cuidado, pues la Hacienda Pública es patrimonio de todos los costarricenses sin distinción. Luego se refirió al impuesto del diez por ciento al capital, creado por la Junta. Expresó que era cierto que al principio lo había defendido, pues piensa que los capitalistas tienen la obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos de la Nación, así como otros contribuyeron con su sangre para acabar con un régimen corrompido. Si censura el impuesto del diez por ciento ha sido porque se dijo que el dinero recogido por concepto del mismo, iba a ser empleado en actividades reproductivas.

Sin embargo, nada de eso se ha hecho. Más bien ha servido para cerrar los grandes déficits debidos a los altos presupuestos. Los numerosos organismos burocráticos instaurados por la Junta han absorbido los millones de colones recaudados por concepto de ese impuesto. Se han creado una serie de Juntas y organismos de muy distinta naturaleza, con funcionarios que devengan elevadísimos sueldos. Manifestó que se estaba en la obligación de analizar la conducta de los hombres de Gobierno, justificando así la concesión de la prórroga.

La Junta ha solicitado la ampliación de su período, pero no ha dicho para qué. Se dice por algunos que la prórroga es necesaria para que la Junta realice sus proyectos. Otros sostienen que se hace indispensable, ya que es imposible que en noviembre del presente año esté reunido el Congreso. Agregó que esos no eran argumentos para justificar la prórroga, pues así como en diciembre fue posible realizar una elecciones limpias, con muchas más razones se podrán llevar a cabo elecciones en noviembre. ¿Por qué se tiene tanto temor de ir a elecciones en noviembre? Perfectamente se puede restablecer la Constitución derogada y entrar así a la normalidad constitucional, tan anhelada por todos. También se refirió el señor Arroyo a los dos Decretos-Leyes mediante los cuales se declaró símbolo nacional la bandera de un partido y se inscribieron tres partidos minoritarios. Esta segunda medida, le parece grave, pues deja un pésimo precedente.

Expresó que él era el primero en reconocer muchos de los aciertos de la Junta, el patriotismo con que ha obrado en determinadas ocasiones, pero que el pueblo no quiere la prórroga, pues está cansado de Gobierno de Facto. Si hay Presidente Electo, el país no tiene por qué vivir en la anormalidad. Además, las elecciones del ocho de diciembre pasado tienen un gran significado: que el pueblo sigue estando con Ulate y que una gran parte de ese pueblo no está de acuerdo con la política de la Junta. Las elecciones han sido el termómetro para saber si el pueblo quiere o no quiere que a la Junta se le prorrogue su mandato. El pueblo no quiere la prórroga, aunque muchos están con ella por temor a un golpe de estado de parte de los militares, si no se concede. Dijo que él creía incapaces a los militares de un atentado contra las instituciones democráticas, máxime que todos ellos se habían jugado la vida para devolverle al país la libertad. Lugo pasó a decir que él creía que quienes estaban con la prórroga le iban a pedir a la Junta, cuando menos, una rendición de cuentas de lo actuado, pues no concibe que se conceda sin antes examinar qué ha hecho la Junta, cómo ha invertido los dineros de la Nación. La Junta tiene la obligación de rendir al menos un informe de sus labores o que envíe a la Asamblea a uno de sus Ministros a explicar lo hecho y los planes futuros de Gobierno, en el caso de que la prórroga se otorgue. Sin embargo, la Junta no ha hecho nada de esto. Conceder una prórroga en esta condición, es dar un voto en blanco, de confianza a la Junta, actitud muy propia de los Congresos del régimen anterior. Terminó diciendo que por un imperativo de su conciencia, por ser fiel a la voluntad del pueblo que lo eligió, no daría su voto a la prórroga del mandato de la Junta.

El Representante HERRERO hizo razonado su voto, en la siguiente forma:

Señores Diputados: Con el objeto de ir abreviando en la discusión de este proyecto, ya que en la del anterior gastamos más tiempo del debido, quiero hacer las siguientes manifestaciones, con ruego de que consten en el acta.

Yo no le voy a dar el voto en ninguno de sus trámites al proyecto de prórroga del período de Gobierno de la Junta, por las siguientes razones:

1ª.- Porque me pareció poco justa o injusta la integración de la Junta de Gobierno. Creía yo, después de la larga lucha que sostuvo la ciudadanía contra los regímenes caídos, lucha que se dividió en dos etapas, la civil o eleccionaria y la armada o bélica, y en la cual participaron varios partidos de oposición, la integración de la Junta de Gobierno se haría a manera de un Gobierno de Concentración Nacional o más bien un Gobierno donde se le diera representación a todos los partidos de oposición o por lo menos a todas las tendencias de la oposición. Pero grande fue mi extrañeza, desde el principio, cuando ví que la Junta de Gobierno se había integrado con personas, todas muy distinguidas y trabajadoras, pero de la misma ideología y pertenecientes o simpatizantes todas ellas de uno sólo de los partidos que formaron la oposición. Entiéndase que mi crítica no va contra ninguno de los miembros de la Junta de Gobierno en particular, sino contra el conjunto, o más bien contra el criterio con que se hizo esa integración. Creo también que la obra fundamental casi única de la Junta de Gobierno era la de allanar el camino para el Gobierno Constitucional, removiéndole todos los obstáculos, para eso aceptó el país el Gobierno de Facto, pero muy pronto se vió que la Junta de Gobierno se preocupaba más de transformar el país, que de su objetivo principal.

2ª.- Porque creo que la Junta de Gobierno se ha excedido en su obra legislativa. Ya hemos oído aquí a muchos de los distinguidos abogados de esta Asamblea explicarnos a propósito del proyecto anterior, lo que es un Gobierno de Facto, y de esas exposiciones, yo he sacado la conclusión que todo Gobierno de Facto tiene poderes para legislar, sobre todos aquellos asuntos indispensables para la Nación, es decir, que no pueden esperar un año o más a que se instale un Congreso ordinario, y tiene además obligación de legislar en todos los otros asuntos necesarios para volver lo más pronto posible a la constitucionalidad. Sin embargo, entre los cuatrocientos Decretos-Leyes o más, que ha emitido la Junta de Gobierno algunos no debieron dictarse, sino durante el período de un Gobierno Constitucional. Pero voy más allá, pienso que cuando se dieron los dos Decretos-Leyes más importantes, el impuesto de diez por ciento y la nacionalización bancaria, la Junta de Gobierno hizo una maniobra suspendiendo las garantías individuales para evitar que la ciudadanía se manifestara en su contra, acción esa que yo califico de tiránica o de acción típica de un Gobierno usurpador.

No entro a calificar la obra administrativa de la Junta de Gobierno, porque ya lo ha hecho brillantemente el compañero Arroyo Blanco con la precisión que lo caracteriza.

3ª.- Porque no me satisface la fórmula de consulta aprobada por esta Asamblea. Esa forma de consulta, por medio de la cual, la Junta de Gobierno someterá a la consideración de esta Asamblea, los asuntos de importancia trascendental para la República, a juicio de la Junta de Gobierno, con ofrecimiento de acatar lo dispuesto por la Asamblea, sea esto favorable o desfavorable al criterio de la Junta, a mi entender no se llama consulta sino aprobación, y me parece necesario ir llamando las cosas por su nombre.

Tampoco me satisface la expresión “importancia trascendental”; me parece que con haber dicho “los asuntos de importancia”, o “los asuntos graves para la República”, sobre todo, que es la Junta de Gobierno la única que los va a juzgar, para decir si tienen esa “importancia trascendental”.

4ª.- Finalmente, la oportunidad y forma en que ha hecho la Junta de Gobierno, la solicitud de prórroga de su período de mando, tampoco la encuentro acertada. Pensaba yo que esta solicitud de prórroga vendría después de un año de Gobierno o con posterioridad a la rendición de cuentas e informes resumido de su labor, que la Junta de Gobierno le dirigirá al país o a esta Asamblea. Pero las cosas no han sucedido así; la solicitud de prórroga fue enviada a esta Asamblea a los nueve meses de Gobierno de la Junta y la información resumiendo la gestión administrativa de dicha Junta, no ha llegado aún. Tampoco se nos ha dicho, como lo manifestó el Diputado Zeledón Brenes, para qué quiere la Junta de Gobierno la ampliación de su período, que obras va a realizar o que asuntos le faltan por resolver. Pero quiero llamar la atención de los señores Diputados del Partido Unión Nacional, para decirles que estamos más obligados que los señores Diputados de los otros partidos, a pedirle a la Junta de Gobierno, el resumen de su gestión administrativa, con la respectiva rendición de cuentas, ya que somos los Diputados del Partido Unión Nacional los que secundamos a don Otilio Ulate en la suscripción del pacto, por medio del cual nos gobierna la Junta en las condiciones en que lo ha venido haciendo.

Yo debo decir también, que no creo que sea imposible a esta Asamblea, poder dar la Constitución antes del ocho de noviembre del presente año, y lo digo porque si la Comisión Redactora, que no tenía ninguna base para su discusión, hizo el Proyecto de Constitución en cinco meses, teniendo que apresurarse al final para terminarlo en ese tiempo que fue el preestablecido: la Asamblea que tiene esa y otras bases para la discusión, podría comprometerse en igual forma, para entregar la Constitución terminada en los siete meses y resto que faltan para la fecha fijada. Si los supremos intereses del país lo exigen, no veo razón para que no se haga; aun cuando sea necesario sesionar dos o tres veces al día, eso no constituiría ninguna novedad, ya que casi todos los Congresos del país lo han hecho al finalizar su período ordinario, para poder despachar todos los asuntos sometidos a su consideración. Pero si al vencimiento de ese plazo, la Constitución no estuviera terminada, podría ponerse en vigencia la parte aprobada adicionándola provisionalmente con lo que falta por discutirse, tal y como lo han sugerido algunos de los señores abogados de esta Cámara. En esa forma, perfectamente se podría llamar a elecciones antes del ocho de noviembre, ya que así lo ha manifestado el ex-Director del Registro que preparó las elecciones del ocho de diciembre en escasos meses y devolverle al país la vida constitucional que tan imperiosamente reclama.

Por todas estas razones, es que yo le doy mi voto negativo a la prórroga.- Juan José Herrero H.

El Diputado PINTO ECHEVERRIA presentó la siguiente moción de orden:

“Para seguir cumpliendo fielmente el Pacto de Honor Ulate-Figueres del primero de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho que con respecto a la prórroga del período de Gobierno de la Junta Fundadora de la Segunda República, dice:

“Una vez terminado su período de Gobierno de dieciocho meses, la Junta de Gobierno pedirá, si lo tiene a bien, una prórroga hasta por seis meses más a la Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de terminar su plan de Gobierno”.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, la Asamblea Nacional Constituyente, acuerda: “Posponer por lo menos hasta el quince de octubre de mil novecientos cuarenta y nueve la discusión de la prórroga del período de Gobierno de la Junta con el objeto de entrar a conocer inmediatamente de los dictámenes del Proyecto de Constitución y la redacción definitiva de nuestra futura Constitución Política”. Dijo que de no votarse su moción, su voto sería negativo para la prórroga, pues necesita saber cómo funcionará el régimen de consulta.

Los Representantes ACOSTA JIMENEZ, VOLIO SANCHO, GUIDO y SOTELA, expresaron que no votarían la moción anterior, ya que el país necesita definir la actual situación política planteada. Además, las dos partes signatarias del Pacto han creído conveniente que la Asamblea discuta desde ya el asunto de la prórroga, antes que la Junta concluya su período original de dieciocho meses, por otra parte, la Asamblea al votar la moción del Diputado Volio Sancho acordó que tanto la prórroga, como las facultades legislativas de la Junta, se discutirían hasta su votación definitiva.

El Diputado MONTEALEGRE manifestó que la moción del señor Pinto le parecía muy justa y conveniente, pues no se puede dar la prórroga sin saber cómo la Junta se comportará en el futuro.

Sometida a votación, fue desechada.

El Representante FOURNIER hizo uso de la palabra para justificar su voto afirmativo a la solicitud de la prórroga. Empezó diciendo que no iba a hacer, como el señor Arroyo, un amplio análisis de la obra de la Junta, defendiendo punto por punto cada una de sus actuaciones, no porque no lo mereciera aquél, cuyo patriotismo y sinceridad reconoce, sino porque es improcedente hacer tal análisis. Agregó que bien podría irle confrontando a cada uno de los errores de la Junta, señalados por el Diputado Arroyo, un acierto indiscutible de la misma. Pero tal camino a nada conduce, ya que el país necesita una solución pronta y rápida de este asunto. Además, a todo Gobierno se le puede criticar, ya que siempre hay cosas buenas y malas. El mismo Partido Social Demócrata, que algunos llaman oficial, ha criticado en diversas ocasiones actuaciones de la Junta. Ningún Gobierno está exento de críticas. Aún si el señor Arroyo fuera a analizar la política del Vaticano, no obstante que la dirige nada menos que el representante de Cristo en la tierra, encontraría grandes errores. A los pecados de la Junta, hay que reconocerle sus grandes virtudes, como las que ha tenido al dar amplia libertad para que esta Asamblea se reúna. Se refirió a la situación imperante a fines del mes de abril del año pasado, cuando las fuerzas victoriosas de don José Figueres habían entrado a la ciudad de Cartago y cuando el Gobierno de Teodoro Picado había renunciado. Entonces una larga caravana de personas se trasladó de San José a los cuarteles de los revolucionarios en Cartago. Entre esas personas iban algunas que le aconsejaban a don José Figueres asumir el Poder, haciendo a un lado a don Otilio Ulate. Ante esa situación -dijo-, regresé preocupado a San José, donde me encontré con mi compañero Rodrigo Facio. Ambos mediamos para que esas ideas no tuvieran eco en los vencedores, pues estábamos porque a don Otilio se le respetaran sus derechos. Muchas de aquellas personas que aconsejaron a don José Figueres perpetuarse en el poder, que le volviera la espalda a don Otilio Ulate, están ahora empeñadas en que la Asamblea desconozca al primero, ignorando al Libertador de Costa Rica. Luego se refirió al Mensaje del señor Ulate enviado a la Asamblea y que él califica de uno de los actos más sublimes de su vida. En ese Mensaje don Otilio está indicando el camino a seguir: el de la decencia, el del patriotismo, el que mira a los grandes intereses de Costa Rica, y no a los pequeños intereses personales. El gesto del señor Ulate es digno de admiración, comparado a ese otro gesto de don José Figueres al decir que él jamás pisotearía la voluntad popular, ni traicionaría la amistad de don Otilio, cuando alguien le surgió que irrespetara el Pacto de Honor firmado con éste. Estos dos gestos son los que deben señalar el camino a la Asamblea, para que Costa Rica llegue cuanto antes a la constitucionalidad. Concluyó diciendo que estaba con la prórroga, como medio para que la armonía vuelva a la Nación.

Los Representantes TREJOS QUIROS y BRENES MATA, razonaron sus votos de la siguiente manera:

El señor Trejos Quirós, dijo:

“Mi voto para la prórroga del período de la Junta de Gobierno tendrá que ser negativo. Me hago eco de la opinión de un gran sector de la ciudadanía que no está conforme con la prolongación de la etapa de Gobierno de Facto más allá de dieciocho meses.

Reconozco los méritos muy apreciables de los ciudadanos que gobiernan; los servicios que ellos prestaron al país en el terreno militar, son de valor inestimable; el éxito alcanzado por ellos fue brillante; pero en el terreno político-administrativo los resultados de su gestión son negativos. Creo que la causa del mal éxito del actual Gobierno es haber seguido una política que se aleja mucho del pensamiento nacional e internacional sobre los límites del poder del Estado.

La Junta de Gobierno ha incurrido en una de las equivocaciones de las dos Administraciones anteriores; atribuirse demasiados derechos. Ha seguido, como aquéllas, la política de acumulación de funciones en el Estado, para disponerlo todo, para intervenir en todo, entrando en la esfera de acción que siempre estuvo reservada a los particulares. En el proyecto de Ley Fundamental que propone la Junta, está dispuesta esa misma orientación para los Gobiernos futuros.

Es evidente que el resultado de esa política seguida durante varios años, ha sido contraproducente para el país. La iniciativa privada está en su mínima expresión, los gastos públicos están duplicados, el presupuesto del Estado nunca logra nivelarse, la moneda se desvaloriza y la vida se encarece cada día más. Esta situación del país no puede prolongarse mucho tiempo; es necesario un cambio de orientación política lo más pronto que sea posible, para que renazcan en los individuos las actividades productivas con vigor y confianza”.

El señor Brenes Mata razonó su voto positivo, en la siguiente forma: “Corresponde a esta Asamblea decidir lo que más convenga a los intereses del país, sobre la solicitud que ha formulado la Junta de Gobierno para que se prorrogue por un plazo de seis meses más, la facultad de ejercer el Poder, en las condiciones que fueron previstas en el Pacto de Honor Ulate-Figueres, firmado el primero de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho. Sobre asunto de tanta trascendencia, todos hemos tenido que reflexionar con gran espíritu de responsabilidad. No obstante, pienso yo, que para los Representantes que pertenecemos al Partido Unión Nacional, el asunto ofrece menores dificultades, ya que, por lógica consecuencia, que no debe interpretarse por fácil incondicionalidad, ha de servirnos de guía la clara determinación de nuestro ilustre Jefe y Presidente Electo, contenido en su Mensaje a esta Asamblea, cuyos términos, al referirse concretamente a la solicitud de prórroga, son claros y precisos. Claro está, además, que para decidirnos en asunto de tanta importancia, estamos en el deber de despojarnos de todo sentimiento personal, olvidándonos de los intereses particulares, para pensar únicamente en los intereses de nuestro país, cumpliendo así con los deberes inherentes a nuestra investidura de fieles Representantes. Y, haciendo buenas mis palabras, por lo que a mi corresponde, no obstante haber sufrido la persecución ensañada de uno de los Ministros del actual Gobierno, tal circunstancia no ha de pesar en mi ánimo para mis decisiones como Representante de esta Asamblea. La Junta de Gobierno considera que le son necesarios dos años de Gobierno para desarrollar sus planes de trabajo. Desde un punto de vista de buena fe, yo considero razonable la solicitud, si he de tomar como punto de comparación el caso presente del Concejo Municipal de San José, del cual tengo el honor de formar parte, sin que el paralelo implique que no realice el grado de importancia de las funciones de un Gobierno local y otro nacional. En el año escaso de labores, apenas se puede decir que el Concejo Municipal ha dejado sentadas las bases de reorganización administrativa, trabajo arduo que nos impusimos habida cuenta del desastre que nos tocó en suerte recibir del régimen anterior, cuyas corruptelas mantenían su hacienda en permanente insolvencia. Mis compañeros, casi todos ellos hombres jóvenes y todos ellos verdaderos esperanzas para la patria, con gran espíritu de desinterés, de esfuerzo inagotable y de gran capacidad de trabajo, consideran, y yo pienso como ellos, que su labor no corresponderá a sus esfuerzos si no se les da la oportunidad de desarrollar el programa de sus planes de trabajo en bien de la ciudad capital, durante un año más de labores eficientes. Por eso digo, que si la Junta de Gobierno la animan los mismos propósitos que a los jóvenes del Concejo Municipal, yo estoy por que hay que darles la oportunidad que honradamente solicitan. Ello tiene también la ventaja de que nos permitirá valorar con precisión la eficacia o ineficacia de las medidas trascendentales puestas en práctica por la Junta de Gobierno que permitirá a la próxima Administración iniciar sus labores sobre un panorama más clarificado, en cuanto a las medidas de Gobierno a que acabo de referirme. Dejo razonado así mi pensamiento favorable al fondo del dictamen que se está debatiendo”.

El Diputado Sotela expresó que en la actitud del señor Brenes Mata se sintetizaba la grandeza del pueblo de Costa Rica, ya que, a pesar de haber sido agraviado por un Ministro de la Junta, le abona a ésta lo que hay que abonarle, dejando a un lado ofensas personales. Luego se refirió a las dos intervenciones del Diputado Arroyo, las que le parecieron un pot-pourri de música selecta, de congas y rumbas, sin que eso significara agravio alguno para él, en quien reconoce acendrado patriotismo. Dijo que para él era un verdadero honor haber firmado el dictamen en discusión, que recomienda la prórroga. Le reclama a Arroyo una frase hiriente del primer discurso, en la que compara a don José Figueres con el sátrapa Anastasio Somoza, al acomodar a aquel la frase somociana de “La crítica pasa y el poder queda en casa”. No es posible comparar la actitud de don José Figueres con la de Somoza. Decir que el señor Figueres en un Somoza me parece una ignominia. Manifestó que no era cierto, como parecía desprenderse de las palabras de señor Arroyo, que la Junta estuviera desvinculada del pueblo, que no tuviera la simpatía del campesino. Con sólo asomarse por los campos, fácilmente se comprueba que don José Figueres vive en el corazón del pueblo, que no hace ninguna diferencia entre éste y don Otilio Ulate. Dijo que no sabía hacer largos discursos, pero que a la hora de votar, lo hará de acuerdo con su conciencia y que jamás traicionaría a su pueblo.

El Representante Dobles Segreda expresó que si antes no había hecho uso de la palabra, había sido porque se estaba discutiendo asuntos técnicos, primero, y luego asuntos eminentemente políticos, prefiriendo quedarse al margen de las discusiones. Sin embargo, no quería callarse ahora que se estaba discutiendo un asunto trascendental para la vida del país. Manifestó que no entraba a discutir si el Gobierno de la Junta había sido malo o bueno. Muchas de las cosas que ha hecho la Junta dijo él no las hubiera hecho, de ser Presidente; que muchas de las actividades de la Junta las había censurado, como la integración de la misma; que no creía en Segundas Repúblicas y que se quedaba con la primera, formada por los tres Poderes. Agregó que no deseaba que don José Figueres continuara gobernando sin Poder Legislativo, pero que sería injusto que a un hombre como aquél, que se había jugado su vida y su hacienda en aras de la libertad de Costa Rica, se le negara la solicitud de la prórroga; que no podía negarle su voto a su solicitud, pensando que con ello cometía pecado de ingratitud.

El Representante Monge Ramírez expuso sus razones por las cuales votaría afirmativamente la solicitud de prórroga. A pesar de que en varias ocasiones ha criticado a la Junta, no puede olvidar de ninguna manera el enorme sacrificio realizado por don José Figueres al devolverle al país su libertad y su dignidad. Sin la decisión de Figueres, el esfuerzo y sacrificio de todo un pueblo hubiera sido en vano, y a estas horas quién sabe si tendríamos que soportar a Calderón Guardia en el Poder. Dijo que estaba con la prórroga porque sobre todas las cosas él era ulatista, porque al aprobarla, se estaba pactando con los amigos, con lo que se quita todo tropiezo para que don Otilio llegue al Poder en mayo del año próximo. La revolución se llevó a cabo para eso: para que don Otilio asumiera la Presidencia. Luego expresó que admitía como buenas las actuaciones de la Junta, que había destrozado la oligarquía imperante, lo mismo que la económica, mediante la nacionalización de la banca particular, medida que favorecía notablemente, sobre todo, al pequeño agricultor, al dueño de una parcela de tierra. La nacionalización de los bancos tiende a salvar la pequeña propiedad en Costa Rica de la voracidad de los latifundios, mediante la concesión de créditos baratos y accesibles a los pequeños agricultores. En los actuales momentos, no se puede censurar-como se ha hecho aquí-, la ampliación de la órbita proteccionista del Estado. También defendió la creación del impuesto extraordinario del diez por ciento al capital decretado por la Junta, para terminar diciendo que ésta, como todo Gobierno, ha tenido buenas y malas actuaciones; que estaba con la prórroga porque el pueblo está cansado de politiquería.

El Diputado Arroyo de nuevo usó de la palabra, para referirse a varias de las citas que se le han hecho, por parte de algunos Diputados y para insistir en sus puntos de vista respecto a la Junta y a la prórroga, a los que se había referido en sus dos intervenciones anteriores. Repitió que así como había atacado los errores de la Junta, reconocía sus aciertos, pero que se cometía un grave error al confundir a don José Figueres con la Junta. Al primero nadie le está negando su grandeza, su heroísmo, pero esto no impide que se critiquen las actuaciones equivocadas de la Junta. Dijo que nadie había contestado sus argumentos con razones de peso, sino con sentimentalismos; que no se diga a los que no están con la prórroga que son desagradecidos, antipatriotas, pues la gratitud no debe pesar en un asunto de tanta trascendencia para el país. Finalmente, expresó que el pueblo no quería la prórroga, como lo han demostrado las elecciones de diciembre, por lo que estaba en la obligación de acatar la voluntad del pueblo, dada su condición de representante popular.

El Diputado Guzmán defendió la prórroga, manifestando que sólo por el hecho de que la Junta le ha devuelto a Costa Rica su libertad, después de ocho años de un régimen de oprobio y de persecuciones, se hacía merecedora a la prórroga de su mandato. Si se pesaran todos los defectos apuntados a la Junta, con la libertad que la misma ha devuelto íntegramente al pueblo costarricense, la balanza se inclinaría, a no dudarlo, del lado de la libertad, pues ésta es lo más sublime, la suprema aspiración de los pueblos, la que está sobre todos los otros principios.

A las dieciocho horas terminó la sesión.- Marcial Rodríguez Conejo, Presidente.- Fernando Vargas Fernández, Primer Secretario.- Gonzalo Ortiz Martín, Segundo Secretario.

ACTA No. 36

No.36.- Acta Trigésima sexta de la sesión celebrada por la Asamblea Nacional Constituyente, a las quince horas y media del día quince de marzo de mil novecientos cuarenta y nueve, bajo la Presidencia del doctor Rodríguez. Presentes los señores Diputados Vargas Fernández y Ortiz Martín, Secretarios; Volio Sancho, Herrero, Gómez, Guzmán, Ruiz, Desanti, Esquivel, Valverde, Monge Álvarez, Facio Fournier, Baudrit Solera, González Herrán, González Flores, González Luján, Volio Jiménez, Baudrit González, Gamboa, Vargas Vargas, Arias, Arroyo, Acosta Piepper, Acosta Jiménez, Monge Ramírez, Zeledón, Jiménez Núñez, Dobles Segreda, Trejos, Pinto, Montealegre, Solórzano, Sotela, Oreamuno, Guido, Brenes Mata, Leiva, Madrigal, Montiel, Bonilla; y los suplentes: Jiménez Quesada, Castaing y Lobo.

Artículo 1º.- Se leyó y aprobó el acta de la sesión anterior.

El Directorio comunica a la Asamblea, que hoy hizo entrega a la señora viuda del doctor Carlos Luis Valverde, del pergamino que le otorga a éste el título de Benemérito de la Patria. Asimismo, que se depositó una ofrenda floral en la tumba del doctor Valverde.

Artículo 2º.- Se continuó la discusión del dictamen sobre la prórroga.

El Representante ACOSTA JIMENEZ justificó su voto negativo a la prórroga. Empezó diciendo que los argumentos de los que defendían la prórroga se podían catalogar en dos campos: el jurídico y el de la gratitud, que él llama de la ternura política. En el campo jurídico, se sostiene que la prórroga debe otorgarse porque es una manera de retornar a la normalidad constitucional, ya que se establece el sistema de consulta entre la Junta y la Asamblea, obligándose la primera a enviar a ésta los asuntos de importancia. Sin embargo, la calificación de la importancia de estos asuntos es unilateral, ya que la Junta es la única que puede hacerlo, razón por la cual el régimen de consulta prácticamente no tiene consecuencias. Tampoco será obligatorio para la Junta aceptar las resoluciones de la Asamblea. Agregó que no se explica por qué motivo se pide la prórroga diciendo que el país ansía volver cuanto antes a la normalidad. Dos años es demasiado para un Gobierno de Facto. Don Chico Aguilar Barquero, por ejemplo, sólo gobernó seis meses. Lo mismo ha ocurrido en todos aquellos países en los que se ha instaurado una Junta Revolucionaria, como en Guatemala. Dijo que se hablaba mucho en Costa Rica de democracia, cuando desde el punto de vista institucional, el régimen actual era una dictadura, ya que carece de los dos elementos fundamentales que configuran una democracia: la forma del Estado y la injerencia de la opinión pública organizada en partidos políticos, que inciden en la marcha del país. Pero cuando un Poder asume las facultades de legislar y de ejecutar, al mismo tiempo, las leyes, se ha extorsionado uno de los elementos fundamentales de la democracia: la división de los Poderes. Si se quiere retornar al país a la normalidad, lo lógico es que no se prolongue más el actual interregno, que el Gobierno de Facto concluya su mandato lo más pronto posible.

En el campo de la ternura política, se dice que no se puede ser injusto con don José Figueres, el hombre que todo lo sacrificó en aras de la libertad de su Patria. Manifestó que nunca le había negado a don José Figueres el heroísmo de su gesta revolucionaria, que fue gloriosa. Esto nadie lo discute, ni mucho menos lo niega. Es pueril el argumento de quienes dicen que si el señor Figueres no se lanza a la revolución, don Otilio Ulate no hubiera llegado al Poder. Afirmar esto, es olvidar que la gesta revolucionaria no hubiera sido posible sin el antecedente glorioso de la campaña electoral, previa a las elecciones de febrero, campaña que tan hábilmente dirigiera don Otilio Ulate. El señor Ulate llevó a su Partido al triunfo en los comicios de febrero, entregando así a la revolución su razón de vida, su estandarte de lucha, su justificación moral. Si Ulate no hubiera llevado a la victoria a su Partido, la revolución no habría tenido asidero ni justificación, ya que el pueblo no hubiera ido a la lucha por la abstracción de una Segunda República. El pueblo fue a los campos de batalla a pelear por la legitimidad de las elecciones que consagraron Presidente a don Otilio, para que nunca más se oscureciera en Costa Rica la majestad del sufragio popular. Se dice que don José Figueres, por el hecho de haber ganado la guerra, tenía facultades para asumir el Poder. Con este mismo argumento, se puede decir que el General Eisenhower, por haber ganado la guerra contra los alemanes, tenía derecho a la Presidencia de los Estados Unidos. Este no es argumento. Negarle a la Junta la prórroga no es ingratitud para don José Figueres, ya que el pueblo anhela volver a la democracia. Tampoco se puede decir que los ingleses fueron injustos con Churchill, el hombre que los llevó a la victoria, por el hecho de que el Partido Laborista asumió el Poder. Y es que así como Churchill, Figueres fue el hombre de la guerra en Costa Rica y Ulate el hombre de la paz. Los desaciertos de la Junta nunca llegarán a empañar la gesta revolucionaria de don José Figueres. Pero por encima de la gratitud, están los supremos intereses de Costa Rica, que ansía volver a la democracia. Por otra parte, nunca el campo de batalla ha erigido a los hombres en estadistas.

Luego se refirió a un argumento dicho en ocasiones anteriores: las elecciones de diciembre demostraron que el pueblo costarricense no estaba con la política de la Junta, ya que no votó por el Partido que había tomado como bandera de su campaña, la defensa de esa política. El pueblo no votó por el Partido Social Demócrata. Sin embargo, esas elecciones no se pueden considerar un repudio hacia don José Figueres, sino más bien a la llamada política del Gobierno. Manifestó que votar la prórroga era defraudar al pueblo por tercera vez. La primera, cuando el Congreso de perjuros del primero de marzo anuló las elecciones de febrero, que dieron el triunfo al señor Ulate. La segunda, cuando, una vez triunfante la revolución, asume el Poder una Junta, aplazándose así, por un año y medio, la Presidencia del señor Ulate. Y finalmente, por tercera vez, si se otorga a la Junta la prórroga, pues el pueblo en las elecciones últimas, explícitamente dijo que deseaba que don Otilio fuera el Presidente de Costa Rica. Agregó que existía otra razón, además de las apuntadas, para negarle la prórroga a la Junta: sus compromisos internacionales para derrocar a las tiranías de Centro América y el Caribe. Para nadie es un secreto que tales compromisos han existido, y aunque todos deseamos que en los pueblos hermanos de América Central y el Caribe se instauren regímenes democráticos, Costa Rica no está en capacidad de afrontar aventuras revolucionarias en otros países. Es cierto que ya se firmó un Tratado de Paz y Amistad con Nicaragua, pero mientras el actual régimen subsista, hay el peligro del retorno de la incertidumbre y la zozobra internacionales. Luego pasó a referirse al por qué de su oposición a la Junta, pues en varias ocasiones, desde determinado periódico, se le ha lanzado el cargo de que la oposición suya a la Junta se debe, posiblemente, al hecho de que él no fuera a pelear al lado de Figueres. Se refirió a los motivos por los cuales no se sumó a la revolución, y que una vez que estalló el movimiento, tuvo que refugiarse en una casa particular para escapar de la persecución de las hordas del Gobierno. Se dedicó, entonces, a la tarea de redactar boletines. Posteriormente, por encargo del propio señor Ulate, redactó un escrito dirigido a las Misiones Diplomáticas acreditadas en Costa Rica, demostrando la participación del Comunismo Internacional en los asuntos internos de Costa Rica. Dijo que su oposición a la Junta era de carácter moral, porque pese a que no le he negado el tributo a don José Figueres, la Junta tiene la sombra de una apostasía, ya que los jefes victoriosos de la revolución desairaron a don Otilio Ulate y tiraron por la borda los principios democráticos y de libertad que representaba el nombre de éste. La victoria de la revolución se ensombreció con esa apostasía. Hasta se dijo, por el propio jefe de la revolución, que era muy difícil que Ulate asumiera el Poder, pues las elecciones habían sido anuladas el primero de marzo. Ante semejante afirmación, don Edmundo Montealegre, que se encontraba presente en esos momentos, imprecó al señor Figueres que su actitud era solidaria con los “veintisiete” criminales que anularon el triunfo legítimo de don Otilio Ulate. Terminó diciendo que para él valían más los principios democráticos, las convicciones morales, por lo que no estaba con la prórroga a la Junta, prefiriendo -como dijo un autor argentino-, el honor a los honores y la dignidad a las dignidades.

El Representante GONZALEZ FLORES razonó su voto negativo a la prórroga, en los siguientes términos: Señores Diputados: Deseo dejar constancia escrita de mi voto negativo en relación con la prórroga de seis meses para que la Junta Fundadora de la Segunda República continúe por ese período en el ejercicio del Poder. Existe un anhelo nacional porque se restablezca cuanto antes el régimen de derecho en el país. Este anhelo se puso en evidencia el 8 de diciembre último, con el resultado de las elecciones, pues no obstante el pesimismo acerca del número de sufragantes, éste superó a los cálculos de lo que se esperaba. Con este hecho, el pueblo puso de manifiesto, su deseo de que el país debe constituirse políticamente dentro del más breve plazo. La experiencia recogida de nuestra historia política en cuanto a los Gobiernos de Facto, es de que los jefes de éstos no han querido que esas situaciones se prolonguen por más tiempo del necesario para preparar lo indispensable a fin de llevar a la práctica las elecciones de Diputados a la Asamblea Nacional Constituyente y la organización de los poderes públicos de acuerdo con los principios de la Carta Magna que ella ha de emitir. De otra parte, la vuelta al régimen de Derecho, se impone cuanto antes para restablecer la confianza y seguridad en las actividades económicas, pues en estos momentos el país atraviesa una crisis que se manifiesta en la contracción de los negocios y en un total desconcierto de la economía nacional, que tienen su origen en las medidas sorpresivas e inconsultas en el uso extralimitado que la Junta Fundadora de la Segunda República ha hecho de sus facultades extraordinarias. Comparto con esto con la opinión de un artículo del Banco Nacional de Costa Rica, publicado en el número 21 de la revista del mismo Banco, correspondiente al mes de junio pasado. Después de comentar la nacionalización de los bancos particulares, dice al respecto: “La medida costarricense, por inesperada, no fue precedida de ningún sondeo ni consulta con la opinión pública, y sobre todo, por venir acompañada del impuesto extraordinario del 10% y haber impartido el Gobierno, en el primer momento, causó desconcierto en el país, dando lugar a que se iniciara un movimiento de retiro de depósitos de los Bancos, retiro que había alcanzado a fines de junio a varios millones de colones. No puede desconocerse, sin embargo, que en dicho retiro tuvo que ver, también, el volumen de las cuotas extraordinarias autorizadas por el Departamento Emisor, para la venta de divisas extranjeras al público. Ante el retiro, los tres Bancos nacionalizados, buscando conservar su posición de liquidez, elevaron sus redescuentos en el Departamento Emisor, de cuatro y medio millones el 21 de junio a once millones cuatrocientos mil colones el 30 del mismo mes. Conforme se vayan dando a conocer con más amplitud los motivos y los fines de la nacionalización en cuanto se legalice en forma definitiva y conveniente sobre el sistema bancario nacionalizado y se reglamente el cobro del impuesto del 10% sobre el capital, y, especialmente, conforme se logre [trasmitir] al público la convicción de que no habrá medidas revolucionarias impuestas sin consulta, la confianza renacerá [volverán] los depósitos a reconstruirse a sus niveles normales y la actividad económica se reanimará definitivamente”. Hasta aquí lo que dice el Banco acerca de los resultados de aquellas medidas revolucionarias, las cuales considera inconsultas y que trajeron un descontento en el país.

Sin embargo, la esperanza que abrigaba el Banco de que no se repetirían actos de aquella naturaleza, aún no se ha cumplido. Han continuado dictándose nuevas disposiciones económicas en la misma forma que se hicieron las anteriores y la inseguridad y desconfianza han continuado.

No obstante lo expresado, en el número 22 de la Revista del mes de diciembre último, en un nuevo artículo sobre la Economía Nacional y el Gobierno de Costa Rica de que el temor y desconfianza que hubo en los primeros momentos y que no pueden negarse, no ha desistido y se haya intensificado.

Hay, sin embargo, un hecho que sí ha persistido y es el de que la distribución del numerario entre los Bancos y el público, acentúo su tendencia al aumento en más del público. Según las conclusiones de la Revista indicada, es que esa tenencia revela la subsistencia de prácticas de atesoramiento privado, o sea la ausencia de hábitos bancarios fuertes en la colectividad y que en parte también puede atribuirse el aumento de tenencias en manos del público o prácticas de evasión del 10% sobre el capital. En los tiempos anteriores a la fecha en que se dictaron el impuesto del 10% sobre el capital y la nacionalización de los Bancos, precisamente los hábitos bancarios de que habla la Revista del Banco Nacional de Costa Rica, en su último número, venían adquiriendo gran desarrollo. Este fenómeno se ha notado hasta en las provincias donde se han establecido Sucursales del Banco Nacional de Costa Rica y del Banco de Costa Rica. De otra parte, no son precisamente las prácticas de evasión del impuesto del 10% lo que provocó el aumento de tenencias en manos del público; fue la desconfianza que infundió la nacionalización bancaria, los discursos y reportajes de los altos funcionarios contra el capital. La inviolabilidad de la propiedad que ha sido una de las garantías más respetadas en Costa Rica, sucumbió ante los Decretos-Leyes números 70 y 71 del 21 de junio de 1948, que para llevar a cabo el impuesto del 10% sobre el capital y la nacionalización de la banca privada, hubo de estipularse expresamente en aquellos decretos, la derogatoria de todas las disposiciones constitucionales o legales que se opusieran. Es decir, en cuanto al presente caso, el artículo 29 del capítulo de las garantías individuales de la Constitución de 1871, con sus reformas posteriores, que fue puesto en vigencia por la Junta Fundadora de la Segunda República por Decreto-Ley número 2 del 8 de mayo de 1948, relativo a la inviolabilidad de la propiedad, que para aquellos objetos quedó sin efecto alguno. Aquí están, pues, como en otras medidas dictadas posteriormente, el origen de la desconfianza e inseguridad que ha venido a reflejarse en la contracción de los negocios, con el fenómeno citado, de una mayor tenencia de numerario en manos del público, con la subsistencia de prácticas de atesoramiento.

Las medidas inflacionistas que ha tomado como recurso la Junta de Gobierno, elevación del presupuesto, celebración de empréstitos, creación de nuevos impuestos, emisión de bonos, no han producido los efectos inflacionistas que había de esperarse, porque la contracción de los negocios es tal, que mantiene el dinero en inactividad en manos del público.

Es indudable que la gestión administrativa de la actual Junta, contribuyó a crear un factor muy importante de inflación con la elevación del Presupuesto.

Según datos de la Contabilidad Nacional, durante los meses de la Administración del Licenciado don Teodoro Picado las entradas de enero al 30 de mayo de 1948 fueron de ¢31,980,922.63 y las salidas de ¢37,257,151.21, lo que produjo un déficit presupuestario de ¢5,276,228.50.

En los meses de junio a diciembre que corresponden a la actual Junta de Gobierno, las entradas fueron de ¢58,098,649.50 y las salidas de ¢77,540,470.02, arrojando un déficit presupuestario de ¢19,441,822.52. Es de advertir que debido a que el corte de cuentas se hace el último de mayo, la Contabilidad incluye en los gastos de la Administración Picado los que corresponden a la actual, es decir, del 9 al 31 de mayo. Hecha esta salvedad, podemos consignar que los totales de 1948 fueron así: entradas, ¢90,079,570,13 y salidas, ¢114,743,621.63. Déficit presupuestario, ¢24,718,051.10. Según estos números de la Contabilidad los 5 meses últimos de la Administración Picado, dan un promedio mensual de ¢7,451,510.42, y los siete meses de la actual, ¢11,077,210.00.

Una vez nacionalizados los Bancos particulares, la Junta celebró un empréstito con éstos y con los del Estado por la suma de ¢26,810,000.00, sirviéndose para ello de las llamadas letras del Tesoro. Con este empréstito se pagó el déficit de 1948. La Junta actual fue favorecida con un aumento de las entradas de aduana, proveniente del estancamiento que hubo por falta de desalmacenaje durante el período de la revolución. También se invirtió para saldar el déficit, la suma proveniente del impuesto del 10% sobre el capital, que alcanzó a ¢1,902,519.10. Esta suma con la anterior hacen un total de ¢28,712,519.10.

Los efectos inflacionistas que este dinero había de tener en el mercado quedó contrarrestado por la contracción de los negocios a que me he referido anteriormente, determinada por la inseguridad y desconfianza que se experimenta en el país.

Como dato informativo adquirido de fuentes oficiales, me permito dar a conocer que el cálculo del valor de la propiedad fue la suma de ¢700,000,000.00 que distribuido en diez años es de ¢70,000,000.00. Pero las declaraciones de capital apenas alcanzaron a la cantidad de ¢5,941,347.10, de la cual suma apenas se hizo efectiva hasta diciembre último la cantidad de ¢1,912,519.10 como lo expresé anteriormente. Sobre los cálculos alegres del impuesto al capital se elevó desmedidamente el Presupuesto, dando por resultado, un déficit en el Tesoro Público.

Todo esto es el efecto del uso extralimitado de las facultades extraordinarias.

La diferencia sensible en relación con los cálculos hechos sobre el capital, se atribuye a ocultación de bienes en las declaraciones respectivas. Es necesario comprender que en todo momento el dinero se defiende y más aún cuando la confianza de la Junta de Gobierno a causa de los excesivos gastos, ha venido en descenso en los últimos tiempos. Durante los últimos seis meses, no se han publicado los acuerdos de los gastos públicos correspondientes a este período, según lo dispone la ley y los principios más elementales de ética administrativa, razón de más cuando el Banco que administra las rentas nacionales ha sido oficializado y suprimida la Oficina de Control, únicas fuentes de formación.

Es de hacer notar también que vamos ya por el tercer mes del presente ejercicio económico, sin que a estas horas conozca el país el Presupuesto General de Gastos de 1949.

El retraimiento del capital con motivo de las medidas dictadas, empieza a tener ya sus consecuencias sociales. Véase lo que dice sobre el particular el Director del Departamento de Empleos del Ministerio de Trabajo, en una publicación en “La Nación” del 5 del corriente. “El problema de la desocupación hoy por hoy y dentro de las dificultades enormes que hay para medirlo en su real intensidad, no parece ser de extrema gravedad y es muy posible que no llegue a un estado crítico alarmante porque en vías de solución normal, tan pronto desaparezcan todas las razones que hacen posible la inseguridad ambiente en que se desenvuelve o cree desenvolverse el capital privado. La desocupación tiene su fundamento principal en la falta de iniciativa del capital privado, encogido precisamente por esa inseguridad que existe y en el hecho de que el Estado no emprenda nuevas obras con la intensidad y en la proporción adecuada. Esta posición del Estado se debe a razones económicas o a falta de una organización adecuada, producto de las guerras que ha tenido que librar recientemente la República. En todo caso, el problema, que sí existe, se solucionará fácilmente en cuanto aparezcan nuevas fuentes de trabajo, gracias a las empresas que emprende el Estado y principalmente a las que emprende el capital privado, una vez que haya recobrado la confianza”. Hasta aquí, las palabras del Director del Departamento de Empleos del Ministerio de Trabajo, señor don Roberto Güell, que él, como la Revista del Banco Nacional, que he citado anteriormente, hacen notar la inseguridad y la falta de confianza en que se desenvuelve el capital privado.

Nuevamente en “La Nación” del 9 del corriente, se dice que se ha iniciado un profundo estudio del problema de la desocupación por el Departamento de Empleos del Ministerio de Trabajo, a fin de iniciar en breve una cruzada contra la desocupación.

Uno de los más graves problemas que va ya haciéndose insoluble es el que ha determinado el abuso del crédito público. Los últimos Decretos-Leyes del 29 de diciembre último, al hacer la refundición y consolidación de la Deuda Interna eleva la emisión de Bonos a la suma de ¢195,459,000.00. Esta emisión de suyo elevada, habrá de tener sus repercusiones desde el punto de vista inflacionista, ya que dichos Bonos en el mercado se convierten en instrumentos de pago; por otra parte, desde el punto de vista fiscal, aumentan la cantidad de dinero indispensable para el pago de las amortizaciones e interés y, por último, producen una desvalorización de los mismos por la gran cantidad de valores del Estado que han sido lanzados al mercado. Parece que se está llegando ya al principio de saturación, pues comienza a notarse una baja de esos títulos, que se traduce en el aumento de los descuentos de ellos en las transacciones bursátiles.

En cuanto a las deudas extranjeras, las cuotas de intereses que dejan de pagarse anualmente, van acumulándose a la deuda primitiva, haciendo cada vez más difícil hacer honor a la firma empeñada por la República en el pago de esas deudas. El total de intereses acumulados llegó el 31 de diciembre último a ¢48,427,912.20. En 1950 vence la suspensión de algunos impuestos para el pago de intereses y amortizaciones al Eximbank. Entre esos impuestos está el de cigarrillos y tabacos, que alcanzan a ¢3,000.000.00 y que se aprovechan ahora para los gastos de la Administración Pública. El 1º de noviembre de 1951, vence el contrato del Empréstito Americano que alcanza a la suma de ¢30,402,540.00.

Ante la difícil situación que se va a presentar dentro de poco tiempo por el próximo vencimiento de las deudas extranjeras, la Junta ha debido de ser más prudente en crear nuevas deudas y establecer nuevos impuestos, porque cuando aquellos vencimientos lleguen, el país se va a encontrar con una capacidad rentística agotada y un régimen impositivo injusto y expoliativo. Como es natural, el final de esta tragedia económica para Costa Rica es el cierre total de su crédito en el extranjero. Para el comercio del país no es menos grave la situación que atraviesa con el problema de las divisas que ha obligado a las casas extranjeras a la limitación de sus créditos. En estos momentos y por esa razón, el consumidor costarricense no ha podido aprovecharse de la baja de los precios de artículos importados de los Estados Unidos.

La difícil situación de la economía nacional que he analizado, en forma somera, no es posible que se trate de resolver o atenuar por un Gobierno transitorio. Exige un régimen de Derecho, régimen que debe ser restablecido dentro del más breve plazo y sea acreedor a la confianza de toda la ciudadanía costarricense.

La Junta Fundadora de la Segunda República, extralimitándose también en el uso de sus facultades, se ha dedicado a la celebración de contratos con empresas extranjeras, sin un estudio detenido de ellos y sin recoger la triste experiencia que muchos de estos contratos han dejado al país. Tres negocios de esta naturaleza han tenido la aprobación de la Junta de Gobierno: el de la Compañía Bananera, de la Compañía de Fuerza y Luz y el de la Honolulu Oil Corporation.

El primero aún no ha sido suficientemente discutido por la opinión pública. El segundo no pudo resistir a los patrióticos editoriales del diario “La Nación”, que hubo de darle a aquella contratación una cristiana sepultura y el tercero bastó una simple comparación con otro celebrado para los mismos fines que el nuestro por el Gobierno de Panamá con la Compañía Sinclair hecha por dos ilustres abogados, para que quedara en entredicho.

Es muy dolorosa la experiencia que tiene el país en relación con toda esta clase de contratos, para que no dejen de estudiarse con la meditación necesaria.

Cuando se ha tratado de dar aprobación a alguno de ellos, en épocas anteriores, una reacción de nacionalismo se ha levantado en todo el país. Los contratos de petróleo son los que han provocado las luchas más intensas y las más grandes controversias. Primeramente, la sostenida con el contrato Pinto Grulich, una vez que el Presidente González Flores se convenció de la trama que se había urdido en la Cámara para la adquisición de la concesión y después, cuando el litigio Anglo Costarricense, hubo de someterse al arbitraje del Chief Justice de los Estados Unidos, Honorable William Taft, la invalidez del Contrato Amory, otorgado en la Administración de Tinoco por ley del 25 de junio de 1918.

En ambos casos me tocó estar presente y darme cuenta de la trascendencia de esos contratos. En el primero como miembro del Gabinete González Flores y en el segundo como asistente de abogado de Costa Rica en Washington del Licenciado González Flores.

Al negar mi voto a la prórroga en referencia, por las razones expuestas, sólo aspiro a que se restablezca cuanto antes el régimen de derecho en Costa Rica, para que vuelva la confianza y como coronamiento, además, de la gran obra de restauración realizada por la revolución y el de las elecciones más puras y más libres del 8 de diciembre último, sin precedentes en nuestra historia y posiblemente en otros muchos países de este Continente. En este último aspecto, yo me inclino reverentemente ante los miembros de la actual Junta Fundadora de la Segunda República que, con aquellas actuaciones, ha puesto muy alto el nombre de Costa Rica ante el mundo civilizado.

El Representante MONGE ALVAREZ, en una amplia exposición, razonó su voto afirmativo a la prórroga. Dijo que había pensado no intervenir en los debates respecto a la prórroga, ya que pensaba que nadie podría negarse a otorgarla, teniendo en cuenta la conveniencia nacional, pero después de haber oído la dureza y la injusticia de algunos ataques contra la Junta, creía necesario referirse a los mismos, poniendo también de manifiesto los grandes aciertos de la Junta. Antes de entrar al fondo de su análisis, dijo que su actitud no podía calificarse de incondicionalidad a la Junta, pues en diversas ocasiones su propio Partido había criticado alguno de sus actos. Pero hay, de parte de la Junta una obra positiva, beneficiosa para las grandes mayorías del país, que hay que defender con sinceridad de propósitos. A manera de un paréntesis, se refirió a lo que él entiende por juventud, pasando a defender la actuación de los hombres jóvenes del actual gobierno, ya que en diversas ocasiones se ha dicho que los errores de la Junta han sido debidos a la juventud de los integrantes de ésta. Manifestó que la juventud, antes que una etapa física, en su concepto era un estado especial del alma, que hace mirar los problemas de acuerdo con una actitud nueva. Según este concepto de la juventud, hasta un octogenario, si es que se enfrenta a los problemas con una actitud diferente, con una concepción nueva de la vida, es un joven. Dijo que para él la experiencia tenía un gran valor, pero cuando los años han sido vividos con honradez, los jóvenes tienen derecho y capacidad para gobernar. Más aún, se puede afirmar que el actual es el siglo de la juventud. Luego manifestó que nadie discutía el hecho de que don Otilio Ulate había entregado a la revolución su razón de vida. Sería estúpido y antipatriótico negar que fue con ese nombre que el pueblo fue a la lucha armada, pero a los dirigentes les cabe la alta y difícil misión de interpretar los sentimientos populares, los anhelos del pueblo, que no se manifiestan claramente. Es cierto que la revolución se hizo contra Calderón Guardia para que fuera Presidente el señor Ulate, pero, ¿porqué fue posible Calderón? Calderón Guardia fue posible gracias al sistema económico, social, político y jurídico que vivía el país y para evitar que en lo sucesivo se estafara al pueblo, era urgente ir hasta la reforma de ese sistema. De ahí que la Junta se vió en la necesidad de emprender una gran obra de transformación y se comete una injusticia cuando se analiza su labor, que se ha realizado bajo circunstancias especiales, como por ejemplo, el hecho de que asumiera el poder después de ocho años de latrocinio y despilfarro.

Además, se olvida que la revolución paralizó la vida económica del país. También se olvida el hecho de que la Junta ha tenido una oposición recia y sistemática de algunos sectores capitalistas, perjudicados con algunas de sus medidas económicas y de las clases políticamente desplazadas con el triunfo de la revolución.

Y últimamente, la Junta ha tenido que enfrentarse a una invasión por su frontera norte. Es cierto que algunas de las medidas de la Junta fueron sorpresivas, lo que trajo como consecuencia la reacción de ciertos sectores. Pero también es cierto que esa oposición se debe, en gran parte, a que esos sectores han sido afectados en sus intereses. También está la campaña desorientadora realizada por determinada prensa, enemiga de la Junta y de todas sus medidas que se califican, por algunos, de comunistas. Pasó luego a referirse ampliamente al motivo por el cual la Junta se vió en la obligación de reformar el sistema económico-social en Costa Rica, como medio de evitar en el futuro choques sociales, lucha violenta de clases. Toda la actuación de la Junta se puede reducir a que ha deseado que en Costa Rica reine la mejor paz social. Para llegar a esta conclusión entró a analizar el orador un fenómeno social contemporáneo: la lucha de clases y cómo el comunismo se ha aprovechado de la injusticia social para sembrar la semilla de la discordia, en beneficio de los intereses de determinada potencia.

Seguidamente manifestó que a los errores apuntados por el señor Arroyo contra la Junta, se puede señalar grandes aciertos a la misma, como la consolidación de las libertades públicas, puestas de manifiesto en las libérrimas elecciones de diciembre; el esfuerzo continuado y sistemático de la Junta por incrementar la producción nacional, llegándose, en diez meses, a una super-producción de frijoles, que permitirá exportar grandes cantidades del mismo a los mercados extranjeros; el trabajo intenso de reparación de las carreteras llevado a cabo bajo la vigilancia del actual Ministerio de Obras Públicas; la organización de la administración pública; la lucha contra la especulación, mediante el establecimiento de estancos que venden a los precios fijados por la ley. Además, si antes se robaban los dineros del pueblo, ahora el pueblo tiene la seguridad de que se invierten en obras de positivo beneficio para el país, que no se escamotea ni un solo centavo del Erario Público. Pasó a combatir la interpretación dada por Otón Acosta a las elecciones de diciembre. Es cierto que el Partido Social Demócrata claramente dijo que defendería la política de la Junta, pero el Unión Nacional no dijo, en cambio, que luchaba contra esa política. El único partido que se enfrentó decididamente a la Junta, fue el Constitucional y siguiendo la lógica de los argumentos del señor Acosta, si el pueblo estaba contra la política de la Junta, lógicamente habría votado por el partido que combatía esta política. Dijo además, que el Partido Social Demócrata no hubiera estado con la prórroga, si don Otilio Ulate no se hubiera manifestado de acuerdo con la misma. Ahora más que nunca la unidad de las fuerzas oposicionistas es necesaria, como lo ha manifestado el señor Ulate en su Mensaje leído en la Asamblea, ya que ésta tiene frente a sí una gran responsabilidad histórica. Sus esfuerzos podrán ser en vano, si la escisión se hace sentir en las fuerzas democráticas del país. Frente a este asunto de la prórroga hay que actuar con desinterés, con la mirada puesta, no en los intereses personales o partidaristas, sino en los supremos intereses de la patria.

Terminó haciendo un llamado a esa unidad invocada por don Otilio Ulate, pues en el pueblo las figuras de Figueres y del Presidente Electo representan un solo gesto, un solo ideal. Si a la Junta se le concede la prórroga, se debe tener la seguridad de que en el futuro gobernará en concordancia con la Asamblea. Los diputados que adversan la prórroga deben pensar muy bien su actuación, no porque tal actitud sea anti-patriótica o injusta para con el hombre que todo lo dió por Costa Rica, sino por las consecuencias futuras para el país.

El Diputado SOLORZANO se refirió a algunos de los ataques y críticas que se han esgrimido por parte de varios señores Diputados, contra la Junta. Dijo que no era cierto que don Otilio Ulate hubiese firmado el Pacto del primero de mayo, entre la espada y la pared, como lo ha afirmado el señor Arroyo. Tampoco es cierto que los jefes revolucionarios desconocieran la autoridad de don Otilio Ulate, pues estando en Cartago don José Figueres, se acercó hasta él un oscuro personaje de nuestra política para aconsejarle que se deshiciera de Ulate, negándose aquél rotundamente a seguir este consejo. Agregó que al día siguiente de haberse firmado el Pacto, habló con el señor Figueres para decirle si era cierto que la revolución pensaba ignorar el nombre de don Otilio. Don José Figueres contestó que él nunca había pensado en desconocer la elección de Ulate. Por otra parte, éste no es capaz de firmar un Pacto bajo la amenaza de la espada, debido a sus arraigadas convicciones democráticas y al hecho de que ha permanecido en estrecha armonía con el señor Figueres, llegando hasta la Asamblea con un Mensaje patriótico, en el que se pronuncia a favor de la prórroga. Desmintió categóricamente la especie lanzada acerca de la posibilidad de un golpe de estado, por parte de los militares, caso de que no se otorgue la prórroga. También manifestó que era falso que la Junta no contara con el apoyo del pueblo. Con sólo asomarse por nuestros campos, cualquiera comprobará fácilmente el enorme cariño y simpatía que profesa nuestro pueblo por la figura de don José Figueres. Agregó que era cierto que la Junta había cometido errores, pero, ¿quien no los comete? Todo Gobierno tiene errores y aciertos. En cuanto a la Junta, nadie podrá negarle que ha trabajado como ningún otro Gobierno en Costa Rica. La Junta ha trabajado, haciendo caso omiso de las críticas, con patriotismo, con desinterés, por el bienestar nacional. Dijo que lo único que sentiría, no por Ulate o Figueres, sería que esta Asamblea, nacida al calor de las elecciones más puras, le dieran a don José Figueres, después que le devolvió al país la libertad, una patada histórica.

Si así procede la Asamblea, pues el señor Figueres haría muy bien en coger su sombrero e irse para su casa. En este caso quienes saldrán más favorecidos son los pescadores de caldero-comunismo, que están a la expectativa de la discordia, para beneficio de sus planes.

El Representante FACIO expresó que es muy fácil lanzar anatemas, cargos, y recriminaciones, colocarse en posiciones extremas de intolerancia, señalar tan sólo los errores y renovar y ahondar divisiones, que esta actitud es fácil, pero estéril al mismo tiempo. Más grande moralmente y más constructivo es sobreponerse a las pasiones y formular soluciones racionales para los grandes problemas que confronta el país. Manifestó que así como ayer se dijo por algunos jóvenes impetuosos que Ulate había traicionado a la revolución; hoy se nos viene a decir que don José Figueres fue traidor al ocho de febrero. Tanto ayer como hoy, está contra los que abultando o desnaturalizado los hechos se dedican al anatema. Porque es muy fácil condenar, pero es más constructivo adoptar una actitud de comprensión, de unificación, en todo caso más acorde con la realidad del país y con la voluntad popular. Ulate y Figueres forman una sola unidad en el corazón del pueblo de Costa Rica. Los que ayer decían que Ulate fue traidor a la revolución y los que hoy afirman que don José Figueres fue traidor al ocho de febrero, forman tan sólo una ínfima minoría. Continuó diciendo que sostener la verdad, admitir las cosas como son, era un deber de su conciencia y una obligación para guardarse a tono con la altura y calidad moral de la Asamblea. De ahí que admitiera, sin eufemismos de ninguna clase, que algunos de los Jefes revolucionarios, embriagados de pólvora y de victoria, en un primer momento habían pretendido desconocer las elecciones del ocho de febrero. Eso es cierto. De haberse perpetrado ese hecho -dijo el que habla-, se hubiera enfrentado a los que así obraban. Pero luego esos jefes reflexionaron fríamente, se dieron cuenta de los sentimientos populares, cambiaron de actitud. Para la solución de aquel problema, de la situación difícil planteada después del triunfo de revolución, le cupo a él la honra de poner su pequeño grado de arena, eliminando resentimientos e incomprensiones entre uno y otro de los grandes conductores del país. Se llegó a firmar, entonces el Pacto Ulate-Figueres, que vino a restablecer la armonía y la paz. Que siendo así las cosas, no podía tacharse de traidor al señor Figueres. Agregó que tampoco era partidario de la teoría de la gratitud para fundar el voto favorable a la prórroga. Tampoco lo era del método de entrar al análisis de la Administración Figueres. Si se entrara al análisis de cada uno de los actos de la Junta, la Asamblea se llevaría varios meses de estudio y mucho habría entonces que decir. Advierte que no es argumento decir que porque la Junta ha hecho un buen Gobierno debe otorgársele la prórroga, o lo contrario, que porque lo ha hecho malo debe negársele. No es ese el procedimiento correcto a seguir en esta materia, sino la interpretación de la voluntad popular. Luego pasó a analizar brevemente la obra más discutida de la actual Junta. La nacionalización bancaria, que puede llegar a ser, según los hombres y los métodos con que se lleve adelante, buena o mala en el futuro. La institución perfectamente puede fracasar, de acuerdo con lo que resuelva esta misma Asamblea al conocer de la Ley General de Bancos que posiblemente le enviará a su conocimiento la Junta, y de lo que resuelvan al respecto los próximos Congresos y gobernantes; pero si hay un empeño patriótico en este cuerpo y los que le sigan, la nacionalización llegará a ser una palanca para la economía nacional. Que es un deber de los conductores del país no desentenderse de la suerte de las grandes mayorías de trabajadores y campesinos, que fueron el baluarte de la oposición civil y de la revolución. Esta última fue como muy bien ha dicho don Otilio Ulate, fue una revolución de campesinos; en eso ha pensado la Junta al decretar la nacionalización. Pasó a fundamentar su actitud favorable a la prórroga. Si la Junta pide seis meses de prórroga, basada en el Pacto Ulate-Figueres, y si la otra parte signataria del mismo, se pronunció a favor de la concesión de la prórroga, pues prácticamente no hay cómo oponerse a ella. El Partido Social Demócrata no dijo durante la campaña que estaba con la prórroga: se concretó a decir que apoyaba el Pacto Ulate-Figueres y la política de la Junta. Si don Otilio Ulate no se hubiese pronunciado a favor de la prórroga, nosotros no la hubiéramos votado. Por otra parte, de acuerdo con el régimen de consulta adoptado, la Junta enviará a conocimiento de la Asamblea los asuntos de importancia, desapareciendo así el temor de los Decretos-Leyes sorpresivos. Cree entonces interpretar lealmente la voluntad del pueblo, representada por sus máximos dirigentes, al votar favorablemente la prórroga.

El Diputado JIMENEZ NUÑEZ razonó su voto afirmativo, en los siguientes términos:

1º.- Considero que el Pacto Ulate-Figueres tuvo base legítima asentada sobre dos poderes: la victoria de la revolución armada y la victoria de las grandes mayorías en el sufragio.

2º.- Mediante ese Pacto, la obra de la reconstrucción nacional pudo comenzar y emprender el país gradualmente su retorno a la vida del derecho.

3º.- Estamos entonces en presencia no de una tesis, sino de una situación; aquellas se discuten, pero las situaciones se encaran.

4º.- La probable prórroga habría de ser, según aquel convenio de honor, acordada por la Asamblea Nacional Constituyente y se ve clara, entonces, la intención de someterse al criterio de un Poder bastante y legítimo para dictar la ley.

5º.- La Asamblea Nacional Constituyente asumió desde su instalación y sin que sea preciso declararlo, la plenitud de la soberanía y ella dirá entonces en la Carta que ha de promulgarse, el carácter y la forma en que aquel Poder haya de consagrarse. Es ya de inaplazable necesidad que el país tenga la norma de vida de sus instituciones, la Constitución y ese debe ser el empeño inmediato de la Asamblea: para eso fuimos traídos aquí en la más libre elección de nuestra historia. Debemos cumplir ese compromiso, ese mandato sagrado y que haya un Poder Legislativo para el ocho de noviembre próximo; sobre esa base voto por la prórroga. Debo declarar que mi fe en los dos signatarios del Pacto, es mayor cada día.

El Representante CASTAING hizo una corta relación de los sucesos acaecidos en Costa Rica, desde el año mil novecientos cuarenta, en que tomó posesión del Poder Calderón Guardia. Se refirió a los acontecimientos más importantes durante esos años, hasta que la revolución derribó al régimen, instaurándose la Junta de Gobierno. Luego, se refirió a los ataques hechos por el señor Arroyo a la Junta, diciendo que no estaba de acuerdo, pues por encima de las consideraciones personales, está lo que él llama las circunstancias providenciales. Así como el triunfo de la revolución fue un milagro, la instalación de la Junta fue providencial, pues de otra manera, ¿qué hubiera hecho don Otilio Ulate al verse forzado a gobernar con el mismo Congreso espurio que decretó la anulación de las elecciones de febrero del cuarenta y ocho y con la Corte Suprema de Justicia que tanto se corrompió? Agregó que la labor de la Junta ha sido muy meritoria en algunos aspectos, como el de devolverle a Costa Rica su libertad.

Manifestó que le dolía profundamente que las palabras tan honradas y tan patrióticas de los compañeros Acosta y Arroyo, fueron aprovechadas por los enemigos de la Junta, que no son precisamente los caldero-comunistas, sino algunas personas afectadas por las medidas económicas de la Junta. Para terminar, dijo que su actitud en favor de la prórroga no era por temor a un golpe de Estado, ya que no creía capaces de semejante crimen a los militares del actual régimen, todos los cuales se jugaron la vida por la libertad de Costa Rica.

El Diputado ARROYO manifestó que siempre había creído que la libertad era un derecho inalienable del hombre, y no una concesión; él peleó por el derecho a su libertad, no debiéndosela ni a la Junta ni a nadie. Aún más, esa libertad la tuvo que pagar a muy alto precio, con sangre de su sangre. La revolución no fue la obra de un grupo determinado, sino de todo el pueblo de Costa Rica, cansado ya de un régimen de oprobio. Agregó que se había luchado por principios morales, que se falsearon desde que la Junta asumió el Poder. Terminó diciendo que él no era un detractor sistemático contra la Junta, como algunos lo han calificado, ni su actitud contraria a ésta se puede tildar de un obcecado, ya que se ha limitado a censurar lo malo, los errores y a aprobar lo bueno.

A las diecinueve horas terminó la sesión.- Marcial Rodríguez Conejo, Presidente.- Fernando Vargas Fernández, Primer Secretario.- Gonzalo Ortiz Martín, Segundo Secretario.

Discurso completo del señor Representante Monge Álvarez*:

Señores Diputados:

Me había parecido innecesario decir algunas palabras alrededor de lo que se ha solicitado y planteado a la Asamblea Constituyente a través del dictamen que suscriben algunos compañeros de esta Cámara. Me parecía innecesario porque consideraba que este asunto de la prórroga lo tenía perfectamente definido cada Diputado y no existían argumentos nuevos que pudieran variar el resultado de la votación, pensaba que no era necesario hacerlo, porque voces más autorizadas que la mía y de manera más elocuente y brillante de como yo puedo hacerlo, han defendido la tesis de que la prórroga debe otorgarse por la conveniencia del país.

Cuando yo he oído las palabras de don Ricardo Esquivel, pronunciarse en favor de la prórroga, pensé que sobraba toda palabra tratando de traer evidencias para justificar ese hecho, ya que don Ricardo se ha situado siempre dentro de los grupos caracterizados por su recia oposición a la Junta de Gobierno.

Sin embargo, en él pesaron razones más poderosas que las que pudieran derivarse de su oposición a la Junta. Cuando he oído a don Rafael Sotela, el popular Chachalaca, como él mismo se hace nombrar, que tiene credenciales indiscutibles ante el pueblo de Costa Rica, puesto que es uno de los adalides más connotados de la lucha cívica y democrática que se ha venido librando desde el año 40 a esta parte, pronunciarse en favor de la prórroga, creí que mis palabras estarían demás, ya que por más esfuerzos que hiciera, jamás podrían superar el valor a las emitidas por tan distinguida personalidad. Cuando he oído al doctor Guzmán, cuyos servicios a la revolución son de todos conocidos, ponderar el valor superior que tiene la libertad conquistada por la gesta heroica que encabezó Figueres y consolidada por él mismo y sus compañeros desde el Poder, me resultan incomprensivas y hasta pobres las manifestaciones de los que están contra la prórroga. Así podría continuar citando nombres como éstos, tales como el de don Fernando Volio, insospechables en el pensamiento y en el espíritu, que, sin reticencias y hasta con vehemencia, se han declarado en favor de la prórroga.

No obstante todo ello, después de haber escuchado, también, con algo o mucho de pena en el espíritu, juzgar con dureza, a mi juicio injustificada, recurrir hasta a la infamia y llegar hasta la mala intención para negar la prórroga, he creído conveniente decir algo más sobre este asunto, porque como decía hace algunos días el Diputado Vargas Fernández, cuando trataba de justificar una de sus tesis, las deliberaciones y las actas de esta Asamblea Nacional Constituyente tienen un valor histórico. Las generaciones futuras habrán de consultar esas actas para poder verter un juicio sereno sobre quién tenía razón cuando atacaba o defendía a la Junta de Gobierno.

Pretendo que mis palabras puedan contribuir a que la historia disponga de los suficientes elementos de juicio e informes que le permitan dar un veredicto justo. Tal vez para los mal pensados; para los que niegan patriotismo a quienes defienden tesis diferentes a las suyas, mi actitud obedece a un gesto de incondicionalidad a la Junta de Gobierno. Sobre este particular, quiero aclarar una vez más, que en nuestro partido se ha disciplinado el espíritu de sus militantes, en el principio de que la incondicionalidad sólo cabe al servicio de los supremos intereses de la Patria. Quiero agregar que nuestro mismo partido ha manifestado diferencias no sólo de forma sino también de fondo con algunas actuaciones de la Junta de Gobierno o de sus Ministros, individualmente considerados, pero existe una labor positiva y una serie de actos patrióticos y nobles de los hombres que forman parte de la Junta, que sí merecen ser defendidos y que no debe apenar a nadie defenderlos, si es que quiere procederse con apego a la verdad, a la justicia y a la sinceridad. Yo creo que esa labor y esos actos, pueden defenderse con el pensamiento puesto en los verdaderos intereses del pueblo, y lo hago ahora, aún a sabiendas de que para aquellos en quienes la oposición a la Junta se ha convertido en una obsesión patológica, no servirá de nada razonamiento alguno que pudiera exponer acá. Existe derecho innegable para analizar y criticar la labor de la Junta de Gobierno. Precisamente, una de las razones fundamentales que movieron a Figueres a lanzarse a su lucha reivindicadora, fue la de recobrar el derecho inalienable que tienen los ciudadanos para criticar con entera libertad los actos de sus gobernantes. Precisamente quizá ningún Gobierno como el de la Junta actual, ha contribuido de manera más eficaz a consolidar ese derecho. Y hoy tanto los que fueron nuestros compañeros en la campaña cívica pasada como los que representan los intereses del régimen derrocado, han tenido amplias libertades para criticar a la Junta, a veces hasta con evidente falta de razón. Pero de eso a dejarse cegar por las pasiones; a no analizar con un poco de objetividad la labor de la Junta; a olvidar lo que Figueres y sus hombres hicieron en favor de la libertad de la República, por más que el Diputado Acosta Jiménez haya aludido en forma despectiva a la gratitud que algunos hemos manifestado sentir por los hombres de la Junta, calificándola de “ternura política”, con lo que ha despreciado un sentimiento que es de todos los costarricenses honrados; pero de eso a esto existe una distancia que no me atrevo a salvar sin remordimiento de conciencia y sin dejar de tener temor por sus responsabilidades frente al pueblo y frente a la historia.

En mi defensa a la Junta de Gobierno deseo recoger no sólo los ataques que se han hecho a ésta en lo que llevamos de discusión sobre la prórroga, sino también, otros que se han hecho anteriores en esta misma Asamblea, y hasta los chismes y mal intencionados rumores que parecen ser el alma más socorrida de los enemigos gratuitos de la Junta.

Pero antes de entrar en materia; deseo hacer una defensa de la juventud, ya que los grupos opositores a la Junta creyendo encontrar un argumento eficaz a sus acusaciones de impericia e incapacidad, dicen a diario que el Gobierno está en manos de un grupo de jóvenes y que como tales, no tienen experiencia. Defenderé no la juventud trabajadora, no la juventud estudiantil. Me refiero a la juventud como un estado de ánimo y como una actitud frente a la vida. La juventud así entendida es la única que puede realizar las aspiraciones del pueblo, por la decisión y valentía como afronta los problemas que se le plantean al país. Esa juventud sincera de pensamiento y sincera de alma es la única que puede darle solidez y permanencia a nuestras instituciones. De nada nos servirían muchos años vividos si no se han vivido con honradez y en servicio y en respeto a ideales nobles. La juventud puede cometer errores que se derivan de la pasión por los ideales, de sus ímpetus y de sus sanos arrebatos. Pero nunca puede hacérsele el cargo de insincera, de deshonestidad intelectual y de pobreza moral. Todo esto nos lleva a afirmar sin eufemismo, que la juventud tiene capacidad y tiene entusiasmo suficiente para ser digna de gobernar. Nuestra época, es la época de la juventud.

Ha insistido en repetidas ocasiones el Diputado Acosta Jiménez en que la revolución se hizo para quitar a Calderón del Poder y colocar en él a Ulate.

Nadie está negando que Ulate le dió la razón de ser a la revolución. Desconocer la realidad política que Ulate significa con su gran personalidad y el cariño que existe hacia él en los pueblos, no sólo sería antipatriótico sino también estúpido. Pero los dirigentes de un pueblo tienen la obligación de interpretar qué es lo que hay detrás de un hecho puramente superficial. Analizar las verdaderas causas de un régimen de corrupción como el que padecían los costarricenses, si es que deseaba darse soluciones efectivas y estables a nuestros problemas. Calderón y su régimen no se explican por sí solos. Calderón fue posible por las fallas cada vez más numerosas e intensas de nuestro sistema económico, político, cultural e institucional. Por eso estamos de acuerdo con el hecho de que la Junta de Gobierno no se haya concretado a la pobre y simple labor de cuidar el Poder en tanto lo asume Ulate, sino que se ha adentrado a terminar con las causas mismas de nuestros males.

El Diputado Arroyo Blanco ha calificado de demagógico al argumento que algunos Diputados hemos expresado acá, en cuanto a que es necesario mantener la unidad de las fuerzas democráticas que constituyeron lo que fue la oposición nacional. Al calor de sus palabras ha deslizado un cargo, que no quiero pensar que tuviera la intención de hacer puesto que, iría también enderezado contra el propio Presidente Electo, quien en su Mensaje a la Asamblea Nacional Constituyente recomendando la prórroga, aconseja de manera fervorosa que se mantenga la unidad de las fuerzas democráticas. Hay un hecho que ha escapado al compañero Licenciado Arroyo, y es que la unidad no debe ser entendida negativamente, para luchar contra alguien o algo. La unidad puede y debe ser también, un hecho positivo. Para luchar por nuestra reconstrucción económica, por el afianzamiento de nuestra democracia, etc.

Ha vuelto a afirmar el Diputado Acosta Jiménez que el resultado de las elecciones debe interpretarse como desaprobación a la obra revolucionaria de la Junta de Gobierno. Agregando a lo que en otras oportunidades he dicho sobre este particular, afirmo que es cierto que el Partido Social Demócrata se declaró abiertamente a favor de la política económica de la Junta de Gobierno. Pero también es cierto que el Partido Unión Nacional que obtuvo la mayoría en los comicios, nunca declaró oficialmente que estaba contra aquella política, como en realidad parece no estarlo en su gran mayoría. El Partido Unión Nacional no cometió el pecado de enfrentar a Ulate a Figueres, porque ello significaría para el pueblo un verdadero desgarramiento espiritual, dado que Ulate y Figueres, simbolizan para ese pueblo un solo ideal, representan una sola causa y hasta casi han sido fundidos en una sola figura. Por otra parte, la tradición personalista tan profundamente arraigada en nuestro pueblo, no le permitía escoger entre oposición y apoyo a las medidas económicas de la Junta. De haber sucedido así, y de acuerdo con lo que afirma el Diputado Acosta Jiménez, el partido que debió obtener mayor número de votos es el Constitucional, puesto que fue el que declaró en forma clara su oposición a la labor de la Junta. Sin embargo; no fue así, como todos lo sabemos.

Duele mucho que los hombres que han venido a oponerse a la prórroga y han manifestado con vehemencia su criterio sobre este particular, puedan pasar por alto las circunstancias dentro de las cuales le ha correspondido gobernar a la Junta de Gobierno. ¿Cómo es posible que puedan olvidarse de que se tomó el Poder después de ocho años de despilfarro económico, de desorganización administrativa; después de un descuido criminal de varios años a la economía costarricense; después de una constante agitación política nacida en los desmanes y corruptelas del régimen? Luego, una revolución que se prolongó por más de cinco semanas y que paralizó todas las actividades. Y todo esto como antecedente. Y dentro del período mismo de la Junta, ¿cómo es posible que pueda olvidarse la penuria económica dentro de la que se ha trabajado; la constante conspiración de los grupos desalojados del Poder y que no se resignan a aceptar ese golpe bien merecido; la recia oposición de los círculos capitalistas y como para colmo de males, la reciente invasión por la frontera Norte? Yo no concibo cómo todos esos hechos, todo ese marco de circunstancias, pueda pasar inadvertido, desapercibido, a la hora de juzgar la labor de la Junta de Gobierno.

Conviene analizar también, qué es y quiénes son la oposición a la Junta. En primer lugar, están los grupos desalojados del Poder, que no perdonan a Figueres ese hecho. Esos grupos han tenido suficientes oportunidades de abandonar sus planes estúpidos y carentes de respaldo popular de violentar el orden público y para colocarse en una posición más patriótica. Esos grupos deben reconocer que los errores que cometieron en el Poder justificaron plenamente la acción del pueblo en su contra. Pero ya es hora de que se unan a todos los costarricenses para trabajar por una Costa Rica mejor para todos. El otro grupo de oposición a la Junta es casi amorfo y se diluye dentro de varias tendencias políticas representadas en la Cámara, y es el que constituyen ciertos sectores del capital. Hemos manifestado con franqueza los miembros de nuestro partido que, existen medidas de la Junta que han provocado reacciones inconvenientes en los sectores del capital. Sin embargo, tenemos el temor, que quizá tengan también algunos sectores del pueblo, de que esa oposición se ha convertido en sistemática y cerrada, por defender intereses muy particulares y hasta mezquinos. Existe de parte de cierta prensa una labor que habrá de juzgar la historia con severidad, en el sentido de desorientar la opinión pública, de sembrar el desconcierto, de colocar al pueblo frente a la Junta de Gobierno; y, todo ello por defender intereses económicos de grupo. La llamada oposición de la Junta, no es fácil precisarla, por cuanto en Costa Rica, los sectores capitalistas tienen mucho más fácil acceso a la prensa que el pueblo.

Así se ha podido lanzar a través de todo el país, la cantinela de que ciertas medidas económicas de la Junta son extremistas y hasta comunistas. Y a quienes hemos manifestado simpatía y apoyo para tales medidas se nos ha calificado de igual manera.

Entro aquí a analizar un punto muy importante para que el pueblo pueda irse orientando. En nuestro tiempo, se ha venido produciendo como una verdadera necesidad, la reforma del sistema económico, del sistema social y del sistema cultural. ¿Para qué?, me dirán algunos. ¿Para maltratar y perseguir a los señores del capital? Yo creo que la reforma de nuestro sistema social se hace imprescindible, impostergable, sencillamente para garantizar la paz social futura del país, para reconstruir a Costa Rica sobre bases más justas. Porque nadie podrá negar que si bien es cierto que venimos disfrutando de una serie de libertades políticas, el pueblo día tras día ha venido sufriendo un proceso de proletarización. Ayer no más, con gran brillantez, y con un concepto muy claro de la realidad, nos hablaba el Diputado Monge del problema de la pequeña finca que va siendo absorbida por la gran finca. Esto no sólo se puede probar estadísticamente, sino también conversando con uno de nuestros campesinos viejos que hace pocos años atrás era pequeño propietario y hoy es peón de la gran finca, peón del latifundista. Por la forma injusta como han venido desarrollándose nuestras actividades económicas, se ha estado produciendo un descontento popular progresivo, que es el que ha aprovechado el comunismo para sus fines torcidos. Ese descontento apenas ha tomado forma y significado en ciertos sectores urbanos, pero como un hecho fatal de nuestro sistema económico, vamos caminando hacia un descontento de todos los sectores populares, el urbano y el campesino. Va a llegar el momento en que los grupos mayoritarios inconformes, se van a enfrentar, quién sabe si en forma violenta, a los dirigentes y a los sectores económicos a quienes hacen responsables de su deplorable situación.

Puede llegar un momento en que se agote la paciencia del pueblo y entonces se presente la lucha social, de tal manera que cauce grave perjuicio al país. La Junta de Gobierno no ha hecho más que interpretar el sentir de esos sectores, para evitar que en un determinado momento, quizá dentro de 10 o 20 años, la lucha se plantee en el terreno de la violencia, ya no por la libertad de elegir ya no por la libertad de expresarse en la radio o en la prensa sin ninguna cortapisa, ya no por el derecho de pertenecer al partido político que sea del agrado de cada cual, sino que va a llegar un momento en que la lucha va a ser por una comida suficiente por ropa y techo decentes.

Las medidas de la Junta en el campo económico-social, no van contra nadie, no tienen el propósito de estrujar a nadie, sino el patriótico afán de hacer el bien a todos y garantizar la paz y la felicidad futura de Costa Rica.

Es necesario también referirse a un hecho que en los últimos meses ha venido siendo comentado con frecuencia en la prensa y que es el fenómeno social, de la lucha de clases. Lo lamentable es que la mayoría de quienes se ocupan del asunto tienen una concepción errada de ese fenómeno. ¿Que es la lucha de clases? Es un fenómeno social que se presenta como consecuencia del desequilibrio económico existente en la sociedad. Se produce en vista de que un sector de nuestra sociedad tiene mucho, y otro, el más númeroso, tiene poco o del todo nada. Entonces surge la lucha entre los que tienen y los que no tienen. Es esa lucha fatalmente inevitables, en un régimen como el nuestro lleno de injusticias de las que se aprovechan los agitadores sociales para favorecer intereses ajenos al bienestar del pueblo y a las libertades públicas, y, para favorecer una causa política de carácter internacional. Algunos entienden por lucha de clases las constantes demandas que hacen los trabajadores por un mejor salario, por un mejor tratado etc. etc. Eso no es lucha de clases. Este fenómeno se presentará, según sean la respuesta que se dé a los trabajadores en sus demandas en lo que ellas puedan tener de justas. Es necesario hacer entender a los sectores del capital que no es desoyendo aquellas demandas, ni cercenando el Código de Trabajo, como se puede terminar con la lucha de clases. Existe una sola fórmula, y es la única que aceptamos, para conjurar el peligro de la lucha de clases. Esa fórmula es hacer más y más justicia a los grupos trabajadores del país. La Junta de Gobierno ha hecho un esfuerzo permanente en este sentido y los mismos que hoy combaten algunas de sus disposiciones no hay duda de que a la larga se beneficiarán, porque la tranquilidad y el progreso nacionales beneficiarán a todos.

Decía el Diputado Arroyo que nadie le ha contestado los cargos que él ha formulado a la Junta de Gobierno. Es cierto que él ha señalado unos cuantos errores y faltas en la Administración Pública. Yo le respondo que estoy en condiciones de agregar más errores y más faltas de esa misma naturaleza. Pero que hay por encima de ellos, hechos mucho más trascendentales que debieran ser los que determinan un rumbo y una decisión por parte de cada Diputado.

Las libertades ciudadanas, conquistadas y consolidadas en el breve período de la Junta, tienen valor superior, al de cualquier otra objeción que se pudiera hacer a los actuales gobernantes. La libertad como conquista de los pueblos, no puede ser menospreciada a la hora de analizar los errores de la Junta de Gobierno.

La institución del sufragio popular, tantas veces atropellada en el pasado, quedó consagrada definitivamente en las elecciones para integrar esta misma Asamblea Nacional Constituyente. El pueblo tuvo elecciones libres y puras y se sentó un precedente para los futuros gobernantes.

Nadie puede negar que, a pesar de la penuria económica, la Junta de Gobierno ha hecho un esfuerzo continuado por incrementar la producción. Y ese esfuerzo ha empezado a rendir sus frutos. Y como expresaba el Presidente Figueres en el homenaje que se rindió a los mártires caídos en Llano Grande en el año 1944, ahora no solo tenemos frijoles para el consumo interno, sino que tenemos también para exportar. Y agregaba: “Ese milagro se ha operado en el estrecho término de 10 meses, pero 10 meses sin politiquería y de mucho trabajo”. Se ha hecho y se está haciendo un trabajo de reparación de carreteras que puede considerarse titánico, por las dificultades económicas y de material que ha tenido que salvar. Después de una campaña científica contra el chapulín, podemos afirmar que ese pernicioso acridio prácticamente ha sido exterminado.

Mucho se ha hablado y mucha ley se ha dado contra la especulación, sin que el pueblo consumidor pudiera librarse de ella. Ahora podemos decir que se está controlando la especulación de manera efectiva. El Consejo de la Producción ha creado estancos en los diferentes sectores de la ciudad, que ofrecen los artículos de primera necesidad a los precios fijados por la ley. Los comerciantes han protestado diciendo que esto es una competencia desleal. Pero nosotros contestamos que si ellos venden a los precios de ley, nadie tiene necesidad de los estancos, puesto que les es más fácil a las personas comprar en la pulpería que está situada en la esquina de su casa.

La escogencia de funcionarios eficientes y probos se ha venido haciendo con insistencia en todas las dependencias públicas y con resultados que ya podemos palpar.

Sabemos que durante los Gobiernos anteriores, los fondos que ingresaban al Erario Público se los robaban. El Diputado Arroyo ahora ha reconocido que él está seguro de que ni un solo cinco le es sustraído al Estado por los hombres que gobiernan. Hoy sabemos que los dineros públicos no se usan para construir palacetes particulares, para vacaciones en el extranjero, para sostener vicios de los militares incondicionales, sino que hoy se destinan a las necesidades del pueblo.

Hay un hecho que tampoco puede pasar inadvertido a la hora de decidir sobre el punto en discusión, por más que el Diputado Acosta Jiménez se haya referido a él despectivamente, calificando de “ternura política” lo que es un sentimiento profundamente arraigado en el alma popular. No puede pasarse por alto la gratitud que todos debemos a José Figueres y los hombres que hoy lo acompañan en el Poder. Esos hombres hace un año iniciaron la gesta libertadora; hicieron toda clase de sacrificios y como bien se ha dicho, se jugaron en una sola carta su porvenir y hasta su vida. Recordemos los padecimientos sin nombre de nuestro pueblo antes del triunfo de Figueres y quien después de ello no sienta gratitud para él, no la sentirá nunca para nada ni para nadie.

¿Yo creo que don Otilio Ulate hubiera podido evitar muchos de los errores que hoy se atribuyen a la Junta de Gobierno? No lo creo porque esos errores han resultado principalmente de las difíciles circunstancias que ha vivido el país en los últimos tiempos.

Además, existe un hecho determinante en favor de la prórroga del período de Gobierno de la Junta. Los Diputados del Partido Social Demócrata jamás hubieran venido a solicitar esa prórroga, si a ella no se hubiera manifestado de acuerdo el Presidente Electo de Costa Rica, don Otilio Ulate. Pero todos sabemos, señores Diputados, que el señor Ulate se ha manifestado francamente partidario de la idea de que la Junta gobierne por seis meses más y que ese criterio está expresado con toda claridad en Mensaje que él envió hace algún tiempo a esta Asamblea. Nadie podría negar que esta actitud del señor Ulate la ha determinado un deseo de servir mejor a la Patria y la convicción de que la prórroga es conveniente al país. Repito, si no hubiera sido ésta la actitud del señor Ulate, no hubiéramos solicitado la prórroga, sencillamente porque vemos en él y respetamos en él la máxima expresión de la voluntad popular.

Vuelvo a insistir en un aspecto que considero de vital importancia para el porvenir de nuestras instituciones democráticas. Me refiero a la necesaria unidad de las fuerzas de oposición al régimen derrocado. Si Ulate está de acuerdo en la prórroga y Figueres desea trabajar en armonía con la Asamblea Nacional Constituyente y con absoluto apego al sentimiento popular, no veo cuáles sean las razones valederas para no otorgar tal ampliación del período de Gobierno de la actual Junta.

En cuanto al respeto que a la Junta le merece la opinión pública, existen suficientes pruebas para los que quieren ver y oír. El contrato eléctrico, al que se refirió el Diputado González Flores, manifestando que su celebración había sido pospuesta gracias a los valientes y patrióticos editoriales de “La Nación”, es una prueba fehaciente de lo que afirmo. Sólo deseo aclarar que ese contrato no fue pospuesto por los editoriales de “La Nación”, que para mí son interesados y desautorizados por su procedencia, sino por respeto a la verdadera opinión pública, que se manifestó inconforme.

Tan pronto como aquí se hicieron objeciones al contrato petrolero, el propio señor Figueres ha anunciado que será enviado para su estudio definitivo a esta Asamblea.

¿Las elecciones de Constituyentes de diciembre último, no son acaso la prueba irrefutable del respecto que le merece a la Junta de Gobierno la opinión pública? Si todo esto que hemos dicho es cierto, ¿a qué viene ese empeño de hacer una división inconveniente entre las fuerzas democráticas del país? Pensemos que este asunto que discutimos, es de una trascendencia histórica grande y que igualmente grandes son las responsabilidades que a cada uno le correspondan por su actitud.

A aquellos que están negando la prórroga por el hecho de ser enemigos de la Junta, deseo solicitarles que depongan un poco sus sentimientos personales, sus intereses personales y piensen en la conveniencia del país y en el crimen que sería producir en el alma de nuestro pueblo un desgarramiento, cual sería el de dividir las fuerzas democráticas del país. Ulate y Figueres representan en la conciencia del pueblo, un sólo ideal.

Mediten todos sus responsabilidades sobre este particular, porque la historia habrá de ser severa con nuestras actuaciones. Los Diputados que adversan la prórroga de la Junta de Gobierno, deben pensar que con actitudes que ellos consideran sinceras y bien intencionadas, pueden causarle grave daño al país.

ACTA No. 37

Nº 37.- Trigésima séptima Acta de la sesión celebrada por la Asamblea Nacional Constituyente a las quince horas y media del día dieciséis de marzo de mil novecientos cuarenta y nueve, bajo la Presidencia del Doctor Rodríguez. Presentes los señores Diputados Vargas Fernández y Ortiz Martín, Secretarios; González Flores, González Luján, González Herrán, Sotela, Dobles Segreda, Leiva, Madrigal, Fournier, Solórzano, Valverde, Monge Álvarez, Esquivel, Gamboa, Gómez, Guzmán, Herrero, Arias, Volio Jiménez, Volio Sancho, Oreamuno, Brenes Mata, Montealegre, Trejos, Jiménez Núñez, Baudrit González, Baudrit Solera, Monge Ramírez, Acosta Piepper, Guido, Zeledón, Pinto, Bonilla, Acosta Jiménez Montiel, Arroyo, Desanti, Ruiz, Vargas Vargas, y los Suplentes Castaing, Lobo, Jiménez Quesada y Morúa.

Artículo 1º.- Se leyó y aprobó el acta de la sesión anterior.

Artículo 2º.- Se acordó que durante los días de fiesta no haya sesiones.

Artículo 3º.- Se continuó en la discusión del dictamen sobre la prórroga del período de Gobierno de la Junta.

El Representante VOLIO SANCHO defendió el dictamen propuesto en una larga exposición, diciendo que después del triunfo de la revolución, el país se encontraba en una de las situaciones más difíciles, empobrecido, sangrante, agotado por una guerra civil. La corrupción más absoluta reinaba en la administración.

Se hacia necesaria una transformación completa, organizar el país sobre nuevas bases, castigar a todos aquellos que habían cometido crímenes o robado los dineros del pueblo. Se requería una decisión férrea para acabar con todo aquello que estaba trastornando al país y nada más natural que esa tarea se cumpliera.

Los únicos que podían emprender esa labor eran Figueres y sus compañeros de lucha, que no estaban reatados a normas legales de ninguna clase. Es cierto que al señor Ulate no le habría faltado entereza y decisión para llevar a cabo esa magna tarea, pero habría tropezado con una serie de obstáculos legales. No habría podido crear, por ejemplo. Tribunales Especiales para castigar pronto a los malhechores que saquearon la hacienda pública. Era necesario establecer un régimen dictatorial-no una tiranía-, es decir, un gobierno que dispusiera de las más amplias facultades para llevar a cabo sus propósitos de bien nacional.

Eso es, precisamente, lo que ha venido haciendo don José Figueres, en asocio de sus compañeros de la Junta. Agregó que en su opinión, la Junta ha hecho buen uso de sus facultades irrestrictas, pues se han respetado los derechos humanos, castigado a los culpables y absuelto a los inocentes. Todos los hombres honrados han disfrutado de amplias garantías para dedicarse a su trabajo. La acción de la Junta ha sido en extremo benévola. A todos los acusados se les ha dado oportunidad para que se defiendan. Luego se refirió a la obra administrativa de la Junta, la que, si no ha sido perfecta, ha llenado las aspiraciones del momento, sentando las nuevas bases para la estructuración política, social y económica del país. Es cierto que se ha criticado por parte de varios señores Diputados actuaciones de la Junta, pero los cargos no han sido fundamentales. Se han reducido a pequeñeces y a hechos de carácter personal. Refutó la afirmación sustentada por el Diputado Acosta Jiménez, de que quienes estaban con la prórroga faltaban a un principio moral. Si así fuera, también se podría decir que el señor Ulate está faltando a un principio moral, ya que él ha recomendado expresamente a la Asamblea el otorgamiento de la prórroga, para consolidar el movimiento revolucionario. De haber mediado la más pequeña coacción en su ánimo, don Otilio Ulate nunca habría firmado el Pacto y mucho menos habría venido a la Asamblea a pronunciarse por la prórroga. Luego dijo que todos los que habían criticado a la Junta, reconocían, sin embargo, en ésta, lealtad y patriotismo. Gracias al heroísmo de don José Figueres y sus compañeros de lucha, se está disfrutando de los beneficios de la libertad. Por otra parte, el país se está encaminando rápidamente hacia la constitucionalidad, al aprobarse el régimen de consulta con la Asamblea de los asuntos de importancia. Sin embargo, a pesar de todo esto se dice que la Junta no merece continuar en el poder después del ocho de noviembre. Posiblemente si la prórroga no pasara, don José Figueres no lo consideraría una ingratitud de parte de la Asamblea. El señor Figueres no es un ambicioso del poder. Cree que está haciendo bien al país. Labora con patriotismo y desinterés por el bien nacional. Por eso juzgo un deber -terminó diciendo el señor Volio Sancho-, para el hombre que lo dió todo por la libertad de su patria, confirmarle la confianza que se le otorgó cuando se lanzó a aquella aventura suicida, que en un principio pareció destinada al fracaso.

El Representante PINTO ECHEVERRIA razonó su voto negativo al dictamen en discusión en vista de que su moción de orden presentada a la Asamblea, para que ésta conociera de la solicitud de la prórroga al término del período de 18 meses de la Junta, tal y como lo estipula el Pacto Ulate-Figueres, fue desechada. De haber pasado esa moción -dijo-, yo le habría dado mi voto favorable a la prórroga, es decir, para que la Junta continuara gobernando con Constitución y con Congreso, una vez promulgada la Carta Magna y convocado al país a elecciones de Asamblea Legislativa. La versión del discurso del señor Pinto se publica al pie del acta.

Los señores SECRETARIOS introducen al Salón de Sesiones al Ministro de Gobernación, don Fernando Valverde Vega.

El señor Valverde Vega usó de la palabra para referirse a varias afirmaciones dichas en la Asamblea, por parte de algunos Diputados, que consideró lesivas para el buen nombre suyo y el de don José Figueres. Dijo que la Junta expresamente se había mantenido alejada del debate sobre la prórroga, ya que este problema, de acuerdo con el Pacto Ulate-Figueres, no le concierne más que a la Asamblea Nacional Constituyente. El Pacto fue firmado por las dos partes, agregando que garantizaba por su honor que la parte, que le corresponde a la Junta cumplir, lo hará al pie de la letra. Pero que no puede dejar pasar por alto varios cargos mentirosos que se han lanzado contra él y contra la Junta.

Vengo a decir categóricamente -expresó-, que aquí se ha mentido en repetidas ocasiones. Vengo a la Asamblea, no a defender un Pacto, sino por los fueros de mi honor. Se ha dicho veladamente que yo manifesté en Cartago, después de la toma de esta ciudad por las fuerzas revolucionarias, “que don Otilio Ulate era papel quemado en la política nacional”. Eso es falso, absolutamente falso. Ni don José Figueres ni yo jamás pensamos eliminar al señor Ulate. En varias ocasiones manifesté que no permitiría nada lesivo que fuera contra la posición política del señor Ulate. Es más aún, en una de las conversaciones previas a la integración del gabinete, tuve un incidente con uno de mis compañeros, porque yo defendía la tesis de don Otilio Ulate. Luego manifestó que mucho alarde de moralidad se había estado haciendo por parte de algunos representantes, la moralidad no se proclama solamente, hay que ponerla en práctica. No es moral ampararse a la credencial de Diputado para lanzar cargos infundados.

Es necesario que se diga que quien tuvo el valor de exponer su vida y su hacienda en los campos de batalla, luchando por la liberación de su patria, no puede ser un cualquiera a quien se trate y maltrate a cada momento. Terminó diciendo que no negaba que muchos de los señores Diputados estaban autorizados para hacer críticas a la Junta de Gobierno, pero que esto no los facultaba para dudar del honor de sus integrantes, ni lanzar afirmaciones carentes de verdad.

El Diputado ACOSTA JIMENEZ (*) se refirió a varios de los conceptos del discurso del señor Ministro de Gobernación. Dijo que para quienes se habían mantenido leales al señor Ulate les empezó a lastimar en la conciencia la actitud de los nuevos triunfadores, quienes al llegar no más a la ciudad de Cartago, embriagados de gloria, trataron de hacer a un lado a don Otilio, negándole su limpia credencial ganada en las elecciones de febrero. Agregó que don Fernando Valverde lo había atacado en su discurso, pues en una ocasión le había criticado declaraciones suyas dadas a la Prensa, en las que decía que el pueblo, en las elecciones de Asamblea Constituyente debía escoger entre don Otilio y la Junta.

Agregó que desde el año 1947 había ido a los campos a pregonar que se estaba luchando por crear una nueva patria moral, sin mistificaciones de ningún género, sin figurones, para que en Costa Rica no volviera a enturbiarse la fuente limpia del sufragio, que don Otilio Ulate sería Presidente de Costa Rica el 8 de febrero, porque representaba los anhelos populares. La elección legítima del señor Ulate fue desconocida por el Congreso del 1º de marzo, surgiendo, entonces, la revolución para atajar esa infamia. Pero, una vez triunfante la revolución se instauró un gobierno de facto, que iba contra las aspiraciones del pueblo que deseaba ver a don Otilio como Presidente de la República. Por este motivo, se enfrentó a la Junta desde el principio y se mantuvo alejado de la misma pese a los repetidos ofrecimientos que se le hicieron para ocupar puesto en la administración pública. Explicó las razones humanas que lo imposibilitaron para ir hasta el frente de batalla, ya que no podía dejar en desamparo a sus seres más queridos, privados de la presencia de la criatura más entrañablemente querida, a quien debía todo lo que era. Luego manifestó que si el señor Ministro de Gobernación no había negado nunca las credenciales legítimas de don Otilio Ulate, ¿por qué, entonces, había aceptado formar parte de la Junta cuando varios ex-combatientes al enterarse que don Otilio Ulate no sería Presidente se alejaron decepcionados para sus casas?. Se refirió a varias actuaciones de los revolucionarios después de alcanzar la victoria, que demuestra palpablemente que tuvieron la intención de ignorar el nombre del señor Ulate, haciéndose del poder, para terminar diciendo que todo lo que había afirmado sobre este asunto ahora y en otras ocasiones lo tenía por verdad, y que si le demostraba que estaba equivocado, reconocería su error.

El Diputado MONTEALEGRE brevemente usó de la palabra para confirmar su afirmación de que don José Figueres siempre había mantenido el criterio de ser Presidente y gobernar sin Congreso, razón por la cual se había alejado para siempre de la Junta.

El señor Ministro de Gobernación expresó que su actitud al venir a la Asamblea había sido para defenderse de varios cargos velados que se le habían lanzado por parte de varios señores Diputados. Vine a sabiendas de lo que venía a hacer, y para no perjudicar a la Junta con mi conducta, de aquí me retiro a presentar mi renuncia de la misma. He venido por los fueros de mi honor y estoy dispuesto a asumir las consecuencias de mi conducta.

A continuación, con la cortesía de estilo, el señor Ministro abandonó el recinto acompañado de los Secretarios.

Los Representantes MONGE RAMIREZ y ARROYO también se refirieron a conceptos del discurso del señor Valverde Vega, entablándose entre ellos una discusión acalorada con respecto al momento de retirarse de Cartago como manifestación de protesta, por haber asumido el poder la Junta, y no don Otilio Ulate.

El Representante VARGAS FERNANDEZ justificó su voto negativo al dictamen en discusión en los siguientes términos:

Señores Diputados: No obstante lo avanzado de la hora, entro a analizar el asunto que está en debate: el dictamen relacionado con la petición de prórroga del régimen actual por seis meses a partir del 8 de noviembre próximo. Pido excusas a los señores Diputados pero explico, que he hecho a la Presidencia la sugestión de dejar mi exposición para la próxima sesión, sin resultado alguno.

Pasado el incidente que acaba de ocurrir, entro a comentar el punto en debate. En todos los asuntos que aquí se han discutido, siempre he exteriorizado mi pensamiento; no quiero ahora permanecer en silencio, en cuestión de tanta importancia. Adelanto que mi voto será negativo al dictamen y también cuando venga la votación definitiva. Puntualizo los motivos que tengo.

Previamente, deseo manifestar mi profunda molestia, si así cabe llamarla, por la actitud, que la Junta de Gobierno ha asumido frente a este alto cuerpo representativo de la voluntad popular. He notado que ha existido el empeño, cuando menos la inquietud, de estrechar, de restar facultades o atribuciones a la representación del pueblo costarricense.

Muchas son las observaciones que puedo aportar al respecto. La sesión inaugural de esta Asamblea se efectuó el 15 de enero, dentro de la mayor simpleza, dentro de una escasa significación. Pareciera que había el propósito de que acontecimiento de tal envergadura pasara inadvertidamente. Fue a iniciativa del Partido Unión Nacional, que se efectuó la solemne sesión del 16. No era para complacer inoportunas vanidades personales nuestras. Había interés, y era muy prudente, que en este recinto hiciera acto de presencia el Cuerpo Diplomático: la Corte Suprema de Justicia; el Tribunal Nacional Electoral; el Alto Clero y que el país entero sintiera que su máxima y única representación habíase iniciado. Podría calificarse lo expuesto como un detalle, como algo de poca cuantía, de ahí que pase a ofrecer otros aspectos, en corroboración de mi anterior aseveración.

El decreto de convocatoria a esta Asamblea lo tengo como francamente lesivo a la majestad suya, casi en una orden que prematuramente le dicta la Junta de Gobierno. Con carácter exclusivo se le apunta lo que debe tratar y para rematar, se le anuncia, que también de aquellos asuntos que la Junta quiera, que conozca.

Apartando el espíritu que animó a ese decreto de convocatoria, hay que considerarlo como ridículo. Es absurdo que un gobierno transitorio cuya única razón de existir es un hecho de armas, pretenda limitar las amplísimas atribuciones de un pueblo en ejercicio de la soberanía.

Se solicita a la Asamblea Nacional la prórroga dentro de un laconismo irritante; en escasas cuatro líneas. No hay razones. No hay rendición de cuentas de la gestión administrativa. Esto así es inadmisible. Juzgo que es esencial y oportuno que la olímpica Junta de Gobierno se disponga a ofrecer a la legítima representación del pueblo costarricense, una memoria de lo actuado.

He aquí otra manifestación de irrespeto hacia este alto cuerpo. Comento luego el rimbombante sistema de consulta, que en anterior ocasión probé que bien puede ser origen de futuras desavenencias entre la Junta y la Asamblea y que a la vez puede resultar perfectamente inoperante. Muchos señores representantes lo han defendido ardorosamente y otros se han llenado de ilusiones. ¿Cuáles serán los asuntos que, bajo ese régimen de consulta, llegarán a esta Cámara? Los que la Junta de Gobierno, quiera que vengan. No se quiso que la Asamblea compartiera con la Junta el derecho de señalarlos. Tengo entendido que se alegó que significaría una manifestación de desconfianza hacia el buen criterio, honradez y sentido de responsabilidad de los integrantes de la Junta de Gobierno. Si eso se alegaba en la Casa Presidencial, es de pensar que ahí no se tenía confianza en cambio en el buen criterio, ni en la honradez, ni en la responsabilidad de los miembros de esta Asamblea y de ahí que hubiera el empeño de que fuera la Junta de Gobierno la única con capacidad para señalar los asuntos de índole legislativa de que debía conocer esta representación.

¿Y qué dice, en su segunda parte, esa declaración que buena parte se redactó en la Casa Presidencial y que se emitió como de esta Asamblea? Ya lo comenté en otra oportunidad y lo califiqué como afrentosa para la representación de un pueblo: “que la Junta de Gobierno le reconoce a la Asamblea Nacional Constituyente el derecho a intervenir en la legislación de gran importancia. Etc”. Es decir, que si va la Asamblea a participar en la labor de legislación, limitada a los asuntos que la Junta escoja, lo será, no en virtud de un derecho inmanente, sino por una graciosa dádiva de la Junta. Es otra prueba más del menosprecio hacia este Alto Cuerpo popular.

Cuando se presentó la moción Desanti, que pese a las numerosas transformaciones lleva su nombre, moción que originalmente tenía un sentido muy diferente al que después se le imprimió, surgió otra para que la Asamblea suspendiera el debate y consultara con el señor Figueres si la dicha moción consideraba él que está en pugna con el pacto Ulate-Figueres. De esto objeto principalmente que, siendo dos las partes signatarias del compromiso, se pospusiera el debate y se consultara únicamente al señor Figueres. ¿Sería acaso en virtud de que uno de los citados caballeros ejerce el Poder y el otro no? No cabrá la excusa de que el señor Ulate, está fuera del país, porque hay numerosos medios para rápidamente haberle hecho la consulta, y si hubiera sido imposible, su partido tiene el elemento directivo y don Otilio tiene también sus representantes personales. De lo último no culpo a la Junta y en consecuencia no lo señalo como una manifestación en detrimento de la majestad de esta Asamblea; lo hago para que se medite y se vea cual es el camino que estamos transitando...

Y me concreto ahora al tema en discusión. Dije que la Junta está obligada a dar las razones por las que pide la prórroga. No las ha dado. Nadie tampoco las ha expuesto aquí. Un señor Diputado las anunció pero considerando innecesario brindarlas, manifestó que se las dejaba en el bolsillo. Creo, señores Diputados, imposible un pronunciamiento favorable sin que se cubra de previo condición tan importante; requisito básico.

Los defensores de la tesis prorroguista alegan que se impone para que el señor Figueres pueda terminar sus planes de gobierno. Pregunto, ¿cuáles planes, tiene conocimiento oficial, como debiera, esta Asamblea de ellos? ¿Se los han trasmitido separadamente a algún Diputado? ¿Por qué ese Diputado o esos Diputados no los ponen en conocimiento de este organismo? Admitamos provisoriamente que hay esos planes. Pregunto entonces, ¿cuáles son esos planes que tiene el privilegio el señor Figueres de rematar en seis meses y que no podría hacer el señor Ulate, no en seis meses, sino en cuatro años? ¿Es que no se confía en las capacidades de estadista de don Otilio? Quien se coloque en ese plano, que vote la prórroga. Como se me podría refutar que los tales e hipotéticos o desconocidos planes sólo serían realizables bajo un régimen dictatorial, me apresuro a responderle a quien así piense, que si tiene más fe en una dictadura, que en un sistema democrático, que la vote también; pero le diría que soy de los que piensan que eso y mucho más se puede alcanzar bajo los designios del orden constitucional; que de ahí que juzgue innecesario la ampliación del régimen.

Insisto, señores Diputados, en que la Junta de Gobierno tiene el deber ineludible de decirle a esta Asamblea, qué ha hecho en el pasado y qué va a hacer en el futuro. Cuando menos a rendirle el presupuesto general de la República.

¿Lo conoce esta Asamblea? ¿Los Diputados prorroguistas saben a cuanto monta? ¿Se tienen informes oficiales aquí de las cifras a que llega ya la deuda pública? Para algunos señores representantes eso no tiene importancia y a pesar de ello hay que prorrogar el régimen de seis meses en idénticas condiciones. Señores Diputados, una Asamblea Constituyente existe para ponerle término a un régimen de facto. La razón de ser de una, es la razón de no ser del otro.

Pero estamos viendo en Costa Rica un caso especialísimo: una Asamblea Constituyente abriéndole anchuroso paso a una dictadura. ¿Se puede admitir semejante herejía jurídica? Será este caso único. Es inadmisible que traicionemos al pueblo que nos eligió para provocar cuanto antes el advenimiento del régimen constitucional. Llego a admitir, que en virtud de un compromiso de honor, esta Asamblea mantenga una actitud pasiva frente al gobierno de hecho, pero jamás puedo aceptar, que este cuerpo amplíe más allá de los 18 meses las facultades legislativas, como ya lo hizo, y el período de duración en ejercicio del Poder del Régimen actual. Los señores Diputados han de tener muy presente, y de ello hay numerosos ejemplos en la historia, que es característico, casi podríamos decir propio de las dictaduras, el pedir prórrogas; el considerar que son insustituibles y siempre alegan sus personeros superiores razones de Estado para continuar en el ejercicio del mando, aunque por lo general ellas no se dan.

Ciudadanos hay, y también a la vez Diputados, que comentan discretamente, ignoro si con fundamento o no, que la prórroga se impone par evitar un golpe de Estado. No quiero pensar que haya esa posibilidad, pero si tal cosa pudiera influir en el ánimo de algún Diputado débil para favorecer la tesis prorroguista, le hago la observación, para que la medite, si cree que si esas intenciones anidan ya en algún perverso espíritu, podrían desaparecer con seis meses de prórroga a este régimen. Es de calcular que si ese temor tuviera algún fundamento respondería a planes para lo porvenir y que la misma inquietud podría producirse al aproximarse el mes de mayo de 1950. No creo, repito, en esas posibilidades, pero hago esas reflexiones para que nadie se llame a engaño.

Yo no quiero, señores Diputados, que mi voto contribuya a prolongar un régimen de facto más allá de lo estrictamente indispensable. No pierdo de vista que su existencia se basa en un hecho de armas, glorioso como el que más, pero al fin un hecho de fuerza. No puedo olvidar que muchos de sus personeros inicialmente levantaron la bandera del respeto a la voluntad popular y que una vez triunfante el movimiento esa bandera fue arriada y sacado entonces el estandarte de la Segunda República. Cuando tal ocurrió muchos valientes soldados del Ejército de Liberación soltaron las armas en señal de enérgica protesta y marcharon especialmente a Alajuela. No voy a insistir en este asunto, porque ha sido ampliamente comentado en esta Cámara y ya nadie puede dudar, con los testimonios ofrecidos, que líderes del movimiento armado pasado pretendieron desconocer el veredicto popular del ocho de febrero de mil novecientos cuarenta y ocho; que si esas preocupaciones no cristalizaron se debió fundamentalmente a la resuelta actitud del pueblo costarricense que se mantuvo leal a su presidente electo.

Y si todavía quedara duda al respecto invoco las justificaciones que a su debido tiempo se hicieron del llamado pacto Ulate-Figueres. Aquí se ha dicho; lo dijo el propio señor Ulate y también el propio señor Figueres si mal no recuerdo, que el pacto se imponía para evitar que se produjera una división en las fuerzas victoriosas de la llamada Oposición Nacional. Interpreto que si ese compromiso no se suscribe, entonces habría venido esa temida división. Es decir, unos se quedan en el poder y otros resultan burlados. No creo que haya Diputados tan ingenuos que piensen que si el señor Ulate no firma ese compromiso y dados los antecedentes, los triunfadores, con las armas en las manos aún, iban a entregarle al señor Ulate el mando y retirarse tranquilamente a sus casas.

Para justificar los dieciocho meses o los dos años de existencia de un régimen dictatorial, se dijo que era necesario proceder cuanto antes a una depuración general; a un saneamiento absoluto de la administración pública. Yo pregunto: ¿ha habido esa depuración? Veámoslo. No creo que se hayan producido con el despido de unos cuantos funcionarios públicos afectos al gobierno pasado; digo que unos cuantos porque lo que ha habido es una discriminación de empleados calderonistas: algunos fueron destituidos pero muchos otros aún están en altas posiciones. No se me entienda que estoy abogando por un despido total de antiguos calderonistas. Simplemente señalo que si por despedir empleados públicos se entiende depuración, no se podría alegar en este caso por lo que dije. Yo entiendo la depuración muy distinto. La despersonalizo totalmente. No la veo en esos despidos. La vería en algo más amplio; en un cambio completo de prácticas viciadas del régimen de los ocho años. Los Diputados oposicionistas que pertenecimos al último Congreso Constitucional, nos levantamos en numerosas ocasiones a protestar porque el Poder Ejecutivo no remitía con oportunidad el proyecto de Presupuesto General de Gatos; nos secundaba en esas protestas la gran masa oposicionista; esa práctica viciada existe actualmente.

Censurábamos los mismos Diputados lo elevado del Presupuesto; tengo entendido que el actual es mucho superior ¡Cómo clamábamos por el vertiginoso desarrollo del burocratismo! Hoy las cosas no andan mejor. Recuerdo mi censura a la creación y multiplicación paulatina de las llamadas “asesorías legales”; las consideraba perfectamente innecesarias, salvó una que otra, existiendo el Ministerio Público. Cuando este régimen se inició, con verdadera satisfacción las ví caer, pero con gran pesar me día cuenta que la derogatoria duró escasos días, porque volvieron a aparecer, con diferente nombre y con la dotación duplicada.

Cómo nos indignábamos todos los oposicionistas de la descarada participación de los altos funcionarios y militares del régimen anterior en los ajetreos político-electorales. Esa corruptela se mantiene. Con estupor supimos de la presencia de varios Ministros en la Convención de un determinado partido político; yo oportunamente denuncié la presencia de un ministro, de un comandante primero de policía, de empleados de una comandancia, en la inauguración de un club político. En mil formas se trató de explicar que aquello no era un club político, pero todo no pasó de ser más que un ensayo para justificar lo injustificable; entonces se me señaló como enemigo de la Junta de Gobierno.

Pero las cosas llegaron al máximo, cuando con motivo de las elecciones últimas, un partido beligerante efectuó la convención de rigor para escoger sus candidatos a constituyentes y en ese acto eminentemente político hizo acto de presencia y uso de la palabra el propio Presidente de la República, para manifestar si mal no recuerdo, su identificación con ese Partido, junto con él asistieron varios señores Ministros y como si todo eso fuera poco ese mismo partido político realizó toda su campaña electoral a base del nombre del señor Figueres y colocando en los afiches de propaganda el retrato de tan alto funcionario. Terminar con todos esos recursos, sí habría sido depuración en el verdadero sentido del término.

Repetidas veces he oído decir en esta Cámara, que el pueblo de Costa Rica está con el señor Figueres y con su Gobierno; he escuchado invitaciones que formulan algunos compañeros a visitar los campos y constatar lo anterior.

Conceptúo que es un procedimiento simplista el de considerar que por la circunstancia que en algunos pueblos se reciba al señor Presidente con vítores y aplausos, todo el pueblo costarricense respalde su obra de gobierno. La única forma para saber con exactitud cuales son los sentimientos nacionales en este particular, sería la verificación de un plebiscito. Quienes creemos que la gestión gubernativa del señor Figueres no cuenta con el respaldo popular, nos basamos en un antecedente de gran autoridad: las elecciones del ocho de diciembre último. La interpretación de su resultado la ha hecho brillantemente nuestro compañero el señor Acosta, interpretación que yo comparto, y que hasta la hora no ha sido refutada con buen éxito.

No me explico, señores Diputados, por qué motivos este asunto de la prórroga y otros que atañen a la Junta de Gobierno se ha venido colocando en un terreno sentimentalista por quienes lo defienden; ya el compañero Licenciado Acosta Jiménez, en frase oportuna, ha denominado esta tendencia “ternura política”. Algunos de los señores Representantes que están con la tesis de la prórroga no dan otra razón que la de no pecar por ingratitud; consideran que la habría si votaran adversamente el dictamen en debate. Error y muy grave es el proceder en tal forma. La gratitud no cuenta en este particular. Lo único que tiene que guiarnos es el interés de país, analizar la conveniencia o inconveniencia de la prórroga, separadamente de razones afectivas. Lo que tenemos que oír y pesar son motivos superiores; razones de Estado. Para expresar ese agradecimiento que tendrá que ser eterno del pueblo costarricense hacia su libertador José Figueres, hay numerosos recursos. El compañero Pinto ha lanzado una bella iniciativa, que nadie se negaría a respaldar. La República reserva títulos de gran significación para sus hijos distinguidos, que le hayan prestado servicios eminentes, como el Benemeritazgo, en cuya forma podría testimoniarse al señor Figueres ese sentimiento que se pretende hacer prevalecer aquí para resolver un punto en el que media el interés público.

Al señor Figueres nadie le regatea la gloria inmensa que tiene. Torpe y absurdo sería no reconocerlo. Es un indiscutido héroe nacional. Su gesta se celebra hoy y dentro de doscientos o trescientos años en Costa Rica. Pero de ahí, a que tengamos que admitir que como gobernante ha sido tan afortunado que merezca su gobierno seguir adelante, hay gran diferencia. Aquí se citó el caso de Mr. Churchill en Inglaterra. Cuando ese gran pueblo se sintió amenazado de muerte, fue en su busca y Mr. Churchill salvó no sólo la suerte de su patria sino la del resto del mundo. Sin embargo, venidas las elecciones populares en Gran Bretaña, el candidato Winston Churchill salió derrotado. A nadie se le va a ocurrir decir que el pueblo inglés es un pueblo ingrato. Colocándose en las fronteras de nuestra historia, encontramos antecedentes muy significativos que pueden invocarse hoy. Hace poco más de cien años, el Gral. Francisco Morazán derribó la primera dictadura que en nuestro suelo se estableció: la de Carrillo. Se le llamó entonces el Libertador, le colmaron de honores; al ejército suyo se le denominó también Ejército de Liberación y se le exaltó a la Primera Magistratura provisoriamente. Ya en el ejercicio del Poder, el General Morazán dió comienzo a una desacertada labor; sus planes federalistas llenaron de inquietud al pueblo costarricense; el alza de los impuestos disgustaba cada día más y la penetración o hegemonía militarista de su régimen irritaban de sobremanera a nuestros antepasados. Se levantó el pueblo y lo derribó.

Aquel levantamiento ha sido celebrado por la posteridad; no condenamos a los hombres de aquella época como ingratos. Les alabamos, por el contrario, su prudencia y su energía. El General Pinto, Jefe de la Revolución, comprendió, quizás lo diferente que eran las funciones de militar, el ejercicio de las armas a las funciones gubernativas, al ejercicio del Poder y de ahí que no se empecinara, ni intentara siquiera, asumir el mando sino que fue en busca junto con los revolucionarios, de un hombre sencillo, talentoso, apartado de los ajetreos políticos, llamado don José María Alfaro. ¡Qué prueba de verdadero desinterés el del General Pinto! El señor Figueres es el hombre de la guerra, pero no es el hombre de la paz. Ambas cosas las ha demostrado claramente. Si Costa Rica se viera envuelta en un conflicto bélico es indudable que Figueres es el hijo más señalado para defenderla.

He oído afirmar en este recinto, que sin el señor Figueres, no habría habido revolución. Lo que equivale a decir que el régimen de los ochos años se habría eternizado en el Poder. La aseveración no puede ser menos inexacta; la tesis no resiste un análisis superficial siquiera. Es confiar en un hombre y desconfiar de un pueblo. Yo creo en el pueblo de Costa Rica. Repito que al señor Figueres no se le puede ni se le debe limitar su hazaña, pero por más que así sea, no puedo admitir que si él no hubiera existido, Costa Rica habría sido víctima eterna del régimen caldero-comunista. Ya eso es una tendencia a la que hay que ir poniendo coto. Ya es exagerar en demasía las cosas. El señor Figueres es un hijo del pueblo costarricense; es producto de su pueblo, pero hay que rebelarse contra el esfuerzo de algunos que ven en él algo así como un ser celestial, bajado de las alturas con mecates. No, señores Diputados, hay que apartarse de esa tendencia de los que ven repetirse el milagro bíblico de la Zarza ardiendo y desde la cual el Todopoderoso habló a Moisés y le designó para sacar al pueblo hebreo de la esclavitud y conducirlo a la Tierra Prometida.

Para quienes ven la repetición o algo similar les recuerdo, que hay la diferencia sin embargo de que Moisés no pudo entrar a esa Tierra Prometida; sólo pudo contemplarla de lejos desde la cumbre del Monte Nebo. . . Quiero reaccionar frente al esfuerzo de algunos para que se vea en la hazaña del señor Figueres, una nueva producción de las legendarias alucinaciones de Juana de Arco y a través de las cuales San Miguel y Santa Catalina señalaban a la joven de Domremy para cumplir la misión de liberar al pueblo francés del invasor inglés y hacer coronar a Carlos VII en Reims. Les hago ver también a quienes así consideran las cosas que Juana de Arco cumplió con su misión de hacer coronar a Carlos VII en Reims y que en cambio aquí en Costa Rica, todavía Otilio Ulate no es el Presidente de la República...

Señores Diputados, con extrema frecuencia se trae aquí a colación el pacto Ulate-Figueres. Considero que ya se está abusando. Cuando hay interés en algún Diputado de que su tesis prospere, cita el compromiso y se esfuerza en demostrar que, de no ser así, se viola el pacto citado. Empiezo a notar deslealtad en el debate. Aquí se ha dicho que si la prórroga no se concede, se irrespeta ese instrumento. Enfáticamente declaro que no hay tal irrespeto. Quien piense que lo hay, está obligado a probarlo y hasta el momento nadie lo ha hecho.

En este particular lo que el pacto estipula es que corresponde a la Asamblea Constituyente resolver, si hay o no prórroga. El Diputado que la vote, como el que no la vote, no tiene por qué sentir escrúpulos de si su actitud está en pugna con ese compromiso; en una y otra forma está en armonía perfecta con él. Reprocho enérgicamente los empeños que se hayan hecho o se intenten hacer en sentido contrario. Representa un ardid de baja estructura. Significa una explotación censurable de los sentimientos de honor tan nítidos de que se han dado prueba en esta Cámara, en ejecución del pacto Ulate-Figueres, para ponerlos al servicio de determinada tesis política.

Y a propósito de fiel cumplimiento de ese compromiso, cabe señalar que ha sido la Junta de Gobierno la primera y única en irrespetarlo. Dos son las violaciones: la primera, solicitar la prórroga en otro momento al establecido. Comprendo que se me puede decir que las partes signatarias estuvieron anuentes; que el señor Ulate dirigió un mensaje manifestando su aprobación a la tesis de la prórroga. Es cierto. Pero también lo es que la Junta de Gobierno solicitó esa prórroga el 15 de enero, sin conocer cuál era el criterio del señor Ulate, criterio que expresó aproximadamente mes y medio después. Dichosamente para la parte solicitante, la otra parte dió su aprobación. Si así no hubiera sido, la violación habría sido más visible; pero siempre la hubo. La segunda, al solicitar la prórroga sin demostrar lo necesaria que es para sus labores. Sin ningún fundamento se ha afirmado en esta Cámara, en defensa de la tesis prorroguista, que el señor Ulate no asumirá el Poder el 8 de noviembre. Ignoro de todo la fuente de tal aseveración. Lo que el señor Ulate expresó es que no gobernaría sin Congreso. Cosa bien diferente. Tal especie se lanzó para pintar el caos que sobrevendrá en la eventualidad de que los poderes de la Junta de Gobierno no vayan más allá de ese 8 de noviembre. Caos no habrá. Será precisamente lo contrario: la terminación del caos actual. No extender esos poderes es terminar cuanto antes con la anormalidad existente para asentar las bases del nuevo orden constitucional. Es concluir con un régimen de facto y dar principio a un régimen de derecho. Es poner fin a un sistema dictatorial, para iniciar un sistema presidencial.

Hay los rumores de que la Junta de Gobierno se va si no se le conceden los seis meses más. Entiendo el asunto como otra modalidad para impresionar a la Asamblea e inducirla a votar la prórroga. Repito que son simples rumores y que como tales no tienen por qué influir en el resultado de la votación del punto en debate. Si tal cosa fuera cierta, tendríamos que estar todos de acuerdo en que la Junta de Gobierno irrespeta gravemente el Pacto de Honor que su Presidente suscribió con el señor Ulate. Con toda claridad ahí se dice que la Junta Gobernará 18 meses; no podría irse intempestivamente. Si al suscribirse el Pacto, se pidió que se dejará el Gobierno en manos de la Junta por un período mínimo de 18 meses, está esa Junta obligada a darle término al plazo o a variar el compromiso en ese particular, de acuerdo con la otra parte signataria.

Algunos señores Representantes han dicho que votan la prórroga porque el señor Ulate está de acuerdo. El pronunciamiento de don Otilio en el particular no podía ser otro. Es el único costarricense a quien yo le puedo admitir, requerido, que responda afirmativamente. Nadie en el país se halla en situación tan singular. Si los seis meses no se conceden, el señor Ulate se adelanta en el ejercicio del poder ese lapso. ¿Cómo van a pretender que don Otilio responda negativamente a la prórroga? Quienes esperaban una contestación en otro sentido, demuestran no conocer al señor Ulate; pero quienes sabemos de su altura espiritual, de su delicadeza personal, no podíamos extrañarnos de su pronunciamiento.

Los denuestos en perjuicio del señor Ulate habrían vuelto a oírse como en otros tiempos; lo habrían llamado ambicioso, vanidoso, etc. Los miembros de esta Asamblea, que es a la que corresponde otorgar o no la prórroga y cargar plenamente con las responsabilidades consiguientes, estamos obligados a interpretar con exactitud la posición del señor Ulate en este problema y a pronunciarnos de acuerdo con nuestras propias convicciones, teniendo al frente el interés del país.

Para terminar, señores Diputados, quiero expresar que me asiste un motivo muy personal para no favorecer con mi voto la tesis de la prórroga. He censurado, privadamente, numerosas actuaciones de este régimen; le he objetado muchos de sus procedimientos y, en general, he considerado como desafortunada, en términos amplios, la obra gubernativa de la Junta y no querría después de eso, votar para que un Gobierno así considerado por mí, permanezca en el ejercicio del Poder por seis meses más. A la vez, quiero quedar en libertad y no inhibido para en épocas posteriores analizar con amplitud la total gestión del régimen actual.

Si voto la prórroga, se me podría decir o que fui ligero en anteriores ocasiones censurando al régimen, o que lo soy ahora votando su prolongación. Se me podrá decir mañana, si voto la prórroga, que no tengo ningún derecho a pronunciarme desfavorablemente porque voté su permanencia en el Poder por seis meses más. Repito: quiero ser leal a mis juicios de ayer y quedar capacitado moralmente para juzgar en el porvenir la obra de la Junta de Gobierno actual.

Señores Diputados: como costarricense: no voto la prórroga porque ansío para todos la vuelta a la tranquilidad cuanto antes. Como Constituyente: no voto la prórroga porque mi misión como tal es lograr a la mayor brevedad posible el restablecimiento de la normalidad constitucional. Como ulatista: no voto la prórroga porque siempre he creído que después del veredicto popular del 8 de febrero de 1948, el único ciudadano que tiene derecho a gobernar en Costa Rica es Otilio Ulate.

El Diputado GONZALEZ HERRAN razonó su voto negativo al dictamen propuesto, diciendo que no iba a hacer un análisis de la obra de la Junta, en vista de lo avanzado de la hora. Dijo que no escatimaba elogio alguno para don José Figueres y sus hombres, su sacrificio en pro de la libertad de Costa Rica. Pero así como reconoce esos méritos, se da cuenta de que no son suficientes para votar la prórroga, ya que puede más en su ánimo una cuestión de convicciones y de principios, antes que el agradecimiento. He sostenido -expresó-, que la Asamblea no debe enajenar la soberanía que tiene, porque el mandato que le dió el pueblo fue para que promulgara la nueva Constitución. Apartarse de ese mandato es volver la espalda al pueblo. No es cierto que no votar la prórroga significa violación del Pacto Ulate-Figueres, ya que éste, en una de sus cláusulas, es claro y terminante, pues se establece que la Junta gobernará tan sólo 18 meses al final de los cuales puede solicitar a la Asamblea la prórroga por seis meses más. Creo que una Asamblea Constituyente no debe postergar el establecimiento del régimen constitucional, alargándole el período al Gobierno de Facto, pues las Asambleas Constituyentes han sido creadas para poner fin a las situaciones de hecho. No es posible que nosotros prorroguemos un estado que fundamentalmente no es de derecho. No es posible que la Asamblea diga que el régimen constitucional se pospone por seis meses más. El país quiere que entremos al régimen de derecho lo más pronto posible. Luego manifestó que no estaba con que la prórroga se concediera antes del vencimiento del término de Gobierno de la Junta, para que se pueda apreciar a conciencia si esa prórroga conviene o no. En noviembre, una vez promulgada la Constitución, posiblemente muchos de los que hoy están con la prórroga, no aceptarían que la Junta continúe en el poder. Pasó luego a refutar el argumento que considera efectista, de decir que si la prórroga no se otorga, se rompe la armonía. No hay tal, porque la Junta, por boca del señor Ministro de Gobernación, ha manifestado que está por el cumplimiento cabal del Pacto Ulate-Figueres.

Repitió que la gratitud no debe ser tomada en cuenta cuando la vida de las instituciones está en juego. En las democracias, la gratitud no juega ningún papel. Citó el caso de Clemenceau, a quien se llamó el Padre de la Victoria, héroe a quien Francia debió, en gran parte, el triunfo contra los alemanes y que sin embargo en 1920, al ser postulado como candidato a la Presidencia, fue derrotado en las elecciones y nadie por ello tildó de ingratitud a los franceses.

Término diciendo que no era cierto que a quienes no estaban con la prórroga, les faltaba patriotismo. Se obedece a los dictados de la conciencia. Precisamente si Costa Rica ha tenido alguna figuración en el exterior, ha sido por su respeto a la ley y a las instituciones democráticas, y que ahora esos principios democráticos se iban a oscurecer al prolongar el período de mando a un Gobierno de Facto.

El Diputado SOTELA manifestó que si estaba con la prórroga no era debido a que quisiera cosechar aplausos o elogios, pues en su vida los ha recibido en demasía, desde que en mayo de 1943 se enfrentó decididamente al régimen de Calderón Guardia, cuando éste quiso pasar la reforma electoral. Dijo que un imperativo de su conciencia era el que lo guiaba para enaltecer a Figueres y a sus hombres, para otorgarles la prórroga.

Agotado el debate en torno al dictamen, la Mesa procedió a su votación, habiéndose aprobado antes una moción de orden del Representante Monge Ramírez, para que la votación fuera nominal.

Dijeron SI, los siguientes señores Diputados: Castaing, Acosta Piepper, Monge Ramírez, Montiel, Jiménez Núñez, Fournier, Morúa, Monge Álvarez, Valverde, Esquivel, Brenes Mata, Oreamuno, Sotela, Guido, Madrigal, Solórzano, Dobles Segreda, González Luján (condicionando su voto a que la Junta gobernase por seis meses más, pero con Constitución y con Congreso); Gómez Guzmán, Volio Sancho, Leiva, Ruiz, Rodríguez Conejo y Ortiz Martín. El Diputado Baudrit Solera razonó su voto afirmativo, en los siguientes términos: “Voto por aprobar el informe, en virtud de dos razones fundamentales: 1ª.- Porque los firmantes del Pacto Ulate-Figueres están conformes en que la idea del mismo fue que la Junta gobernara hasta por dos años; y la mejor interpretación de un convenio-es axioma jurídico-, es la que le dan quienes lo suscriben. 2ª.- Porque meditando sobre las posibles inconveniencias de conceder o de negar la prórroga y atendiendo a lo declarado por esta Asamblea respecto de las facultades legislativas de la Junta, en cuanto le permite intervenir en la emisión de leyes y limita aquéllas hasta que haya Congreso Constitucional, estimo que los inconvenientes de la negativa serían mayores que los de otorgar la extensión del plazo de Gobierno”. Dijeron No, los siguientes señores Diputados: Vargas Vargas, Arroyo, Zeledón, Gamboa, Volio Jiménez, Baudrit González, Jiménez Quesada, Arias, Lobo, González Herrán, Acosta Jiménez, González Flores, Bonilla Gutiérrez, Trejos, Montealegre, Pinto, Herrero, Desanti y Vargas Fernández. Total: 26 votos afirmativos y 19 negativos.

En consecuencia, la Mesa señaló el día lunes veintiuno de marzo para la discusión general del proyecto de prórroga a la Junta de Gobierno.

A las veinte horas y quince minutos terminó la sesión.- Marcial Rodríguez, Presidente.- Fernando Vargas Fernández, Primer Secretario.- Gonzalo Ortiz Martín, Segundo Secretario.

DISCURSO del Doctor Pinto (*)

Señores Constituyentes: La moción de orden presentada por mí a la consideración de Uds. en la sesión del lunes próximo pasado, tenía un doble objetivo:

1º.- Saber si en esa fecha, quince de octubre, habría sido posible tener redactada la nueva Constitución Política y si hubiere sido posible tener ya un Congreso electo para que entrara a fungir durante los seis meses de la prórroga.

2º.- Darle una oportunidad a la Junta de poner a prueba el régimen de consulta acordado y por ende acordarle la prórroga solicitada, por una lujosa mayoría.

Debido a que dicha moción no tuvo la acogida de la Asamblea, me veo en la necesidad de razonar mi voto para que quede constancia de ello en los expedientes de la misma.

Como pareciera en ciertos discursos que hay que presentar credenciales para tener autoridad para opinar, comenzaré por decir que desde el día siguiente de la Convención Nacional Oposicionista, fui nombrado en el Comité de Finanzas del Partido Unión Nacional, donde permanecí hasta el final. Cuando vino la Huelga de Brazos Caídos, estuve en ese Comité en compañía de Carlos Luis Valverde y tres compañeros más. Después fui nombrado personalmente por don Otilio en el Comité Revolucionario, el primero de marzo; luego formé parte de todas las delegaciones personales que don Otilio Ulate enviará a la Asociación de Banqueros y a diversas conversaciones con delegados de Calderón, Picado y Mora. Estas entrevistas fueron más desagradables que difíciles, por tener que entrevistarnos hasta con Albertazzi, entrevistas que algunos han llamado palanganeos y todo esto lo hicimos no para nuestra seguridad que nosotros no podíamos tenerla aquí, sino para el caso de un fracaso de nuestras fuerzas revolucionarias, y así poder negociar una paz en lugar de una rendición incondicional.

A los oposicionistas en este período de la emergencia armada, los han dividido esquemáticamente en dos grupos: el ejército armado y el ejército de los escondidos. Esta división no me parece correcta, pues para mí hubo otro ejército: el de los prisioneros políticos, compuesto por elementos que no tuvieron la oportunidad de ingresar al ejército armado y no se resignaban a estar escondidos sino que por ayudar al movimiento de la revolución, tarde o temprano, iban llegando a las cárceles; a mí me tocó trabajar con este ejército, en la retaguardia. Fue innumerable el grupo de muchachos que llegaban a preguntarme el camino para irse donde Figueres y ocurría que apenas daban los primeros pasos, en seguida el Gobierno los cogía. Para dar una idea que no todo el mundo lo sabe, del número de estas gentes que estuvieron en las cárceles, diré que cuando ingresé en la Penitenciaria, había 1500 personas, así es que el ejército de las cárceles fue bastante numeroso, y lo mismo ocurría en las provincias.

Yo quiero referirme a otro punto que nos dijo ayer el Diputado señor Monge: dijo que los enemigos de la Junta; por ser enemigos le niegan la prórroga. El señor Monge está muy equivocado, por lo que a mí respecta. No he sido ni soy enemigo de la Junta; soy amigo particular de todos y cada uno de sus miembros, amistad y muy vieja, con algunos de ellos, como con Pepe Figueres, que fue compañero mío en el Colegio. Pero no hay que equivocarse, una cosa es ser amigos y otra cosa es ser incondicional; pero sobre la amistad, para mí está la conveniencia nacional. Y tenemos que recordar que hemos sido electos por el pueblo, que somos sus Representantes; y que el pueblo de Costa Rica no acepta Gobiernos de Facto. La situación del país es desastrosa, el número de los desocupados aumenta todos los días, el comercio está al borde de la ruina, el capital se ha escondido o salido del país, y ese capital no volverá mientras la Junta de Gobierno esté actuando; se necesita que venga un Gobierno constitucional. Ahora afrontamos una situación diferente: se presenta una huelga de empleados en el Ferrocarril al Pacífico, como se sabe, por el Código de Trabajo es ilegal; pero el señor Ministro no sabe si es legal o no; a mi modo de ver, no lo sabe, porque no se puede a un mismo tiempo servir a Dios y al diablo. Es Presidente, entre bastidores, de la Rerum Novarum y es Ministro de la Segunda República. El camino que llevamos es muy peligroso; hoy es una huelga, para que se despida a un Jefe; mañana será contra el Gerente.

Me parece que puede ser que cualquier día tengamos una huelga de transporte generales en la República, porque el Gobierno no ha actuado como debe. Yo no critico la labor administrativa; están trabajando bien a pesar de la escasez económica. Yo critico duramente la labor legislativa de la Junta, que ha querido transformar la República en un país socialista, dictando medidas de ensayo que son las que han puesto al país en el estado en que se encuentra.

Predican el bienestar de la mayoría y lo han transformado, en el bienestar de los que viven de los sueldos elevados y creando una burocracia nunca vista en Costa Rica. Hay dos medidas trascendentales, que a mi modo de ver, nadie ha aclarado como se debe: la nacionalización bancaria y el impuesto del diez por ciento. Con respecto a la nacionalización de los Bancos particulares, debo decir lo siguiente: al día siguiente de promulgado este Decreto-Ley me fui personalmente a conversar con el señor Figueres, a decirle mis argumentos, porque yo no estaba de acuerdo con esas medidas. Con respecto a la legislación de los bancos, después de discutir, terminó por decir que los Bancos los había nacionalizado porque necesitaba los edificios y los empleados. Yo le dije que eso de conseguir edificios y empleados tenía que meditarlo; me replicó que era la primera medida trascendental que tomaba; yo le contesté que con esa medida, iban por mal camino. Con respecto a los Bancos particulares que tenían un capital propio de treinta millones de colones pudieron haberlos dejado en último extremo, sin depósitos de los particulares, y obligando a los particulares a hacer sus depósitos en el Banco Nacional. Los Bancos particulares si es cierto que no prestaban ayuda a la agricultura, era porque había una ley que les prohibía prestar a más de un año de plazo. Nunca he tenido una acción en algún Banco particular. Mi manera de trabajar es otra; me parece que los que trabajan colocando su dinero en Bancos son aquéllos que no saben manejarlo y ponen a otras personas que se los manejen; yo siempre he manejado el mío. Cuando le pregunté a Pepe Figueres que cuál era el negocio de la nacionalización de los Bancos, si iba a tomar sus acciones por el valor de 2,000 colones; entonces me dijo que no podía tomarlos por el valor facial, pero que las iba a tomar por el valor real. Yo le dije a esos 30 millones que van a entregarse no debe dárselos a nadie, sino ponerlos en el Banco Nacional con tres Directivas diferentes: Una agrícola, una industrial y otra comercial. Los Bancos particulares no tendrán más que seguir al Banco Nacional por sus facilidades de no tener que pagar dividendos. De manera que automáticamente bajaría el interés de los bancos particulares. Respecto al diez por ciento, fue una medida demasiado brusca; quitar a un capital el diez por ciento de un golpe, era una medida muy seria.

No estoy contra el impuesto; pueden aumentar el de la renta. En lo que estoy en contra del diez por ciento es que es una manera arbitraria de sacarle el dinero de golpe a los costarricenses. Puede darse como argumento, decía Pepe, que esto es por una sola vez. Yo digo que es sólo una, mientras esté en el Poder, pero, ¿quién impide que otro Presidente el diez por ciento lo aumente a veinte por ciento sobre el capital? ¿Qué capital extranjero vendrá a Costa Rica de hoy en adelante? Yo creo que este Decreto-Ley lo debe derogar el futuro Congreso, y para allegar fondos al Erario Público, debe aumentarse el de la renta y mejorar la Tributación Directa, y para nivelar el Presupuesto por otra, para saber cuanto más se necesita, y no cómo instalaron el diez por ciento, sin saber, cuánto produciría, ni en qué se iba a gastar. Debían primero, calcular sus gastos y después buscar las entradas para saber en qué se iban a emplear. No entro a analizar los contratos con compañías extranjeras, porque ya han sido bastante criticados por la opinión pública; sin embargo, debo decir algunas palabras con respecto a la política internacional. La Junta de Gobierno permitiendo una concentración de militares extranjeros a quienes les entregó un cuartel y permitiendo un entrenamiento clandestino en Río Conejo, que hasta el mismo Somoza tiene fotos de los entrenamientos que ahí se hacían; eso fue lo que provocó la reciente pasada emergencia que tanto dinero y vidas preciosas le ha costado al país. Yo creo que si se pensaba combatir a Somoza, debimos tener armas con qué hacerlo o por lo menos con qué defendernos y no correr a la Asociación de las Naciones Americanas que nos vinieran a proteger.

Yo paso a relatar algo que podía llamar, una verdad histórica, a la cual estuve ligado desde un principio: faltando más o menos unos diez días para que la revolución llegara a Cartago, nos convocó Monseñor Sanabria a los delegados de don Otilio Ulate, porque Mora Valverde quería una transacción, quería paz, dijo entre una de las cuantas cosas que allá discutimos, porque era bastante diplomático. Que todo el peso de la revolución lo había llevado Vanguardia Popular, y que él no podía seguir acuerpando a Calderón y Picado si no le prestaban hombres para el combate. Yo aproveché esa oportunidad para pedirle a Mora que me permitiera mandar médicos y medicinas al frente de batalla; él de primera entrada me dijo que no necesitaban ni médicos ni medicinas, ya que nuestros prisioneros son fusilados de inmediato; entonces tuve que decirle que yo tenía informes contrarios y que daba en garantía mi vida de que eso era cierto; me contestó que bajo esa garantía él me daba toda la cantidad de medicinas y médicos que necesitaban. Al día siguiente me dijo que lo de las medicinas estaba bien, que lo de los médicos, imposible; que había hecho esta gestión con el Estado Mayor quien había autorizado el envió de medicinas al frente y que lo otro era mantener misiones y que en esas condiciones ellos no daban esa autorización. Después de conseguir las medicinas, me aparté de las conferencias, que expresamente siguieron el doctor Oreamuno y Martén. Yo no quería llegar a Santa María, como delegado, a un arreglo. En esas condiciones, a los pocos días de estar tramando ese arreglo, salimos a Santa María y casi se puede decir que llegamos por la gracia de Dios, atravesamos la línea de fuego durante un combate, y nada nos ocurrió a Monseñor Sanabria, a don Ernesto Martén ni a mí.

El Licenciado Martén expuso el plan y don Pepe dió su respuesta que fue: cuando yo me alcé en armas, no tenía perspectivas de triunfo; a estas horas sí lo veo, y aunque no las viera, no aceptaría transacciones, porque fui a la lucha a vencer o morir, por lo tanto, no puedo aceptar ese pacto; lo único que puedo aceptar es una rendición incondicional del Gobierno. Terminado esto con el señor Martén, entonces le dije a Pepe: ahora somos vos y yo; me das unos 400 rifles y 25 ametralladoras; quiero instalarme en San Carlos, ahí va a ir don Otilio Ulate con todo el grupo nuestro, las armas pueden llegar al campo de Altamira y nosotros podemos formar tres grupos para atacar Heredia y Alajuela; una columna iría por la carretera de Zarcero, la otra que se viniera por La Cinchona, y una tercera por Toro Amarillo; en esta forma, distraemos las fuerzas del Gobierno y la revolución podrá llegar sobre Cartago, sin mayor dificultad.

Me gusta mucho la idea, pero no tengo más que tres escuadrones con 150 cada uno; si vos ves que podés hacerlo con uno de ellos el plan, te lo mando en avión a Altamira, me dijo. Yo le contesté, entonces: con los dos que te quedan, podés tomar Cartago y me dijo que era difícil. Yo contesté: no acepto, porque el frente de San Carlos no es como éste; aquí se vive tranquilamente; en San Carlos, Nicaragua nos atacaría por la espalda por los ríos San Carlos y Sarapiquí y ese es un frente que no debe estacionarse, sino que debe actuar y con suficiente gente. Entonces me expresó: es por lo mismo que yo prefiero traerme el grupo que está en San Carlos y voy a dar orden que se trasladen a Altamira. Por la proposición que llevaba el señor Martén, le dijo Figueres, no le parece que don Otilio estuviera de acuerdo en que gobierne por dos años el doctor Ovares. Es justo que si nosotros ganamos, gobernemos nosotros. Se le manifestó que era cuestión de discutirlo con él.

Al día siguiente, me informó Monseñor Sanabria que la idea de Figueres, Martén y el Padre Núñez no era pedirle a Ulate dos años de Gobierno, era la de desconocer a Ulate; Figueres le había expuesto el plan: ellos ganarían la revolución y pondrían en práctica sus ideas de transformar la República en socialista, como lo estamos viendo actualmente y que don Otilio no contaba en absoluto en ese movimiento. Cuando regresé esa tarde, me fui a conversar con don Otilio y le conté lo que pasaba y le dije: esto es un secreto que va a quedar entre Ud. y yo. Cuando llegaron a Cartago, comenzaron a estar en contacto con el grupo de que estaban desconectados, comenzaron a decir lo que pensaban y causó gran extrañeza; como ya yo lo sabía, no me extrañé de ellos. Cuando llegaron a San José a la Casa Amarilla, se dieron cuenta de que la gente de aquí pensaba de otro modo, creándose una situación tensa entre figueristas y las fuerzas del Unión Nacional. Un día fui llamado por Mario Esquivel, que tenía algo urgente que conversar conmigo, cuando llegué, me encontré con el padre Núñez; que me dijo: Mario pidió que le llamaran porque yo quería hablar con Ud. lo que nosotros vamos a hacer. A lo que contesté: primero quiero saber qué es lo que van a hacer. Me dijo que pensaban organizar un Gobierno de dos años; al cabo de los cuales habría una elección popular para elegir Presidente de la República. Le respondí: Otilio Ulate es el Presidente de la República. Recuerde me dijo, que el Congreso del primero de marzo anuló su Presidencia. Entonces le pregunté si era en realidad el padre Núñez, y él me dijo que por qué se lo preguntaba. Se lo pregunto, porque Ud. tiene dos caras: la del primero de marzo cuando se pronunciara un discurso levantando al pueblo para que se respetara la elección que el Congreso de los veintisiete había anulado y la de hoy, en que habla de desconocerlo. El padre Núñez se ofuscó y me dijo: ¿tendría inconveniente en conservar estas cosas con Pepe Figueres? No tengo inconveniente en decírselas a quien me las pida. Me pidió: espéreme un momento. Se fue a traer a Pepe que estaba en una reunión. Llegó un poco atarantado.

¡Hola, hombre! ¿Cómo estás, qué me querías? Yo, nada; el padre Núñez me dijo que querías saber mi opinión. Quedamos solos y empezamos a hablar muchas cosas que no puedo repetir aquí. La situación siguió tensa; no había manera de convencer al grupo que iba a formar la Junta de Gobierno, que Otilio Ulate era el Jefe y Presidente Electo y que Figueres era el Jefe de Acción del Partido Unión Nacional. Se aproximaba el primero de mayo y no había solución de ninguna naturaleza. A la señorita Emma Gamboa se le ocurrió hacer una manifestación para el Presidente Electo, don Otilio Ulate, el primero de mayo en el Parque Central. Cuando se conoció lo de la manifestación que parecía que iba a ser muy grande, aparecieron dos personas para ver si hacía una transacción: don Víctor Guardia y don Jaime Solera. Se llegó a una entrevista en la casa de don Jaime. Asistieron don José Figueres, don Alberto Martén, don Mario Esquivel, don Benjamín Odio y don Francisco Orlich; con el señor Ulate llegué yo, y la discusión se planteó sobre dos puntos que presentaba Otilio Ulate: primero, que él estaría de acuerdo en que gobernaran siempre y cuando se hiciera elección de una Asamblea Constituyente a más tardar el ocho de diciembre; y segundo, que el período fuera no por dos años sino por dieciocho meses al cabo del cual, aquí tengo el Pacto en el párrafo número uno, lo dice. Las cuestiones del Pacto yo las relaté el otro día, pero sí debo decir, que al final, cuando se firmó el Pacto, don Mario Esquivel me dijo: parece mentira estas cosas de don Otilio, venirnos a regatear seis meses de Gobierno: parece un negocillo. Siento esto, le dije Uds. tienen que festejar los dieciocho meses que han conseguido y que no les corresponden y no los seis meses que les faltan. Por eso es que pienso que la Asamblea dirá si sí les da o no la prórroga.

El señor Ulate desde un principio no quiso colaborar con la Junta, ellos le ofrecieron la Presidencia de la Junta; don Otilio no quiso y tuvo mucha razón; él es un Presidente Electo por la voluntad popular, y no podía estar en una Junta de Facto. Otilio Ulate hizo en Costa Rica la campaña más gloriosa que podemos haber tenido, hizo el milagro de compactar la Oposición en la forma que se realizó; nunca fue mezquino durante los momentos inusitados de la revolución. El ofreció su Presidencia a cualquiera de los miembros del Partido Unión Nacional, la renunciaba también cuando se le hizo la propuesta en Santa María.

Si llegan y le dicen: nosotros queremos gobernar un tiempo; pedirle por lo menos su asentimiento, Ulate hubiera accedido a cualquier cosa, pero no en la forma que lo hicieron; yo nunca he querido colaborar con la Junta de Gobierno; se me ofreció un puesto; les dije que mis ocupaciones particulares no me lo permitían. En esas condiciones, el señor Ulate está de acuerdo con la prórroga, mostrando una vez más su espíritu conciliador y posponiendo sus intereses personales. Pero una cosa es el señor Ulate y otra somos nosotros. El señor Ulate no tiene la responsabilidad de una prórroga que se nos pide, el señor Ulate no es quien va a dar su voto afirmativo o negativo, él recomienda, pero la responsabilidad es única y exclusivamente de nosotros. Yo creo que al paso que vamos, no tendremos Constitución ni en el año cincuenta; vamos muy atrasados; ahora van a venir los Decretos-Leyes. Me parece que la Junta no puede tener esa prórroga sin Congreso como lo ha pedido. El pueblo está cansado de Gobierno de Facto; hay que cumplir los dieciocho meses. Pero para mí ni un día más sin Congreso. Yo insto a mis compañeros respetuosamente del Unión Nacional y a los del Social Demócrata, que se aparten del camino fácil y sin tropiezos, de acatar como mandatos las peticiones de la Junta de Gobierno, para arrancar gracias o aplausos de las barras y piensen patrióticamente y sin temor, en la conveniencia del país, aunque esto les pueda hacer perder el favor oficial y les proporcione dificultades. Se ha hablado mucho de agradecimiento los que no estamos con la prórroga, somos enemigos. No señores, el agradecimiento se expresa en otra forma y sin comprometer a la Nación por seis meses más sin Congreso. En cambio, propongo como muestra de gratitud, que debe ser imperecedera para todos aquellos que a despecho de perder su vida se lanzaron a la aventura de la revolución, que se erija un monumento en frente de la Casa Presidencial a Pepe y a sus valientes muchachos para que sirva de gloria a los que participaron en la revuelta armada, inscribiendo en él sus nombres y para que los futuros Presidentes lo tengan bien a la vista y les sirva de ejemplo. Este monumento debe hacerse por contribución de todos y pido, tener el honor de ser el primer contribuyente.

ACTA No. 38

No. 38.- Trigésima octava Acta de la sesión celebrada por la Asamblea Nacional Constituyente, a las quince horas y media del día veintiuno de marzo de mil novecientos cuarenta y nueve, bajo la Presidencia del doctor Rodríguez. Presentes los señores Diputados Vargas Fernández y Ortiz Martín, Secretarios; Trejos, Montealegre, Arroyo, Sotela, Guido, Acosta Piepper, Acosta Jiménez, Arias, Ruiz, Leiva, Volio Sancho, Volio Jiménez, Oreamuno, Desanti, Esquivel, Facio, Fournier, Monge Álvarez, Valverde, Baudrit González, Baudrit Solera, Jiménez Núñez, González Herrán, González Luján, Guzmán, Gómez, Solórzano, Pinto, Monge Ramírez, Bonilla, Madrigal, Dobles Segreda, Vargas Vargas, Zeledón, Brenes Mata, Gamboa, y los suplentes Castaing, Morúa, Lobo, Jiménez Quesada y Rojas Espinosa.

Artículo 1º.- Se leyó y aprobó el acta de la sesión anterior.

Artículo 2º.- La Secretaría procedió a la lectura de las siguientes declaraciones del Representante Zeledón Brenes, quien está privado de hacerlo personalmente, por su estado de salud:

Señor Diputados: Después de la turbulenta tempestad que desatara el grave asunto de la prórroga, quedó flotando en el oleaje todavía no aquietado, una banderita blanca que yo intenté inútilmente hacer considerar, presentándola como moción de orden y luego apelando a la Cámara contra su rechazo. Me refiero a la moción que hubiera podido desviar el debate hacia mi ponencia de fondo para que la prórroga se decretara pero bajo las condiciones especiales que, sin faltar a las estipulaciones del Pacto Ulate-Figueres, la Asamblea tenía perfecto derecho a establecer.

Hoy quiero volver sobre ese punto, no sin el temor de que se me diga que, aceptado ya por la Cámara íntegramente el único dictamen incondicional, no es posible considerar cosa alguna que afecte la integridad de ese dictamen, ya que mi moción llega a variar totalmente hasta su parte considerativa. Sin embargo, es mi deber intentarlo, y lo intentaré.

No sé, ni me preocupa saber, en cuál de las categorías he sido colocado en la severa e iracunda discriminación que el señor Presidente de la Junta Gubernativa ha hecho en su discurso último, de los miembros de la Asamblea Constituyente que hemos mostrado poca simpatía por la forma en que la prórroga ha sido propuesta y concedida. Me basta saber para estar tranquilo, que desde antes de dar comienzo a estas tareas constitutivas, expresé al pueblo con toda claridad mi pensamiento de que había que revestir el espíritu de la mayor benevolencia para hacerse cargo de las especiales circunstancias en que los hombres de la protesta armada habían tenido que luchar y la clase de sentimientos que los animarían en la embriaguez de su victoria. Aprobé de antemano hasta lo que he dado en llamar los excesos de la legislación, como son los Decretos-Leyes de carácter económico asegurando, como todavía lo aseguro, que ese poder que había llegado a ser entre nosotros el desiderátum de la vida nacional, necesitaba un golpe como el que se le dió para empezar luego a pactar con él en otras condiciones que no fueran las de tigre suelto contra burro amarrado.

Pues bien, todo esto quiere decir que si alguien ha venido aquí con ánimo despojado de prejuicios políticos he sido yo, y que si infortunadamente me ha tocado hasta ahora votar contra las pretensiones de la Junta de Gobierno ha sido únicamente por la forma casi podría decir irresponsable en que esas pretensiones han sido expuestas y el sentido incondicional en que le han sido satisfechas, pese a la violenta oposición de algunos sectores y a las razonables y razonadas condiciones precautorias en que otros hemos deseado muy sinceramente acceder a sus demandas.

Yo pregunto a los señores Representantes que me escuchan, ¿si no hubiera sido no sólo interesante sino también útil y necesario, que en uno de los principales documentos de esta labor constitutiva, pudieran consultar y entender con toda claridad las generaciones venideras cómo y por qué causas naturales en un determinado momento de nuestra Historia dos hombres solos han podido decidir en un Pacto de Honor los destinos de todo un pueblo que estaba en pie para conquistar sus libertades? ¿No habría sido lógico que se supiera con toda evidencia cuáles eran los poderes legítimos dentro de la anormalidad imperante que respaldaban la acción de esos dos representativos? Y luego, la solicitud de una prórroga del período de mando hecha por la Junta al comienzo no más de sus labores siendo así que el Pacto estaba previsto para cuando al finalizar el primer plazo la Asamblea Nacional Constituyente la creyera necesaria, no debe quedar suficientemente explicada por el consentimiento expreso de ambos signatarios. Yo pregunto también: ¿no hubiera sido un gesto nobilísimo de esta Asamblea que habría ornado de confianza a la Junta que aquélla le dijera expresamente: “aun cuando a Ud. no le ha sido dado exponernos una síntesis de las obras gubernativas realizadas y un esquema de las que necesitarían seis meses de tiempo más para su delineamiento, nosotros no tenemos inconveniente en facilitarle la ampliación que solicita, seguros como estamos de su buena fe, y sólo queremos aprovechar la oportunidad para manifestarle que su pretendido régimen de consulta no nos interesa, aún otorgado en los mejores términos, porque en él nos podríamos fácilmente enredar y no dar término a la nueva Constitución que el país nos ha encomendado y espera de nosotros con verdadera ansiedad. Tome Ud. la prórroga, manténganse en ella, con la discreción que le permite conservar sus condiciones jurídicas de Gobierno de Facto y las capacidades correlativas, mientras nosotros logramos dar cima a nuestra gran tarea, que, hecho esto, entraremos a colaborar con Uds. en concepto de cuerpo colegiado hasta el término de su mandato y luego con el Presidente Electo si en esa fecha no hubiera podido estar ya electo el próximo Congreso Constitucional?”.

Yo entiendo que estas preguntas que son las síntesis de mi moción que ahora vuelvo a agitar, deben ser franca y valerosamente contestadas para que se vea en ellas el verdadero interés nacional y la ausencia de todo prejuicio y de todo resquemor político de los cuales se ha prescindido en absoluto para no contemplar otra cosa que el bien de la Patria ambicionado. ¿Se habrían podido servir en esta forma satisfactoriamente las pretensiones de la Junta Gubernativa? ¿Se le habría inferido con ello el más simple agravio? Pero las ardorosas impaciencias de los hombres que mandan, que al desbordarse han logrado impresionar el ánimo honrado de muchos de los hombres que seguramente figurarán en los cuadros del futuro mando, han llegado a convertir en un destemplado debate político lo que no debió ser sólo una controversia de razones y de conveniencias prácticas ajenas al rencor por las pérfidas intenciones que no pudieron realizarse en la ternura por una gesta heroica cuyas largas y hondas proyecciones apenas estamos empezando a descubrir y a gratitudes que no tienen razón de ser cuando todos, cual más cual menos, pusimos nuestro esfuerzo en la obra común de la liberación nacional.

De todo lo ocurrido, lo que más he lamentado es el incidente desafortunado de mi amigo y compañero de luchas don Fernando Valverde, uno de los Ministros del actual régimen que junto con Blanco Cervantes y Orlich me parece que lo prestigian y lo garantizan y que habrían podido ser los continuadores de la obra revolucionaria en el próximo Gobierno Constitucional. De haber sido otras las condiciones de mi salud, yo habría podido buscar al señor Valverde en su oficina, como era mi deber amistoso después de su requerimiento, para haberle explicado la gravedad de los rumores circulantes que mantienen alarma en el pueblo y darle los pobres consejos que de esos rumores pudieran deducirse en relación con una acertada reorganización de la Junta Gubernativa, sobre todo en los puestos de comando militar, no desdeñando tomar en cuenta los intereses políticos del partido triunfante en los últimos comicios electorales.

Habría podido decirle con la franqueza con que hoy vengo a manifestarlo, que un poderoso sector de la opinión no cuenta por ocho años el período nefasto cuyas consecuencias hemos llorado y continuaremos llorando durante mucho tiempo, sino que lo remonta a diez años, a la fecha en que se derrumbó por la fuerza el primer Gran Consejo Electoral para abrir el camino a la marcha de la imposición del candidato oficial, camino por el cual llegamos al despeñadero inevitable.

Habría podido entonces significarle que la presencia de los mismos hombres responsables de esa trágica iniciación, en las cercanías del Gobierno y aún en su riñón mismo, alentando casi públicamente a otros que sin tal aliciente en ello no habrían pesado para que revivan el antiguo lema heráldico de que “Después de Dios, la casa de Quirós” o cualquier otro, quizás entonces habríamos podido aclarar situaciones y limpiar asperezas y crear un clima más favorable a la cordialidad de los dos grandes poderes que ahora tienen ineludiblemente señalado en la Historia el rumbo para llegar cuanto antes a la normalidad constitucional.

Pero las circunstancias fueron adversas y el exabrupto se produjo inevitablemente cayendo sus consecuencias sobre las cabezas menos culpables, es decir, sobre las que, caso de haber tenido alguna responsabilidad en el pensamiento disidente colectivo de la mayoría de los ex-combatientes, no movieron luego un dedo, no pronunciaron una palabra para realizarlo.

Recuérdese que al llegar a esta Cámara, mi primer impulso patriótico fue invocar el pensamiento de Bolívar, frente a la efigie del Gran Libertador que por gran fortuna queda frente a mi curul, para poner bajo su augusta sombra protectora todas mis actuaciones en esta Asamblea Constituyente, y hoy, frente a los acontecimientos que conturban mi ánimo, repito aquellas sus hermosas y memorables palabras cuando se dolía, no de la llamada ingratitud de los pueblos, sino de sus posibles errores de gobernante que nunca debió ser: “Yo soy el hijo de la guerra, el hombre que los combates han elevado a la Magistratura; la fortuna me ha sostenido en ese rango y la victoria lo ha confirmado. La espada que ha gobernado a Colombia no es la balanza de Astrea, es un azote del genio del mal que algunas veces el cielo deja caer a la tierra para el castigo de los tiranos y en escarmiento de los pueblos. Un hombre como yo, es un ciudadano peligroso en un gobierno popular, es una amenaza inmediata a la soberanía nacional. Yo quiero ser un ciudadano para ser libre y para que todos lo sean”.

Palabras sagradas, palabras eternas que acaso sean la interpretación genuina de la burda amenaza que algunos han creído ver en las últimas que pronunció el señor Figueres en su discurso de estos días.

Señores Diputados Constituyentes: Todavía es tiempo. Echemos al olvido todo sentimiento que no sea el de cumplir austeramente nuestro deber, y unidos en un robusto propósito inquebrantable soslayemos toda oportunidad de discusión innecesaria que nos pueda desviar del camino de dotar al país cuanto antes de la Constitución que nos ordenó formular. Así le seremos leales y la Historia nos lo reconocerá eternamente.

Artículo 3º.- Se procedió a la discusión general sobre el proyecto de prórroga a la Junta de Gobierno.

Los Diputados ZELEDON, OREAMUNO, LEIVA, y FACIO presentaron respectivamente mociones sobre este asunto. La Mesa las sometió al conocimiento de la Asamblea de acuerdo con el orden de su presentación. En consecuencia, se dió lectura a la siguiente moción del Representante Zeledón, que dice así:

“La Asamblea Nacional Constituyente, considerando:

1º.- Que establecido el primer contacto entre las legiones revolucionarias victoriosas y las fuerzas de retaguardia que en la lucha cívica prepararon y mantuvieron erguido el espíritu de la nación, completando con la resistencia civil la obra heroica de la resistencia armada, se produjo una situación de incertidumbre y de recelos, que, de prolongarse, hubiera conducido al país a un estado permanente de aguda turbulencia.

2º.- Que con una acertada visión de la conveniencia pública y un profundo sentido de sus responsabilidades, el Jefe militar victorioso y el caudillo civil ungido por el voto popular en los comicios de febrero de mil novecientos cuarenta y ocho, llegaron a un acuerdo del cual surgió el compromiso de honor firmado el primero de mayo del mismo año, según el cual, la Junta Revolucionaria tomaría la conducción de los destinos del país por un período de dieciocho meses sin control legislativo de ninguna especie, al cabo del cual entregaría su mandato al Presidente Electo, entendiéndose que ese período podría ser prorrogado por seis meses más, si al vencimiento del término estipulado la Asamblea Nacional Constituyente, reunida a la sazón, lo creyere necesario.

3º.- Que aun cuando la oportunidad para resolver sobre la necesidad o conveniencia de esa prórroga fue señalada para la expiración del plazo original, ambos signatarios del convenio han resuelto modificar la cláusula respectiva, y así lo han comunicado en sendos manifiestos enviados a esta Asamblea Constituyente, retrotrayendo aquella oportunidad a los presentes días.

4º.- Que esta Asamblea reconoce la intención patriótica del compromiso de honor del 1º de mayo de 1948 por las especies circunstancias que lo impusieron, así como las facultades que, para suscribirlo, esas mismas circunstancias otorgaron a los compromisarios; y

5º.- Que aun cuando no se ha demostrado en forma alguna que exista una situación semejante a la que originó el compromiso que exija la prolongación del interregno convenido, y antes bien, parece demostrar que el país desea retornar cuanto antes a la normalidad, constitucional a la cual no podrá llegarse, ni aproximarse siquiera, bajo un régimen gubernativo unipersonal, bien podría adoptarse una fórmula conciliatoria que contemplara el deseo sinceramente humano de la Junta Gubernativa de ver un poco más avanzado el desarrollo de sus planes de Gobierno, con el interés nacional claramente manifestado en las elecciones recién pasadas,

Decreta:

1º.- Amplíase el período gubernativo de la Junta Fundadora de la Segunda República al 8 de mayo de 1950.

2º.- Una vez promulgada la nueva Constitución que está en estudio, la Asamblea Nacional Constituyente, depositaría el mandato soberano de la ciudadanía, se declarará en Congreso Legislativo permanente, mientras una futura elección popular, que deberá efectuarse cuanto antes, no designe a sus nuevos representantes”.

El Diputado MONGE RAMIREZ expresó que le parecía pertinente de la moción anterior tan sólo el párrafo 2º de la parte resolutiva, para salvar así la situación durante el período comprendido entre la promulgación de la Carta Magna y la convocatoria a elecciones para Congreso Constitucional.

El Diputado LEIVA manifestó que su moción y la del señor Zeledón coincidían en el fondo, aunque disienta del parecer de que la Asamblea se convierta en Congreso permanente, como se dice en aquélla.

El autor de la moción en debate, dijo que ésta tendía, en su parte considerativa, a que quedara una constancia para las generaciones futuras de las circunstancias especiales que permitieron la firma del Pacto Ulate-Figueres, que trajo como consecuencia el advenimiento de la Junta de Gobierno. En cuanto a la parte resolutiva, tiende a que la Junta gobierne sin Congreso durante el período comprendido entre el 8º de noviembre y el 8 de mayo de 1950.

Sometida a votación la moción del Diputado Zeledón Brenes, fue desechada.

Los Representantes Oreamuno, Leiva y Facio acordaron retirar sus mociones para buscar una fórmula que aunara los distintos pareceres, en vista de que se aprobó una moción de orden del Diputado Volio Sancho para que la Asamblea entrara en un receso de veinte minutos.

Reanudada de nuevo la sesión, los Diputados Oreamuno y Facio, sometieron a la consideración de la Asamblea la nueva fórmula de decreto, que dice así:

“La Asamblea Nacional Constituyente, decreta:

Amplíase el período de Gobierno de la Junta Fundadora de la Segunda República hasta las doce horas del 8 de mayo de 1950.

Una vez aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente el capítulo de la nueva Constitución Política, relativo al Poder Legislativo, el que, se discutirá en primer término por la Asamblea, el Tribunal Supremo de Elecciones procederá a convocar a elecciones para constituir, el Congreso Constitucional de la República, el cual entrará en funciones el 8 de noviembre del año en curso.

Para este efecto, se tendrá por promulgado como texto constitucional una vez aprobado por la Asamblea, el capítulo dicho sobre el Poder Legislativo.

El Congreso ejercerá las funciones legislativas, en tanto que la Junta de Gobierno conservará únicamente las de índole ejecutiva.

Además, ese Congreso lo será del período constitucional inmediato al término señalado a la Junta de Gobierno para su gestión”.

El Representante ARROYO usó de la palabra para decir que parecía existir un afán de seguir dejando en entredicho a la Asamblea Nacional Constituyente. Creí, al ser electo, que íbamos a entrar en armonía, entre la representación popular con la Junta, y que de la Asamblea saldrían las futuras orientaciones para la vida del país. En la calle se censura lo que se ha dado en llamar la incondicionalidad de la Asamblea hacia la Junta. Parece que hasta ha habido un afán especial de despreciar a los que no estamos con esa incondicionalidad, enfrentándonos a lo que no creíamos conveniente. Es de esperarse que por lo menos cuidemos, si no de nuestro nombre propio, del prestigio de esta Asamblea en todos los campos. En las esferas de la Junta se trata de menospreciar, casi despreciar a la Asamblea por nuestra actitud frente a los problemas eminentemente políticos que nos sometió la Junta. Se nos ha catalogado a quienes no nos plegamos a los dictados de la Casa Presidencial, entre los incomprensivos o pérfidos. No creí nunca que don José Figueres se nos viniese en la forma como lo ha hecho en su último discurso, negándole representación a la Asamblea. He dicho en varias ocasiones que respeto el criterio de los demás, aún de los que están con la Junta, pero exijo que se me respete el mío propio, que se nos respete nuestra honorabilidad, nuestra honradez y patriotismo. Cree el señor Figueres que por haber ganado la revolución tiene el derecho de convertirse en Pontífice, distribuyéndole a cada cual la dosis que cree conveniente de patriotismo o de honradez. Para esto no tiene ninguna razón ni ningún derecho, por más que haya sido el Jefe del Ejército de Liberación Nacional, de que atacamos a quienes no estamos con él con las actuaciones de la Junta. No quería dejar pasar la oportunidad de sentar mi más enérgica protesta, aunque respetuosa, por la forma irrespetuosa del discurso del señor Figueres. Encuentro mucha semejanza en esa forma de actuar con la de los Presidentes anteriores.

Puesta a votación la moción suscrita por los Representantes Oreamuno y Facio, fue aprobada.

El Diputado ESQUIVEL FERNANDEZ presentó la siguiente moción, para que se agregara a la resolución aprobada: “En los asuntos sometidos por la Junta a consulta de la Asamblea, las resoluciones de ésta última serán obligatorias para la Junta”.

El autor de la moción anterior expresó que una de las críticas que se habían dirigido contra el pronunciamiento acerca de las facultades legislativas de la Junta, fue de que no se estableció la obligatoriedad para ésta de las resoluciones de la Asamblea. Se ha dicho -manifestó-, que quizás fuera lesivo para la Junta como condición para otorgarle la prórroga tal pronunciamiento. Pero esto me tiene sin cuidado. Estoy aquí para que las cosas queden bien claras y no para que le gusten a la Junta.

Puesta a votación la moción del Representante Esquivel, fue desechada.

La Mesa procedió a señalar el día de mañana martes 22 de marzo, para la votación definitiva de la forma del decreto respecto de la prórroga.

Artículo 4º.- La Secretaría consulta a la Asamblea si estima necesaria la lectura del Proyecto de Constitución Política sometido a su conocimiento, en vista de haberse aprobado una moción del señor Volio Sancho para que se dispense del trámite de la lectura de documentos largos, conocidos de previo por la Asamblea.

En consecuencia, se dió lectura a los dos dictámenes vertidos sobre el Proyecto de Constitución Política, que dicen así, respectivamente, el de mayoría y el de minoría:

DICTAMEN DE MAYORIA

Asamblea Nacional Constituyente:

Los suscritos miembros de la Comisión Especial encargada de dictaminar sobre el Proyecto de Constitución Política sometido a la consideración de la Asamblea Constituyente, después de estudiarlo y meditarlo detenidamente, rendimos nuestro informe, en forma general, en los términos siguientes:

El Proyecto en estudio, si bien puede considerarse como un conjunto de nuevas ideas sobre principios constitucionales, contiene teorías extremas que no son, a nuestro juicio, la expresión del sentimiento nacional, ni representan la voluntad o el querer de la mayoría de los costarricenses a cuya interpretación debe consagrarse esta Asamblea en la forma más cabal posible. Una reforma de la magnitud de la propuesta debiera estar precedida de un movimiento de opinión pública ostensiblemente fuerte y tener un respaldo moral de suyo considerable para que la Asamblea Constituyente, al calificarla como necesaria y conveniente para la Nación, estuviera realmente convencida de que tal reforma tiene el arraigo y el fundamento que requieren las bases de la convivencia social.

Es absolutamente indispensable, para llenar cumplidamente el encargo de dotar al país de una Carta Fundamental que ha de regir y normar su existencia, poner muy atento el oído al querer popular y compulsar debidamente las expresiones de la opinión pública. Tenemos ya un pronunciamiento de los altos dignatarios de la Iglesia, secundados por todo el Clero Nacional, que sin duda representan la opinión de la gran mayoría de los costarricenses, reconocidamente católicos; y hemos de observar también que la consulta popular de las recientes elecciones nos indica que el pueblo no apoya las nuevas teorías con que se propone la transformación radical de nuestra Carta Fundamental. De manera que, cuando los Constituyentes de 1949 mediten serenamente en su obligación de acertar respecto de lo que realmente es la voluntad popular, no puede formar un juicio favorable al proyecto que estudiamos, tan distinto y separado de la vieja tradición costarricense.

De modo que si queremos favorecer la vuelta del país a su completa normalidad, dándole a la familia nacional la concordia y armonía que necesita, propiciando el imperio de la tranquilidad y la paz, deberíamos aconsejar que se restituya la vigencia total de la Constitución de 1871, y aprovechar el momento para mejorar aquellos cánones que pueden considerarse susceptibles de reforma, tomando del proyecto en estudio las ideas e indicaciones conducentes, para incorporarlas, en la forma de enmiendas, al prestigioso estatuto de 1871, redactándolas en lenguaje armónico con este texto. En este caso están: las proposiciones que el proyecto hace respeto del sufragio popular, sea el Capítulo I, Título VI, incluyendo la modificación que se requiere para otorgar el sufragio a la mujer costarricense; algunas innovaciones respecto al Poder Judicial, ampliándolas en el sentido de proscribir los tribunales especiales y dejando la inamovilidad como una aspiración nacional, que debe tener efectividad cuando se estudien los problemas conexos, como sistemas de pensiones y otros que deben obedecer a reglas generales para todos o casi todos los ramos de la Administración Pública.

Hemos reflexionado asimismo profundamente, acerca del peligro que constituye convertir en principios constitucionales disposiciones que no han sufrido el examen, la práctica y la experiencia que deben exigirse a una reforma antes de otorgarle la fijeza y permanencia que implica el proyecto constitucional, y por esa razón somos parcos en las recomendaciones de esa naturaleza.

El proyecto adopta el sistema, Capítulo Unico del Título XIV, que los autores del Derecho Constitucional denominan rígido para las reformas constitucionales, sistema que hace harto difícil corregir cualquier error en que se incurra al aceptar prematuramente preceptos que no tengan la perfección jurídica, y que a la vez, por tratarse de complejos plebiscitos producen conmociones sociales y políticas.

Atribúyese a la Constitución Política de 1871 el defecto de ser anticuada e inadaptable a la época moderna. Tal aseveración no es del todo cierta. La flexibilidad que el artículo 139 ha dado a la Constitución de 1871 ha permitido a ésta, mediante los trámites establecidos, introducirle reformas parciales, corregir vicios políticos y administrativos que la experiencia ha venido a revelar así como a actualizarla en muchos casos en que el momento presente lo exigía.

La Constitución Política de 1871, ha pasado por el mismo proceso de la Constitución de los Estados Unidos de América, que no obstante su austera y sagrada vejez, ha sufrido mutaciones en virtud de las enmiendas que se le han hecho. En ninguna forma la Constitución de la gran República Americana, como la nuestra, guardando las proporciones del caso, han detenido el proceso material ni el mejoramiento de las instituciones nacionales. Es de advertir que en las reformas a nuestra Carta de 1871, a partir de su vigencia de 1882, han participado nuestros hombres públicos prominentes, quienes han contribuido con su ciencia, experiencia y patriotismo, a dar a nuestra Constitución un sentido de modernidad y de adaptación a las necesidades nacionales.

La Constitución de 1871, como se ha visto, se clasifica como flexible y su reforma se hace en dos legislaturas, sin la consulta popular. Así como en el largo período de su vigencia se ha visto afectada por reformas, muchas de ellas de gran significación, en el futuro podrán acordarse, con la prudencia que requiere el camino de todo principio constitucional.

En relación con la Constitución de 1871, que ha regido al país por más de tres cuartos de siglo, no se ha reclamado la necesidad de reformas fundamentales, más para llevar a los costarricenses la seguridad de que su Carta Fundamental admitirá siempre todos los adelantos del mundo y de la época, en los principios básicos de convivencia social y las mejores normas para garantizar los derechos de los hombres, las libertades ciudadanas y la justicia en sus diversas manifestaciones, nosotros recomendamos que sea precepto constitucional la obligación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo estudiar y adaptar en la forma más práctica, aquellas conclusiones de las Conferencias Interamericanas que, de modo indubitable, tiendan a beneficiar el bienestar de la comunidad; y que asimismo se acojan las recomendaciones de la Oficina Internacional de Trabajo, que tengan equidad y acierto para el régimen del trabajo, con las modalidades propias de nuestro país y para el mejoramiento espiritual del trabajador costarricense.

Con tales previsiones, aquellos espíritus inquietos, que quieren modernismo a todo trance, tendrán una oportunidad permanente para conservar al día nuestro Estatuto máximo, y nosotros, los Constituyentes de 1949, habremos defendido al pueblo de Costa Rica su Constitución Política, que representa el patriótico y noble esfuerzo de nuestros antepasados y brillantes tradicioes nacionales.

Consecuentes con lo expuesto, proponemos a la Asamblea Constituyente que declare como base de sus deliberaciones la Constitución Política promulgada el 7 de diciembre de 1871, con todas sus modificaciones , e incorpore, por vía de enmienda, aquellas reformas que se introduzcan formalmente y que cuenten con la aceptación de esta Asamblea.

Dejamos así cumplido el encargo con que se nos ha honrado.

Asamblea Nacional Constituyente.- Sala de Comisiones.- San José, 16 de febrero de 1949.- Luis Felipe González F.- Miguel Brenes Gutiérrez.- Otón Acosta J.

DICTAMEN DE MINORIA

Asamblea Nacional Constituyente:

Los suscritos miembros de la Comisión encargada de dictaminar acerca del Proyecto de la Constitución Política, después de cambiar impresiones con nuestros compañeros sobre la visión de conjunto de este estatuto, llegamos a la conclusión de que existían criterios antagónicos en ciertos aspectos fundamentales, y no pudiendo llegar a la armonía necesaria para emitir un dictamen único, preferimos consignar por separado nuestro parecer.

Pensamos que el Proyecto no se ha separado en sus líneas generales de la Carta de 1871 que durante más de setenta años ha regido nuestra vida constitucional, limitándose a introducir las modificaciones que la experiencia reclama como necesarias y las enunciaciones que riman con las nuevas corrientes ideológicas.

La transformación que ha sufrido la sociedad, exige que muchas ideas que ayer eran objeto de discusión y que hoy forman parte del credo democrático, económico y social de la Humanidad, se eleven a preceptos constitucionales, como lo han hecho las Cartas promulgadas en los últimos diez años.

El Proyecto es un todo uniforme que guarda relación con las tendencias que lo inspiran: es realista en la enumeración de principios, concediendo de paso a la tradición, el valor histórico y efectivo que por razón lógica influyen los principios que ha vivido Costa Rica de la Independencia para acá y deja campo abierto a nuevas corrientes de organización institucional que son necesarias para contrarrestar el avance de ideas disociadoras que hoy tratan de eliminar todo lo establecido, como toda obra humana, no es perfecta.

La docta Comisión que lo ideó, admite que peca de reglamentista en ciertos aspectos, a fin de que los derechos que trata de garantizar no queden sujetos a interpretación y para que ciertos aspectos básicos, sirvan de norma a la ley que se dicte luego. Sobre esta materia nos reservamos en la discusión detallada proponer redacciones que den mayor concisión a determinadas enunciaciones.

Comentar una a una las instituciones, los capítulos y los artículos del Proyecto, es tarea que no se puede cumplir en pocos días y que tampoco espera la Asamblea. En la exposición de motivos se da la razón filosófica de cada una de las innovaciones introducidas a la Constitución del 71 y de los nuevos capítulos que se ha creído conveniente redactar. No resistimos al deseo de destacar ciertos aspectos del Proyecto que por su importancia innegable nos parecen un acierto. La enumeración de derechos y deberes individuales en sus distintos capítulos, la libertad, la seguridad personal y la seguridad jurídica, dan un aspecto de mayor firmeza a esos preceptos que protegen los derechos inalienables del hombre y del ciudadano. La malicia de los políticos había encontrado el proceder cómodo de interpretar conceptos que por demasiado lacónicos, dejaban indefenso el derecho que pretendieron amparar. En el Proyecto el ciudadano encuentra con facilidad la garantía que instintivamente busca, porque están catalogadas racionalmente y porque no dejan margen a la duda.

Como corolario de lo dicho, los derechos y deberes políticos, deben exponerse tan claramente que el hombre que se sienta dueño de su voluntad, pueda expresarla sin reticencias, cuando ejerce el supremo derecho de delegar parte de sus atribuciones, en quien ha de gobernarlo. Hemos contemplado en época reciente el irrespeto más absoluto de la función del sufragio, a despecho de las normas constitucionales que trataban de ampararlo, que el desencanto se había infiltrado en la ciudadanía. Nuestro deber como Constituyentes es el de restablecer esa fe y robustecerla. El Proyecto acierta en la escogencia de medios para lograrlo e introduce innovaciones que merecen nuestra aprobación, como el ejercicio del sufragio a los 18 años y la participación de la mujer en los problemas que por afectar fundamentalmente a sus hijos la afectan de modo directo.

Con el mismo cuidado se amparan en el Proyecto las garantías de los derechos constitucionales, y de los derechos y deberes políticos.

Al Poder Judicial se le robustece extraordinariamente en el Proyecto, confiándole nuevas funciones y sustrayéndole de las influencias corruptoras de la política. Nos agrada el que las causas que pudieran determinar la incapacidad de los Altos funcionarios de la República o su juzgamiento, queden a la apreciación de los Jueces y no de los políticos.

El Poder Ejecutivo y el Legislativo han sido objeto en el Proyecto de muy cuidadosa reformas para que uno y otro puedan actuar sin peligrosas interferencias. Hemos vivido por mucho tiempo un régimen de omnipotencia del Poder Ejecutivo, al que precisa poner término.

Es innovación del Proyecto, por lo menos en la forma que se presenta, el capítulo relativo a “Economía y Propiedad del Estado”, pero en realidad consagra normas que el país ya ha vivido, dándole a algunas soporte constitucional.

El capítulo despierta recelos, en cuanto se enuncia la idea del dominio eminente del Estado, por las interferencias que pudiera tener sobre la propiedad particular. Pensamos que el Proyecto al determinar concretamente qué aspectos abarca inminente, logra acallar toda suspicacia. En términos generales, se capacita al Estado para orientar su política en un sentido humano. Serán leyes las encargadas de dar expresión concreta a esos anhelos.

El capítulo relativo “Al Trabajo”, condensa los principios en que se ha inspirado nuestra legislación social, como conquistas ya alcanzadas y en gran parte aceptadas por convenciones que hemos suscrito.

Priva en el Proyecto la tendencia a la creación de instituciones autónomas dentro del Estado que dirijan ciertos organismos. Con ello se da participación efectiva a los más capacitados para orientar tales actividades, se les responsabiliza por su labor y se abre campo a una colaboración más eficaz de la ciudadanía en la obra de administrar; y acaso lo más importante: se da estabilidad a lo técnico y se le aleja de la peligrosa politiquería.

Los demás capítulos del Proyecto a que no hacemos referencia concreta, nos satisfacen en tesis general. En cuanto a todo el Proyecto, al producirse el examen pormenorizado de los artículos, presentaremos las observaciones y enmiendas que el mismo nos ha sugerido.

Cumpliendo con el mandato de la Asamblea que reclama un pronunciamiento sobre el Proyecto de Constitución, acogemos el que ha sido objeto de nuestro examen, como base de discusión.

Ofrecemos a los señores Constituyentes el homenaje de nuestros respetos.

Asamblea Nacional Constituyente.- Sala de Comisiones.- San José, 16 de febrero de 1949.- Rogelio Valverde.- Everardo Gómez.

A las dieciocho horas y media se levantó la sesión.- Marcial Rodríguez C., Presidente.- Fernando Vargas F., Primer Secretario.- Gonzalo Ortiz M., Segundo Secretario.

ACTA No. 39

No. 39.- Trigésima nona Acta de la sesión ordinaria celebrada por la Asamblea Nacional Constituyente a las quince horas y media del día veintidós de marzo de mil novecientos cuarenta y nueve, bajo la Presidencia del doctor Rodríguez. Presentes los señores Diputados Vargas Fernández y Ortiz Martín, Secretarios; Guzmán, Volio Sancho, Volio Jiménez, Valverde, Sotela, Madrigal, Guido, Jiménez Ortiz, Arias, Baudrit González, Baudrit Solera, Desanti, Monge Álvarez, Brenes Mata, Vargas Vargas, Herrero, Gómez, Arroyo, Trejos, González Luján, Esquivel, Facio, Solórzano, Jiménez Núñez, Monge Ramírez, Acosta Piepper, Acosta Jiménez, Montealegre, González Herrán, Fournier, Leiva, Pinto, Gamboa, Dobles Segreda, Bonilla; y los suplentes Venegas, Jiménez Quesada, Chacón Jinesta, Rojas Espinosa y Castaing.

Artículo 1º.- Se leyó y aprobó el acta de la sesión anterior.

Artículo 2º.- El Representante Esquivel presentó la siguiente moción de revisión: “Para que de conformidad con el artículo 34 del Reglamento de la Asamblea, se revea el acuerdo de la misma, tomado en la última sesión que desechó la moción presentada por el suscrito y que dice: “Se adiciona a la parte resolutiva del decreto que concede la prórroga del período de Gobierno a la Junta, así: “En los asuntos sometidos por la Junta a consulta o aprobación de la Asamblea, las resoluciones de esta última serán obligatorias para la Junta”.

Habiendo sido aprobada la revisión planteada, la Mesa sometió a votación la moción de fondo del Representante Esquivel Fernández.

El Diputado Baudrit Solera expresó que aunque había votado la revisión, no votaría la moción de fondo, ya que la juzga innecesaria, pues en la declaratoria sobre las facultades legislativas de la Junta se dice claramente que ésta someterá a la aprobación de la Asamblea los asuntos de importancia.

El autor de la moción en debate, dijo que era cierto que en la mencionada declaratoria se estipulaba que todo proyecto de ley y todo contrato de importancia trascendental para la vida del país, sería sometido por la Junta a la aprobación de la Asamblea, pero no se fue lo suficientemente explícito, ya que no se dijo que las decisiones de esta última fueran obligatorias para la Junta. Agregó que si insistía en que tal cosa se dijera claramente, es porque no desea que más tarde la Junta invoque la fórmula usada por los funcionarios de la colonia española en sus colonias americanas, de “se acata pero no se cumple”.

Puesta a votación la moción del señor Esquivel, fue aprobada.

El Diputado Arroyo también presentó otra moción de revisión para rever el acuerdo de la Asamblea respecto a la solicitud de la prórroga, pues la moción aprobada ayer-manifestó-, es un contrasentido, llena de absurdos, y bien podría darse el caso de que existan simultáneamente dos Asambleas populares: la Constituyente y el Congreso. También se va a presentar el absurdo de que existan al mismo tiempo poderes constitucionales y de facto. Por otra parte, si se quiere elegir un Congreso aprobando tan sólo el Capítulo de la Constitución respecto al Poder Legislativo, también habría que promulgar previamente el Capítulo referente al Tribunal Supremo de Elecciones, que es quien va a realizar la convocatoria para elecciones de Asamblea Legislativa. Por éstas y muchas otras razones, cree lo más conveniente que se adopte una nueva fórmula.

Los Representantes Monge Ramírez, Herrero y Facio expresaron que votan la moción de revisión planteada, con el objeto de encontrar una nueva fórmula, que satisfaga a todos.

Sometida a votación la moción de revisión, se aprobó.

El Diputado Arroyo presentó la siguiente fórmula para que fuera discutida:

“De conformidad con este decreto, el Tribunal Supremo de Elecciones convocará el segundo domingo de febrero de 1950 para constituir el Congreso Constitucional, el cual entrará en funciones el 8 de mayo de 1950, reuniéndose para su instalación el 1º de mayo.

A partir del 8 de noviembre, la Asamblea Constituyente asumirá en horas diferentes a las de sesión como tal, las funciones legislativas. Terminadas esas funciones como Asamblea Constituyente, seguirá actuando como Congreso hasta tanto no se instale el nuevo Congreso. Esta declaratoria no es obstáculo para que si no existen asuntos a tratar, la Asamblea se declare en receso”.

Los Diputados Acosta Jiménez y Esquivel expresaron que no votarían la moción anterior. El primero, por dos razones: 1ª porque se distorsiona la naturaleza de una Asamblea Constituyente al adjudicarle simultáneamente dos funciones, la legislativa y la de dar la Constitución; y 2ª porque de mantenerse la fórmula aprobada ayer, en noviembre del año en curso habrá Congreso. El segundo, porque al asumir la Asamblea funciones legislativas, se está saliendo de los límites que le marca taxativamente el decreto de convocatoria. Con un poco de voluntad -dijo-, la Constitución podría estar promulgada para agosto u octubre, para que de esta manera en noviembre se reuniera el Congreso.

El Representante Arroyo expresó que se había hablado mucho de las facultades de una Asamblea Constituyente, desde el punto de vista teórico, haciéndose abstracción de la realidad que confronta el país, abocado a una situación especialísima. ¿Qué es lo que le conviene al país? Que después del 8 de noviembre la Junta no continúe legislando irrestrictamente. Que se diga que la Junta tiene facultades legislativas hasta el 8 de noviembre, de acuerdo con el pacto Ulate-Figueres.

Después de esa fecha, la Asamblea asumirá el carácter de Poder Legislativo, hasta que se instale el Congreso. Agregó que él comprendía muy bien que su fórmula tenía efectos, pero muchos menos que la aprobada en la sesión anterior.

El Diputado Fournier dijo que no votaría la moción del compañero Arroyo, pues le parecía menos defectuosa la aprobada ayer.

El Representante Solórzano expresó que aunque había votado la revisión, no está de acuerdo con la moción del compañero Arroyo, ya que no le parece correcto que la Asamblea se transforme en Congreso, pues no habrá texto constitucional en qué apoyarse. Le sugirió al autor de la moción que se señalara una fecha, anterior a noviembre para que la Constitución entre en vigencia, si se quiere que el país entre cuanto antes a la normalidad, pues se puede sesionar mañana, tarde y noche para redactar la nueva Constitución a la mayor brevedad.

El Representante González Herrán manifestó que el asunto debería meditarse más, ya que se trata de una resolución trascendental para la vida del país.

Por tal razón, propone la siguiente moción de orden: “Para que se suspenda el debate sobre la votación definitiva de la prórroga solicitada por la Junta de Gobierno y se posponga, con el fin de que se estudien y mediten las diferentes sugestiones presentadas y entre la Asamblea a conocer del punto siguiente del orden del día”.

El Diputado Arias Bonilla dijo que se había mantenido alejado del debate sobre la prórroga, pero que en vista del grave problema presentado, apuntaba simplemente varias dudas. Agregó que si había elección de Congreso para noviembre o para mayo del año próximo, debía convocarse al pueblo para elección de Vicepresidentes y de Municipalidades en todo el país. Dijo que le parecía sumamente difícil una elección en octubre o setiembre. Por otro lado, habría que nombrar un Congreso que durará en su gestión cuatro años y medio, ya que el orden constitucional se va a iniciar el 1º de mayo de 1950. También es difícil elegir un Congreso si no existe Constitución. No se debe confundir a una Asamblea Constituyente con una Asamblea Legislativa. La primera no tiene bases, ya que precisamente las está creando. El Congreso, en cambio, necesita de previo una Constitución que venga a regularizar sus funciones. Tampoco resulta muy elegante votar una Constitución por partes.

Luego el orador pasó a exponer otras incongruencias de la fórmula aprobada, para llegar a la conclusión de la necesidad de meditar un poco más el asunto con el objeto de encontrar una fórmula más aceptable. De ahí que estuviera con la moción de orden presentada por el Diputado González Herrán.

El Representante Ortiz presentó a la consideración de la Asamblea una nueva fórmula sobre el punto en debate, en la que ha tratado de armonizar todos los pareceres, aunque reconociendo que también tiene sus fallas. Manifestó que si la Asamblea se ponía a trabajar, en siete meses se podría promulgar la nueva Constitución, dejando a un lado, como condición indispensable para realizar su cometido, las discusiones de carácter político.

El Representante Fournier también presentó otra fórmula que dice: “Amplíase el período de Gobierno de la Junta Fundadora de la Segunda República, hasta las doce horas del 8 de mayo de 1950. Las elecciones para Asamblea Legislativa, Vicepresidentes y Municipalidades, se efectuarán el segundo domingo de febrero de 1950. La Asamblea Legislativa se instalará el 1º de mayo del mismo año. Mientras tanto, esta Asamblea Constituyente conservará su función consultiva, de conformidad con el decreto número 7 de 11 de marzo de 1949 y con tal propósito esta Asamblea no se disolverá aunque haya promulgado la nueva Constitución, pudiendo, sin embargo, entrar en receso, si no hay asunto de qué tratar”. Luego, sugirió al Diputado González Herrán que adicionara su moción en el sentido de que se nombrara una Comisión que redactara la nueva fórmula, que deberá ser presentada en la sesión siguiente, a más tardar.

Los Representantes Volio Sancho, Ortiz Martín y Arias Bonilla, se manifestaron de acuerdo con la moción de orden presentada por el señor González Herrán, la que, puesta a votación, se aprobó. En consecuencia, la Mesa procedió a la integración de la siguiente Comisión: Licenciado Rodrigo Facio, Licenciado Ricardo Esquivel y Doctor Alberto Oreamuno.

Artículo 3º.- La Mesa manifestó a la Asamblea que por un error, se había señalado en el Orden del Día la discusión general del Dictamen de Mayoría, referente al Proyecto de Constitución Política, cuando tal señalamiento, de acuerdo con el Reglamento, corresponde hacerlo a la propia Asamblea.

El Diputado Ortiz presentó una moción en el sentido de que se fijara el día de mañana miércoles veintitrés de marzo para la discusión general del dictamen de Mayoría sobre el Proyecto de Constitución Política, la que fue aprobada.

A las dieciocho horas terminó la sesión.- Marcial Rodríguez Conejo, Presidente.- Fernando Vargas Fernández, Primer Secretario.- Gonzalo Ortiz Martín, Segundo Secretario.

ACTA No. 40

No.40.- Cuadragésima Acta de la sesión ordinaria celebrada por la Asamblea Nacional Constituyente a las quince horas y media del día veintitrés de marzo de mil novecientos cuarenta y nueve, bajo la presidencia del doctor Rodríguez, Presentes los señores Diputados Vargas Fernández y Ortiz, Secretarios; Herrero, Fournier, Volio Sancho, Trejos, Montealegre, Jiménez Núñez, Jiménez Ortiz, Sotela, Madrigal, Solórzano, González Flores, González Herrán, González Luján, Guido, Desanti, Esquivel, Leiva, Ruiz, Monge Álvarez, Monge Ramírez, Arias, Brenes Mata, Brenes Gutiérrez, Dobles Segreda, Acosta Jiménez, Baudrit González, Baudrit Solera, Valverde, Vargas Castro, Vargas Vargas, Gamboa, Facio, Gómez, Pinto, Acosta Piepper, Oreamuno, Guzmán, Montiel, Arroyo, Bonilla Gutiérrez, y el suplente Castaing.

Artículo 1º.- Se leyó y aprobó el acta de la sesión anterior.

Artículo 2º.- El Diputado Zeledón solicita un permiso por quince días, en vista de su precaria salud, acompañando una certificación médica al respecto, permiso que le fue concedido por unanimidad.

Artículo 3º.- La Comisión encargada de redactar el nuevo proyecto de resolución respecto a la prórroga de la Junta de Gobierno, presentó el siguiente informe, así como la nueva fórmula al respecto:

Sr. Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, S. D.,

Distinguido señor Presidente:

Los infrascritos comisionados por Ud. para presentar una nueva forma de proyecto de resolución sobre el asunto de prórroga del período de gobierno de la Junta Fundadora de la Segunda República, al entregar el trabajo que se nos ha confiado deseamos declarar lo siguiente:

Continuamos creyendo que la forma de proyecto aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente en su sesión del lunes último, aunque se resiente de los defectos que otros compañeros y nosotros mismos le hemos señalado, es conveniente para la resolución del asunto en debate.

Sin embargo, para procurar recoger las nuevas tendencias surgidas para remediar algunos de los defectos de aquella forma, hemos procedido a preparar el proyecto de resolución que acompañamos, no sin darnos cuenta de que contiene también ciertos defectos y que puede dar lugar a ciertas críticas de parte del público.

De Ud. muy atentamente.- Ricardo Esquivel.- -Doctor Alberto Oreamuno.- Rodrigo Facio.

“La Asamblea Nacional Constituyente

Decreta:

Amplíase el período de gobierno de la Junta Fundadora de la Segunda República, hasta las doce horas del ocho de mayo de mil novecientos cincuenta, dentro del siguiente régimen:

Las facultades legislativas las ejercerá la Junta de conformidad con lo dispuesto en el decreto Nº 7 de 11 de marzo de 1949 de esta Asamblea, con las salvedades de que en los asuntos sometidos por la Junta a la aprobación de la Asamblea, las resoluciones de esta última tendrán carácter obligatorio; de que a partir del ocho de noviembre del presente año la consulta con el carácter arriba indicado comprenderá, sin excepción alguna, todos los proyectos de ley o de contrato, que emanen de la Junta de Gobierno, es decir, sin previa calificación de su importancia trascendental para la vida del país, ejercida respectivamente por la Junta y por la Asamblea; y de que en ningún caso la Asamblea podrá ejercer dicha facultad después de instalado el Congreso Constitucional.

La atribución que aquí se reserva la Asamblea continuará ejerciéndola aún después de aprobada en forma definitiva la nueva Constitución Política de la República; sin embargo, la Asamblea en este último supuesto, entrará en receso cuando no hubiere asuntos de qué conocer.

En tanto la Asamblea esté conociendo simultáneamente del proyecto de Constitución Política y de asuntos legislativos ordinarios, de conformidad con lo establecido en la presente resolución, éstos últimos deberán ser tratados en las horas extraordinarias que la Asamblea fije, y sin remuneración alguna.

Las elecciones para nombrar el Congreso Constitucional y las demás entidades y funcionarios, que, de acuerdo con la nueva Constitución, deban ser electos popularmente para el primer período constitucional, serán convocadas por el Tribunal Supremo de Elecciones con la antelación que éste juzgue conveniente, y se efectuarán el segundo domingo de febrero de 1950, para instalarse o tomar posesión el primero de mayo del mismo año”.

El Diputado Arroyo manifestó que el proyecto de resolución redactado por la Comisión le parecía peor que el desechado, ya que en éste se estipulaba que habría Congreso para el próximo mes de noviembre. A partir del ocho de noviembre, ya elegida la Asamblea Legislativa, desaparecerá el régimen de consulta, que fue establecido para solucionar una situación momentánea, pero que no se debe prolongar más allá del tiempo indispensable. Insistió en su punto de vista anterior de que, a su juicio, la única solución del problema estriba en que la Asamblea, a partir de noviembre, asuma las facultades legislativas, lo que no significa que se transforme de pleno en Congreso. El Representante Arroyo, presentó entonces la siguiente fórmula a consideración de la Asamblea: “Los párrafos segundo y siguiente de la moción de los Diputados Oreamuno y Facio se leerán así:

“De conformidad con el presente decreto, el Tribunal Supremo de Elecciones, convocará a comicios que se han de efectuar el segundo domingo del mes de febrero de 1950, en los cuales, a más de elegirse el Congreso Constitucional para el próximo período de gobierno, se designarán dos Vicepresidentes de la República y las Municipalidades de todos los cantones del país.

A partir del 8 de noviembre del presente año, la Asamblea Nacional Constituyente, en horas diferentes a las de sesión como tal, ejercerá funciones legislativas, cuya regulación se hará oportunamente. La Junta Fundadora de la Segunda República continuará ejerciendo sus funciones como Poder Ejecutivo.

La declaratoria anterior no es obstáculo para que, si no hubiere asuntos que tratar, una vez dictada la Constitución Política de la República, la Asamblea se declare en receso, manteniéndose integrada en potencia hasta tanto no se haya restablecido plenamente el orden constitucional en el país”.

El Diputado Volio Sancho expresó que la labor de la Comisión nombrada, en la sesión anterior, había sido plausible, cumpliendo fielmente su cometido, considerando las distintas mociones presentadas sobre este asunto. Sin embargo, la fórmula de la Comisión no es precisamente la fórmula perfecta que todos buscan.

Además de ser bastante complicada, no llega a conciliar los pareceres que se han expuesto en el seno de la Asamblea al respecto, la mayoría de los cuales está por la tesis de que exista Congreso a partir de noviembre, para que de esta manera las facultades legislativas no continúen irrestrictamente en manos de la Junta. Luego pasó a hacer un breve análisis del proceso sobre las facultades legislativas de la Junta. En un principio el país tuvo la convicción de que, en virtud del Pacto Ulate-Figueres, la Junta iba a hacer uso irrestricto de sus facultades por el término de 18 meses, sin que se pudiera decir que estaba abusando de las mismas. Vino luego, de una manera espontánea, sin que respondiera a ningún pronunciamiento de esta Asamblea, el ofrecimiento hecho por la Junta de que en adelante compartirá estas facultades legislativas con la Asamblea, mediante el régimen de consulta. Gesto democrático y que mucho enaltece a la Junta. Posteriormente vino el régimen de consulta, condensado en el decreto Nº 7 del 11 de marzo. Esta declaratoria fue el fruto de largos debates, con el deseo de que el país viviera, cuanto antes, un régimen que se asemejara en lo posible a un régimen constitucional, en tanto no se decretara la nueva Carta Magna. El régimen de consulta lo estableció la Asamblea, no sólo para el tiempo que le falta a la Junta hasta el 8 de noviembre, sino también para un futuro, si se prorrogaba su período original de gobierno. Luego vinieron otras iniciativas para acercarnos más a un régimen constitucional, como las presentadas por los Diputados Arroyo, Ortiz, Fournier y otros. La Comisión que no nombró en la sesión anterior, trató de conciliar, de coordinar las distintas ideas contenidas en aquellas mociones. Lo hizo bien, pero me parece que esa fórmula no nos acerca al desideratum que todos anhelamos, de darle al país la sensación de que, aún estando la Junta en el gobierno, se está viviendo un régimen constitucional, por lo menos en sus propósitos. Sería necesario encontrar otra fórmula. No me parece la idea del señor Arroyo de que la Asamblea asuma facultades legislativas hasta el 8 de mayo de 1950, ya que no es esa su función, pues de enfrascarnos en discusiones de carácter legislativo, no remataríamos la función específica para la que se nos eligió.

El Representante Volio Sancho presentó a la consideración de la Asamblea la siguiente fórmula, rogando a sus compañeros que la meditaran, sin perjuicio de ninguna clase

“La Asamblea Nacional Constituyente, Decreta: Amplíase el período de gobierno de la Junta Fundadora de la Segunda República hasta las doce horas del 8 de mayo de 1950.

Mientras no se instale el Congreso Constitucional, la Junta ejercerá las facultades legislativas de conformidad con la declaratoria hecha por esta Asamblea el 11 de marzo en curso, y una vez que dicho Congreso entre en funciones aquellas facultades se ejercerán de acuerdo con los cánones constitucionales, que para entonces estuvieren vigentes. El Tribunal Supremo de Elecciones hará oportunamente la convocatoria para elegir a los Diputados que deberán integrar el Congreso que actuará en el primer período constitucional. Tales elecciones se efectuarán el primer domingo de diciembre del corriente año, y el Congreso se instalará el día 15 de enero de 1950”.

Los Representantes Gamboa Rodríguez y Castaing Castro presentaron respectivamente los siguientes proyectos de resolución:

DIPUTADO CELSO GAMBOA

Señores Diputados:

Por convicción y atendiendo además al sentir de la mayoría del pueblo costarricense, he mantenido un criterio irreductiblemente adverso a la prórroga de poderes, en los términos en que ella ha sido solicitada por la Junta y otorgada por esta Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, dado que el país aspira también a que las actividades gubernamentales sean encarriladas por un sendero constitucional, ante tan justa aspiración forzoso es entonces, en aras del bien nacional y en cumplimiento del deber, acceder a la prórroga, pero desde luego en condiciones tales que ella pueda significar paz y tranquilidad para todos, tanto para los vencidos como para los vencedores, y propiciar asimismo el retorno inmediato del Derecho.

Acorde con esas ideas, permítome formular una moción que, amén de significar una intachable solución jurídica del problema, de acogerse entrañaría, para la historia, una actitud acorde con la dignidad de esta Asamblea.

La moción es la siguiente:

“1º.- Con la modificación que se establecerá en el aparte tercero de este decreto, declárase que la Constitución Política de 1871 quedará restablecida en su vigencia durante el período comprendido entre el 8 de noviembre del corriente año y las doce horas inclusive del 8 de mayo del año 1950.

2º.- A las doce horas y un minuto del 8 de mayo de 1950, entrará en vigencia la Constitución Política que esta Asamblea Nacional Constituyente deberá tener elaborada y aprobada.

3º.- Para los efectos del aparte primero de este decreto, modifícase la Constitución Política de 1871 en el sentido de que el Poder Ejecutivo lo ejercerá una Junta de Gobierno integrada por once miembros quienes de su seno nombrarán un Presidente.

4º.- El día 8 de noviembre del corriente año la Junta de Gobierno asumirá las funciones ejecutivas y la Asamblea Nacional Constituyente las de orden Legislativo, todo ello de acuerdo con la Constitución Política de 1871.

5º.- El día 8 de mayo de 1950, a las doce horas y un minuto, iniciará sus labores el Congreso Constitucional de la República, que a esa fecha deberá ya estar electo, y cesarán en sus funciones tanto la Junta de Gobierno como esta Asamblea Nacional Constituyente.

6º.- Para que integren la Junta de Gobierno que habrá de ejercer las funciones ejecutivas durante el período comprendido entre el 8 de noviembre del corriente año y las doce horas inclusive del 8 de mayo de 1950, esta Asamblea nombrará a las mismas personas que hoy la integran”.

MOCION DEL Sr. CASTAING:

“Amplíase el período de gobierno de la Junta Fundadora de la Segunda República hasta las doce horas del 8 de mayo, sin facultades para legislar.

La Asamblea Constituyente asume las funciones de legislador, desde el 8 de noviembre de 1949 hasta que el próximo Congreso quede constitucionalmente instalado el 1º de mayo de 1950.

El Consejo Nacional de Elecciones convocará al país para que el segundo domingo de febrero de 1950, haga la elección de Diputados a la Asamblea Legislativa conjuntamente con la de munícipes”.

El Diputado Pinto expresó que había votado la prórroga, pero con Congreso a partir del 8 de noviembre. Todas las mociones presentadas suprimen este requisito, por lo que no las votará, a no ser que se dijera claramente que la Asamblea, después de esta fecha, asumiría de pleno las facultades legislativas.

Los Diputados Herrero, Arroyo y Esquivel se manifestaron en desacuerdo con la fórmula del Representante Volio Sancho.

Sometida a votación la fórmula de la Comisión integrada por los señores Facio, Oreamuno y Esquivel, fue desechada, así como la del Sr. Volio Sancho.

La Mesa sometió a votación la moción del Diputado Gamboa Rodríguez, quien manifestó que la había presentado personalmente, y no en su carácter de miembro del Partido Constitucional. También fue desechada, así como la del Representante Arroyo.

Se discutió luego la fórmula del Diputado Castaing. El Representante Solórzano la atacó, diciendo que, de aprobarse, se caía en el mismo pecado que se le ha criticado, por algunos, a la Junta, de que se ha excedido en el uso de sus facultades legislativas. Insistió en su punto de vista anterior de que no estaba con la idea de que la Asamblea se convirtiera en Congreso. Por otra parte, si no hay Constitución, ¿cómo va a operar la Asamblea convertida en Congreso a partir del 8 de noviembre? Quedaríamos en muy mal predicado si mañana, como Asamblea Legislativa, vamos a dar una ley que esté en contra de una norma constitucional. Agregó que la moción del señor Castaing, además, adolecía de cierta oscuridad en su redacción, pues no dice hasta cuándo terminarán las facultades legislativas de la Junta. Si fuera antes del 8 de noviembre, se estaría faltando al Pacto Ulate-Figueres. Tampoco se establece si las elecciones que se van a efectuar incluyen a un Vicepresidente o no, ya que la Constitución no ha sido promulgada. Terminó diciendo que se podía revisar el acuerdo tomado por la Asamblea en su sesión del 21 de los corrientes el que, mediante una moción del señor Arroyo, fue objeto de revisión.

Puesta a votación la moción del Diputado Castaing, fue desechada. En consecuencia -aclara la Mesa-, las cosas quedan como estaban, es decir, se somete a votación definitiva la fórmula aprobada de los señores Facio y Oreamuno en la sesión del 21 de marzo, en vista de que todas las mociones presentadas, una vez aprobada la revisión, fueron desestimadas.

Antes de votarse definitivamente el asunto sobre la prórroga, la Mesa dió lectura a la moción aprobada que dice:

“La Asamblea Nacional Constituyente

Decreta:

“Amplíase el período de gobierno de la Junta Fundadora de la Segunda República, hasta las doce horas del ocho de mayo de mil novecientos cincuenta.

Una vez aprobado por la Asamblea Constituyente el capítulo de la nueva Constitución Política relativo al Poder Legislativo, el que se discutirá en primer término por la Asamblea, el Tribunal Supremo de Elecciones procederá a convocar a elecciones para constituir el Congreso Constitucional de la República, el cual entrará en funciones el 8 de noviembre del año en curso.

Para este efecto se tendrá por promulgado como texto Constitucional, una vez aprobado por la Asamblea, el capítulo dicho sobre el Poder Legislativo.

El Congreso ejercerá las funciones legislativas, en tanto que la Junta de Gobierno conservará únicamente las de índole ejecutiva.

Además, ese Congreso lo será del período Constitucional inmediato al término señalado a la Junta de Gobierno para su gestión.

En los asuntos sometidos por la Junta a consulta o aprobación de la Asamblea, las resoluciones de esta última serán obligatorias para la Junta.”

El Diputado Montealegre dijo que de ninguna manera podía darle el voto a la prórroga, porque de acuerdo con el pacto del 1º de mayo de 1948, la única defensa que puso Ulate fue que se eligiera una Constituyente para encarrilar al país por el régimen Constitucional. Creo bochornoso -manifestó-, que una Asamblea Nacional Constituyente prorrogue por seis meses un gobierno de facto. Considero que el gobierno del señor Figueres nos está llevando a la ruina, ya que hemos perdido el crédito interior y exterior. La nacionalización de los bancos particulares, por ejemplo fue hecha con un Decreto-Ley sin precedentes, sin discusión previa ni consulta a la opinión pública, en forma violenta y arbitraria. En días siguientes de este Decreto-Ley me presenté al Banco Anglo a preguntar en que forma se había tomado y cómo se pagaría. En definitiva me dijeron que por la fuerza. Actos de esta naturaleza traen el mayor descrédito para el país y es imposible que prorroguemos un gobierno que tales actos comete. Se nacionalizaron los Bancos particulares, se creó, además, el impuesto del 10% en contra de la Constitución vigente. En América, desde Alaska hasta la Patagonia, no ha ocurrido antes que un gobierno nacionalizará la banca particular. Tampoco en ningún país de la Europa Occidental, salvo en los feudos del tocayo de don José Figueres, Stalin, se ha dictado una medida de tal naturaleza.

El Diputado Volio Sancho presentó una moción de orden para que la votación fuera nominal, la que se aprobó. En consecuencia la Mesa procedió a efectuar la votación nominal. Dijeron Sí los señores Diputados: Acosta Piepper, Monge Ramírez, Montiel, Castaing, Jiménez Núñez, Baudrit Solera, Fournier, Facio, Monge Álvarez, Valverde, Esquivel, Brenes Mata, Oreamuno, Sotela, Guido, Solórzano, Dobles Segreda, González Luján, Pinto, Gómez, Guzmán, Volio Sancho, Leiva, Ruiz, Rodríguez Conejo y Ortiz. Dijeron No los siguientes señores Diputados: Vargas Vargas, Vargas Castro, Arroyo, Gamboa, Volio Jiménez, Baudrit González, Brenes Gutiérrez, Arias, Jiménez Ortiz, González Herrán, Acosta Jiménez, González Flores, Bonilla, Trejos, Montealegre, Herrero, Desanti y Vargas Fernández. Totales: 26 votos afirmativos y 18 negativos.

No estuvo presente en la Votación el Diputado Madrigal Jochs, quien con permiso del Presidente se había retirado.

Artículo 4º.- Se pasó a la discusión general del dictamen de mayoría sobre el proyecto de Constitución Política.

Quedando en uso de la palabra el Diputado Baudrit Solera, a las dieciocho horas terminó la sesión.- Marcial Rodríguez Conejo, Presidente.- Fernando Vargas Fernández, Primer Secretario.- Gonzalo Ortiz Martín, Segundo Secretario.

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